Ley de SIDA: ¿interés nacional o negocio multinacional?
Si se tratara de un gráfico cartesiano, el eje de los tiempos de las autoridades del Ministerio de Salud y el de la necesidad de quienes padecen de enfermedades de transmisión sexual (ETS), daría como resultado una función inversamente proporcional. Las cifras son alarmantes y la voluntad de acción es casi nula: 6.500 nuevos casos de VIH, 120 mil personas con esta patología, 330 mil con hepatitis C, 330 trasplantes hepáticos en 2016, un 42% de aumento en los medicamentos para el tratamiento de VIH y VHC y 63 organizaciones civiles y entidades de la comunidad científica que se encuentran luchando para que se modifique la Ley de SIDA, sancionada en 1990.
Por Javi Chateau para Derrocando a Roca
Si bien, en junio hubo dictamen favorable al proyecto presentado por el diputado Jorge Rubén Barreto, desde el Ministerio de Salud y la Dirección de SIDA y ETS no han expresado las ventajas o desventajas de concretar estas actualizaciones ya que “no fueron impulsadas desde el oficialismo”. ¿Existe un esquema de tratamiento de manera igualitaria garantizado desde los sistemas de salud pública y gratuita? ¿Qué sucede con los códigos contravencionales con los que aún hoy se persigue a las trabajadoras sexuales? ¿Por qué se insiste en incluir en el nuevo proyecto a las hepatitis virales? ¿Cuál es la influencia de las multinacionales farmacéuticas?
“Declárese de interés nacional a la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida”, ordena el primer título del interior del texto de la Ley 23.798 – ley de SIDA – y su decreto reglamentario Nº 1244/91. Pero el camino, aún, está a medio recorrer. Durante los últimos dos años se realizaron encuentros alrededor del país entre organizaciones y especialistas en medicina, llevando a cabo una construcción de la sociedad civil y la comunidad científica en conjunto; haciendo uso de las herramientas democráticas para impulsar un proyecto, un objetivo en común. Por eso, distintas organizaciones especializadas en la materia buscan la incorporación de las diversas enfermedades de transmisión sexual (ETS), así como de las hepatitis virales, planteando la necesidad de que las personas tengan garantizado el tratamiento.
Si bien la ley actual, en su momento, fue considerada como innovadora en América Latina dado el alcance que estipula, hoy queda desactualizada con los nuevos tratamientos que se han ido desarrollando en estos casi treinta años desde su promulgación, así como en el trabajo en la prevención, la inclusión de personas con HIV en los debates, y la discriminación hacia los afectados.
El pasado mes de junio se dio dictamen para que se trate en diputados la modificación a dicha ley sancionada el 16 de agosto de 1990 y promulgada el 14 de septiembre del mismo. La comisión de salud de la cámara, presidida por la diputada Ana Carolina Gaillard, dio dictamen favorable al proyecto que fue presentado en 2016. Uno de los aspectos que éste propone es la inclusión de las hepatitis virales (A,B,C,D y E) y demás ETS en el alcance y la obligatoriedad de sus tratamientos por parte del Estado. El mismo fue presentado por el diputado Jorge Rubén Barreto, pero contó con el apoyo y trabajo de sesenta y tres diversas organizaciones civiles como la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), la fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), entre otras, en conjunto con entidades de la comunidad científica. Las autoridades vigentes del Ministerio de Salud no han expresado, hasta la fecha, los beneficios o inconvenientes a la hora de concretar estas actualizaciones ya que “no fueron impulsadas desde el oficialismo”.
Pero además de las demandas médicas a nivel de atención y acceso a los medicamentos necesarios para el tratamiento de estas enfermedades también existen otras preocupaciones de las diversas organizaciones que participan como promotoras y soporte de los cambios en la ley vigente. Una de ellas es la que plantean desde el colectivo AMMAR, en cuanto a los derechos de las trabajadoras sexuales. En provincias como Mendoza, Salta, San Juan y Jujuy, por solo nombrar algunas, existen códigos contravencionales que permiten a la policía realizar detenciones contra integrantes de este colectivo, encerrarlas y someterlas a extracciones compulsivas de sangre para comprobar si tienen VIH. Sin embargo, a aquellas que lo tienen, debido al encierro al que las someten, no se les suministra la medicación correspondiente como dicta la ley, lo que ocasiona efectos en su salud además de lo violento del proceso.
Otro de los aspectos que se reclama es que se inste a las Obras Sociales y, sobre todo, a las empresas de medicina prepaga a cumplir con el mismo esquema de tratamiento de manera igualitaria; que esté garantizado como se propone desde los sistemas de salud pública y gratuita.
La identidad reservada es otra de las cuestiones que preocupa tanto a aquellas personas en tratamiento, como a los distintos activistas de las organizaciones civiles que vienen participando en el tema. Actualmente cada persona posee un código a modo de identificación. Desde otros sectores buscan modificar ese ítem de la ley, proponiendo que se hagan por nombre y apellido; en contrapartida las que promovieron esta modificación sostienen que, en todo caso, debe quedar a elección de cada persona.
La necesidad de incluir a las hepatitis virales dentro de este nuevo proyecto se refleja en las cifras oficiales: actualmente hay 330 mil personas con Hepatitis C (VHC), que es la más violenta del grupo de las hepatitis, de las cuales solo el 35% está diagnosticada. En 2016 se realizaron 330 transplantes hepáticos a causa de esta enfermedad. La presencia del VHC en el cuerpo provoca, en un 55 a 85% de los casos, una infección crónica, lo cual genera una enfermedad grave de por vida y causa cáncer hepático, que puede llegar a la cirrosis y a la falla hepática según médicos especialistas. Sin embargo, según informes de la Fundación Soberanía Sanitaria y GEP, advierten que desde la actual administración del Estado, se han realizado desarticulaciones en el Programa Nacional de Control de esta enfermedad, división encargada de comprar y distribuir la medicación además de rastrear a nuevas personas para su tratamiento alrededor del país.
Y en este punto se plantea otra de las problemáticas que deben discutirse para hacer equitativo y universal el acceso a los tratamientos, así como la garantía de la cobertura por parte del Estado: los precios de los medicamentos. Entre 2015 y 2016 los mismos, para el tratamiento de VIH y VHC aumentaron, en promedio, un 42%. La ley debe contemplar, además, que grandes multinacionales farmacéuticas buscan emplear los derechos exclusivos por patentes de fármacos esenciales en los esquemas de tratamiento de estas enfermedades. La condición de monopolio que emplean estas empresas en diversos países genera que el costo de los tratamientos se encarezca de modo que un medicamento pueda llegar a valer hasta un 800 por ciento del costo de su producción.
Tal es el caso del medicamento “Sofosbuvir” empleado en el tratamiento del VHC; el mismo consta de una ingesta de 84 de estas pastillas (en conjunto con otras complementarias) en un período de 12 semanas y, en un alto porcentaje, significa la cura de la enfermedad. El laboratorio estadounidense Gilead Sciences, dueño de la patente, negocia con diferentes gobiernos para buscar que éstos establezcan marcos legales para que la multinacional pueda emplear un sistema monopólico para la venta del Sofosbuvir. Esto pone en riesgo el acceso universal a los diversos tratamientos y ya se está empleando en otros países de Latinoamérica. En la actualidad hay laboratorios nacionales que pueden producir el medicamento genérico en un 75% menos del valor comercializado por Gilead.
La pelota la tiene, en este momento, la cámara de Diputados de la Nación y es su deber impedir que se establezcan sistemas como los impuestos por las poderosas multinacionales farmacéuticas. Aunque el proyecto “no haya sido impulsado desde el oficialismo” no exime a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación en general, y de la “Dirección de Sida y ETS” (DNSyETS) en particular, de establecer políticas integrales orientadas a este segmento de la población, tanto en tratamiento como en prevención.
Todos los años, en el país, se diagnostican 6.500 nuevos casos de VIH y se estima que hay 120 mil personas con esta patología, de las cuales, alrededor del 30% desconoce su diagnóstico. El entramado es complejo y el negocio puede ser muy grande; la inversión anual en el caso de los medicamentos para el tratamiento de VIH es de casi $1.200 millones de pesos argentinos, para un total aproximado de 64 mil personas en tratamiento (beneficiarios de la DNSyETS). Por eso, en las organizaciones especializadas en esta problemática, la guardia se mantendrá alta en pos de lograr un acceso igualitario para todas las personas que requieran el tratamiento.
*Por Javi Chateau para Derrocando a Roca.
