Fuerte aumento de precios en medicamentos para VIH y hepatitis C
Según un estudio de la Fundación GEP, entre 2015 y 2016, los precios de medicamentos para VIH y hepatitis C subieron un 42% promedio. En algunos casos, la suba durante el gobierno de Mauricio Macri llegó al 250%.
Por Motor Económico
Tras denunciar en un informe conjunto con la Fundación Soberanía Sanitaria, que el Estado no compra los medicamentos para la hepatitis C (al menos 450 personas esperan con urgencia poder acceder a los tratamientos), la Fundación GEP, ONG que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA, anuncia los resultados del último estudio realizado por su Observatorio de Acceso a Medicamentos para VIH y Hepatitis C en Argentina. En sus principales conclusiones el informe señala que los precios de los medicamentos subieron unos 6,5 puntos porcentuales por encima de la inflación. Los medicamentos con baja porcentual más pronunciada del precio fueron aquellos que pasaron de ser comprados en 2015 a la compañía que detenta la versión original, a ser adquiridos en 2016 a un productor local de la versión genérica.
El estudio, realizado en base a los últimos datos publicados por la Dirección Nacional de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud, y con foco en las compras realizadas durante el año 2016, demuestra que el aumento de los precios y el derecho de exclusividad que imponen las patentes junto a los precios en dólares, tienen fuertes consecuencias presupuestarias: la compra de medicamentos ha implicado entre 2012 y 2015 entre el 60 y el 80% del total del presupuesto de la Dirección Nacional de SIDA . Esto significa que restaba anualmente sólo entre un 40% y un 20% del presupuesto para la realización de otras actividades de enorme importancia como diagnóstico y prevención.
Durante el año 2016, la inversión en medicamentos superó el presupuesto destinado a la Dirección, sin partida remanente para la realización de otras actividades o la compra de otros insumos necesarios. Comparación precio unitario 2015 y 2016 por medicamento y Variación porcentual
Asimismo, cuando el gasto se analiza bajo la lupa del laboratorio del que procede la medicación, se puede ver que la presencia de las compañías farmacéuticas multinacionales es muy importante. Según el informe, esto contribuye a explicar el impulso ascendente sobre el presupuesto estatal y su vinculación con la cotización del dólar. En relación al punto anterior, también significa que el hecho de que 61% de los medicamentos hayan sido adquiridos en 2016 a multinacionales (aumentando 15% respecto de 2015) impacta directamente sobre la desproporcionada cantidad del presupuesto que debe destinarse sólo a la compra de medicamentos.
Como dato llamativo, el Observatorio destaca que los mecanismos de compras utilizados durante 2016, fueron en su amplia mayoría contrataciones directas (70%). Dentro de este porcentaje, dos tercios de las mismas fueron por exclusividad: es de suponer que en estos casos se trata de situaciones en las que existe sólo un oferente y que se trata de medicamentos con patentes vigentes. Un tercio de las compras directas se dieron por urgencia en un año en el cual hubo denuncias de faltantes en diferentes instituciones de salud.
Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP, expresa: “Resulta realmente impactante observar los precios exorbitantes que paga el Ministerio por los tratamientos. La inversión anual en el caso de los medicamentos estudiados es de casi $1.200 millones de pesos argentinos, para un total aproximado de 64 mil personas en tratamiento (beneficiarios de la DNSyETS). Es decir se invierte un promedio de $18.750 por persona por año, salvo en el caso de la combinación TDF+EFV+FTC en versión genérica india, que fue adquirida a través del Fondo Estratégico de la OPS, para el que se logró un precio de $2190 por persona por año. El caso del precio de este medicamento debería ser el caso de los demás medicamentos. Sólo la búsqueda de la reducción del precio de los medicamentos permitirá garantizar la sustentabilidad de los programas.
Además advirtió que «el suministro está en riesgo. Es urgente que se tomen medidas estratégicas como la regulación de precios, la utilización del Fondo Estratégico en todos los casos que sea posible, y para el caso de los medicamentos bajo monopolio a causa de las patentes, se debería pensar en el instrumento de las licencias obligatorias, como lo han hecho otros países de la región. Estamos atravesando momentos muy complicados que ameritan mayores esfuerzos y voluntad política para proteger a la población”.
Las conclusiones del Observatorio de Fundación GEP permiten entender y hacer un seguimiento riguroso, del estado actual del acceso a estos medicamentos en nuestro país. El importante componente de contrataciones directas de un Estado que decide que un enorme volumen de estas compras sean destinadas a multinacionales farmacéuticas, en el contexto actual de un tipo de cambio libre reflejado en el aumento exponencial de la ejecución de la inversión en medicamentos durante 2016, trae aparejado serio riesgo en la sustentabilidad de los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos esenciales para garantizar la salud pública. Las interrupciones de tratamientos que se han venido dando en los últimos meses son evitables si la gestión de gobierno aplica previsibilidad, planificación adecuada e implementa estrategias necesarias para la reducción del precio de los medicamentos e insumos que la población necesita.
«Los intereses de las corporaciones multinacionales no pueden estar por encima del derecho a la salud. El significativo descenso de licitaciones públicas durante 2016 junto a la mayor cantidad de compras a laboratorios extranjeros, sumado a los acuerdos bilaterales que la oficina de patentes de Argentina (INPI) ha estado firmando con otras oficinas de patentes como la de Estados Unidos para acelerar el otorgamiento de patentes a productos farmacéuticos parecieran destinados a configurar una urdimbre en que la trama resulta de sumo provecho a los intereses transnacionales. Desde la sociedad civil alertamos que estas medidas atentan contra el acceso a la salud de las personas» señala José María Di Bello, Secretario de la Fundación GEP.
*Por Motor Económico.
