Pueblos Originarios: gran brecha entre las leyes que los favorecen y su aplicación
Argentina es uno de los países de América Latina con legislación más avanzada en materia de derechos de los pueblos indígenas, pero en su práctica prevalece la pasividad para reconocerles sus tierras, lo que viene acompañado de un contexto represivo.
Por Sputnik
«Hay un marco de represión y desconocimiento de derechos que se ha recrudecido en los últimos años«, dijo el investigador del Observatorio Petrolero, Felipe Gutiérrez, que estudia los conflictos socioambientales ocasionados por el modelo energético de este país.
Además de la Constitución, que reconoce los derechos de los pueblos originarios y su preexistencia étnica y cultural, la Ley 26.160 concede el derecho a la propiedad y al relevamiento de la propiedad comunitaria indígena, entre otras normativas que conforman un nutrido corpus legal nacional y provincial «que permite que haya un reaseguro de una serie de derechos», dijo Gutiérrez.
«Lo problemático es la aplicación de esas normas, dado que existe una gran brecha entre las leyes que existen y su aplicación», afirmó Gutiérrez, especializado en estudios sociales latinoamericanos.
Así lo advirtió en 2011 el entonces relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, James Anaya, tras su visita a Argentina.
La ley 26.160 sancionada en 2006 señala que hasta que no se realice un estudio sobre las tierras comunitarias, no puede desalojarse a ninguna comunidad nativa del territorio que reclama. Sin embargo «han muerto 12 personas en procesos de recuperación territorial desde que se promulgó esa ley, que tuvo que prorrogarse tres veces» afirmó el investigador.
Preexistencia del pueblo mapuche
Algunas voces del Gobierno cuestionan el origen argentino de la etnia mapuche y sostienen que ese pueblo proviene de Chile, una falacia a la que también se recurre en ese país trasandino para desconocer los derechos de estas comunidades, según Gutiérrez.
«La ubicación geográfica de los mapuches es anterior a (la conformación de los estados) de Argentina y de Chile, y su derrota militar no fue ante la Corona española, sino ante estos dos Estados independientes», sentenció Gutiérrez.
Políticas públicas
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), encargado de las políticas del Estado relativas a los pueblos originarios, es el responsable de realizar el relevamiento de las tierras comunitarias.
El organismo estuvo bajo la esfera del Ministerio de Desarrollo Social, «como si el problema indígena fuera una cuestión de pobreza», hasta que el actual Gobierno lo transfirió a la Secretaría de Derechos Humanos. Sin rango ministerial, el INAI no está presidido por ningún indígena, y sus propios funcionarios han denunciado el vaciamiento de la institución, que no ejecutó en 2016 el presupuesto que tenía asignado.
El INAI «es la zanahoria que dio el Estado para que los inspectores indígenas más institucionalizados se lo disputen, pero es un organismo que no tiene capacidad real, ni institucionalidad que apoye la situación de pueblos indígenas», argumentó Gutiérrez.
Represión
La falta de respeto a los derechos de los indígenas es de larga data en la administración federal y en los gobiernos provinciales, pero «ahora hay una avanzada represiva más fuerte con el Gobierno de Mauricio Macri» añadió.
«En Formosa hay una histórica tradición de ocultamiento de la existencia de pueblos indígenas, a lo que se suma la detención del dirigente wichi Agustín Santillán, al que se supone le quieren armar una causa de robo cuando en realidad se quiere desarmar a su comunidad», dijo el analista.
El pueblo mapuche, por otro lado, está bajo la mira del Ministerio de Seguridad, «que quiere configurar la idea de que hay grupos terroristas en el sur, un objetivo para desligitimar la demanda indígena», consideró Gutiérrez, autor del libro «We Aukiñ Zugu: Historia de los medios de comunicación mapuche».
En Argentina viven más de 200.000 mapuches, según cifras oficiales, pero organizaciones de la sociedad civil hablan de un «etnocidio estadístico» pues las comunidades están subrepresentadas, dado que el número de este colectivo debería ser al menos el doble.
La expansión territorial de los mapuches fue evidente, pues están presentes en las provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.
En la zona neuquina de Vaca Muerta, donde predomina la explotación petrolera en un yacimiento de hidrocarburos no convencionales, los mapuches fueron reprimidos por la Gendarmería, policía fronteriza bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, «que depende en última instancia del presidente Macri», afirmó Gutiérrez.
En los últimos días cobró protagonismo la comunidad mapuche Pu Lof, en el departamento chubutense de Cushamen, que mantiene un conflicto con la corporación de la vestimenta Benetton, poseedora de más de un millón de hectáreas en una zona que se considera territorio histórico mapuche.
Desde el 1 de agosto está desaparecido Santiago Maldonado, un joven activista que acompañaba a esta comunidad en su protesta contra la multinacional.
Este caso motivó a la ONU a reclamar al Gobierno nacional una «acción urgente» para dar con su paradero.
* Por Sputnik / Imágenes: Alejandra Bartoliche.
