Ya hay ley contra el 2×1: ¿y ahora qué?
En la Corte reina el silencio desde el fallo “Muiña”. Nadie lo dice, pero está claro que sus miembros estarían más cómodos sin millares en las calles pidiendo su renuncia.
Por Federico Dalponte para Notas
El primer gran interrogante desde que este miércoles se sancionó la ley “aclaratoria” del viejo «2×1» es, efectivamente, si el máximo tribunal está dispuesto a contradecirse y sentar una postura novedosa. Podrían decir, por ejemplo, que esta nueva norma abre un panorama distinto, que ahora la situación cambió, que ahora podrán votar como la sociedad anhela.
Lo cierto es que la nueva ley no implica un cambio inmediato. La definición siempre estará en manos de los tribunales. Pero el Congreso quiso al menos sentar una postura: señalar, con meridiana claridad, cómo debieron los jueces interpretar las normas en juego.
Así entonces, los tribunales de primera instancia, tanto como las salas revisoras, seguirán rechazando como hasta ahora la aplicación del «2×1». Difícilmente se apoyen en la nueva ley para fundamentar su postura. Seguirán sosteniendo que es inconstitucional, que es inaplicable para delitos de lesa humanidad, etcétera.
Allí no se esperan cambios profundos. El problema verdadero está en la Corte Suprema, hacedora de esta encerrona repudiable. Una alternativa es que, la próxima vez que llegue a sus manos un caso análogo a “Muiña”, los tres supremos de la discordia cambien su postura alegando la novedosa ley que votó el Congreso.
Sería raro que insistan en su criterio ya esbozado, que se entreguen tan dóciles al repudio masivo. No hay antecedentes recientes de protestas de esta magnitud contra una resolución judicial de la Corte: aferrarse a su postura podría costarles la salida del cargo.
Los bloques mayoritarios del Congreso optaron por frenar los pedidos de juicio político. Decidieron en cambio tirarles una soga a los supremos: permitirles la rectificación, ofrecerles los argumentos para torcer su propio rumbo. La solución propuesta tiene algunos problemas de técnica jurídica, pero importa poco: al menos sintetiza la intención institucional de cambiar el criterio jurisprudencial de forma inmediata.
Y hasta allí llegó, por ahora, el curso de la crisis. O la Corte acata la nueva ley, revé su postura y descomprime, o se desentiende del todo y cierra la puerta a nuevas interpretaciones.
Aunque también hay opciones intermedias. Y tal vez allí esté la respuesta final. Más allá del accionar del máximo tribunal, en ninguna instancia inferior se aplicará el «2×1». Mucho menos tras las masivas protestas de esta semana.
Los condenados, por tanto, apelarán; acudirán a la Corte en búsqueda de auxilio, queriendo ampararse en la doctrina “Muiña”. Pero si los supremos tienen instinto de supervivencia, bien podrían rechazar in límine los diversos planteos. En rigor: no expedirse nuevamente sobre el tema, hacer que las protestas de los genocidas choquen contra el mutismo, y dejar firme el criterio de los magistrados inferiores.
Sería una salida posible. La Corte Suprema apañando tácitamente que todos los jueces del país rechacen su escandalosa doctrina. El único beneficiado, claro, seguiría siendo Luis Muiña, pero nadie más.
Por supuesto, hay otras tantas opciones más. Pero todas desembocan en la Corte. El Congreso les ofreció una escapatoria mediante su nueva ley. Los tribunales inferiores harán lo propio facilitando la no aplicación del «2×1».
El sistema institucional argentino ahora depende, curiosamente, de cuán lejos quieran llegar Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz. Si continúan decididos a facilitar la liberación de represores, sólo su destitución podrá frenarlos.
*Por Federico Dalponte para Notas
