Reforma laboral: la nueva obsesión del gobierno y los grandes medios
Parece ser que la Reforma Laboral es la nueva disputa que está dispuesto a dar el Gobierno Nacional. Oculta entre líneas -y no tanto- en numerosos discursos oficiales y en los grandes medios aliados al oficialismo, la intención de Cambiemos apunta a flexibilizar los acuerdos laborales y avanzar contra derechos conquistados.
Desde que asumió el presidente Mauricio Macri los principales diarios del país alimentaron con esmero la idea de flexibilizar las relaciones de trabajo. El impulso lo inició el diario Clarín, cuando en febrero publicó el artículo «Se puede despedir y terminar a la vez con la pobreza». Y lo cerró esta semana La Nación, al proponer en su editorial «Un cambio indispensable en las relaciones laborales».
En ambos casos, si bien es evidente la concurrencia ideológica, más alarmante que ello es la propia coincidencia con la propuesta política de Cambiemos. Flexibilización reclaman los grandes medios, flexibilización propone el gobierno.
En consonancia, Macri pidió hace algunos días “una Justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”. Esa parte, por cierto, es siempre la más débil, la del trabajador. Y para eso nacieron las leyes laborales: para proteger al desprotegido. En rigor, el gobierno y los grandes medios no parecen tener un problema con la Justicia laboral, sino con las leyes que la fundamentan.
Buscando la atomización sindical
“Se debería asignar preferencia a los acuerdos laborales de nivel menor”, reclama La Nación. Y así, sin son, pareciera loable. Pero reemplazar las negociaciones que hoy llevan a cabo los sindicatos por actividad (metalúrgicos, camioneros, etcétera) por meros acuerdos de empresa sería el fin de la fortaleza sindical.
Dicho de otro modo: la estructura de la negociación colectiva determina muchas veces la fuerza del sindicalismo en un país. Donde la negociación la llevan a cabo los niveles más altos -es decir, las asociaciones nacionales, como en Argentina-, los sindicatos son más representativos y, por ende, más fuertes. Y allí donde los trabajadores de cada empresa son quienes negocian con la patronal, la tasa de sindicalización suele ser más baja -y la fuerza gremial, por tanto, más débil-.
En cualquier caso, si la idea prospera, pobres de aquellos que trabajan en pequeñas y medianas empresas, donde la fuerza de los trabajadores es matemáticamente escasa. Porque además, para florón y remate, apenas el 15% de los establecimientos del país cuentan con delegados sindicales de base. No tendrán, en la práctica, quién los defienda.
Por lo demás, la idea no es nueva. El último antecedente data de diciembre de 1996, cuando Carlos Menem decretó la descentralización de las negociaciones colectivas. Parecido -muy parecido- a lo que postuló el gobierno de Mauricio Macri en su informe «El estado del Estado», cuando calificó el actual sistema como “coercitivo para todos los empleadores”. Nada es casualidad.
Una falacia al pasar
Dice el diario La Nación: “La capacidad negociadora de los trabajadores siempre se asegura con el derecho de huelga”. Y en parte es cierto. Pero el editorial evita decir toda la verdad. El derecho a huelga funciona en un modelo de negociación centralizada a nivel nacional o en establecimientos con presencia sindical.
En cualquier otro caso, allí donde haya diez operarios de una pequeña empresa, la posibilidad de declararse en huelga tiende a cero. Por desamparo gremial, por insuficiencia organizacional y porque la Corte Suprema, en fallo reciente, considera que ellos, al no haber conformado un sindicato, carecen de ese derecho.
Y porque además, como si fuera poco, hoy el gobierno no parece muy predispuesto a tolerarlas: “En 2009, por ejemplo, se perdieron casi un millón de jornadas de trabajo como consecuencia de las huelgas”, se quejó el Ejecutivo en su informe.
Acuerdos libres sin Estado
“Las paritarias libres en realidad no existían porque el Ministerio de Trabajo fijaba los porcentajes de negociación”, señaló el gobierno en su informe. Esto, traducido, equivale a cuestionar el rol del Estado en las negociaciones colectivas. Y el paso siguiente a la crítica, por supuesto, es la propuesta del diario La Nación: “Debe eliminarse la obligatoriedad de la homologación de la autoridad administrativa”. Es decir: dejar que los sindicatos y los empresarios negocien, y luego no controlar el resultado. Un suicidio.
La homologación de los acuerdos ante el Ministerio sirve, en lo sustantivo, para verificar que no se violen derechos laborales adquiridos: es decir, que la negociación es beneficiosa para esos miles de trabajadores representados.
El zorro en el gallinero y todas las gallinas como rehén. Es cierto, puede suceder que la asociación gremial de gallinas logre imponerle al zorro ciertas condiciones favorables. Pero en tiempos de tanto zorro en el gobierno, es posible que ahora el equilibrio sea otro.
La flexibilización, otra vez
Dice La Nación: “La forma de incentivar y facilitar la demanda de trabajo es flexibilizar y facilitar la contratación”. Parecieran sobrar los comentarios. Lo curioso, en tal caso, es que considera “eficaces” instrumentos que ya fracasaron en la década menemista, como el período de prueba o las formas atípicas de contratación. Por cierto, todo aún vigente.
Cuando el riojano concluía su segundo mandato, apenas el 11% de los puestos creados luego de la flexibilización gozaban de una indemnización en caso de despido. El resto eran contratos basura. El resultado del modelo fue un 20% de desocupación y un 50% de pobreza.
La propuesta que nunca falta
Casi al pasar, porque nunca está de más, el editorial aprovecha para reclamar menores contribuciones patronales. Dice, textual: “Debe premiarse a quien genere nuevas oportunidades de empleo, por ejemplo, con la reducción o el diferimiento de las cargas sociales cuando se crean nuevos puestos de trabajo”.
Bastante en sintonía, por cierto, con el proyecto de «Empleo Joven» elaborado por Cambiemos –que sigue frenado en el Congreso, pero que el presidente cree que está aprobado-. Allí, en rigor, también se dispone una reducción de las cargas sociales para fomentar la contratación barata. Como ya se hizo durante la década de 1990, como ahora propone La Nación.
El despido también barato
La propuesta del diario de Mitre mantiene su estructura lógica: reclama menores cargas sociales para contratar barato, flexibilización para despedir fácil y, por supuesto, la eliminación de la indemnización para despedir sin costos.
“La indemnización por despido debería sustituirse por un sistema contributivo que ampare al trabajador frente al desempleo”, dice el editorial. Y agrega: “Se debería crear un fondo con aportes del trabajador y contribuciones del empleador.”
Pero la propuesta, por cierto, es un absurdo. Primero porque el carácter contributivo hoy es precisamente la base del seguro por desempleo. Y segundo porque la indemnización -que es la sanción al empresario por despedir sin causa- no tiene por qué ser costeada por el trabajador.
En estos años, por cierto, será un triunfo mantener al menos lo conquistado durante décadas. Ya que no habrá doble indemnización porque “va contra el progreso de los argentinos” -según dijo Macri-, que al menos siga existiendo la simple, esa que para los despedidos es insuficiente y para los empresarios un exceso.
(*)Por Federico Dalponte @fdalponte
