Cannabis medicinal: el Gobierno nacional modifica leyes y aumenta las restricciones para otorgar licencias
Cambios en el marco regulatorio argentino trazan un nuevo escenario para lxs usuarixs de cannabis medicinal y cáñamo. Desde agosto, se han impuesto nuevos requisitos para quienes aspiren a inscribirse en el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) y quienes intenten renovar sus licencias. Lxs cultivadorxs solidarixs y las ONG, entre los más afectados por estos cambios.
Por Lourdes López para La tinta
El Gobierno nacional modificó el marco legal para la producción de cáñamo y cannabis medicinal, con mayores restricciones en lo que respecta a los requisitos para inscribirse en el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) y, especialmente, para la emisión de licencias. Estos cambios alcanzan a cultivadores solidarios y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la producción de derivados de la planta.
La Agencia Regulatoria de Cannabis está intervenida por decisión del Gobierno y se ha puesto en funcionamiento por primera vez en lo que va del año. Aún no se han definido nuevos avances en la regulación de cannabis psicoactivo y hay expectativas en lo que respecta a lxs pacientes y emprendimientos solidarios que cuentan con sus permisos activos.
En Argentina, la producción del cannabis medicinal y del cáñamo industrial está regido bajo la ley 27.669, incluyendo dentro de su marco regulatorio cuáles son los requisitos para poder acceder a estas licencias y también cuáles son las entidades encargadas de asistir a lxs solicitantes durante este proceso.
Desde la última resolución publicada en el Boletín Oficial, han habido dos importantes modificaciones. La primera es que, por primera vez desde que asumió el Gobierno, se ha puesto en funcionamiento la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y designa para ello un interventor que se hará cargo del organismo durante un año, el doctor Ignacio Ferrari. En segundo lugar, dejó sin efecto una serie de permisos que se habían dado desde inicios del año pasado a algunos emprendimientos solidarios cuyas licencias, a partir de ahora, ya no están más vigentes.
“Yo lo que veo a partir de esto, con mucha expectativa, es qué va a pasar con la regulación del cannabis psicoactivo, de mucha trascendencia para las familias y pacientes. Y creo especialmente que hay que terminar de reglamentar lo que dice la ley sobre la emisión de licencias y la producción de cáñamo”, explica la abogada Victoria Baca Paunero a La tinta.
En este sentido, añade que hay una diferencia entre lo que implica la producción de cannabis psicoactivo (con mayor graduación de THC) y del cáñamo industrial y/u hortícola, que son aquellas semillas que contienen hasta el límite máximo de concentración del componente químico tetrahidrocannabinol (THC) que se establezca en la reglamentación, actualmente, vigente en el 1,3%.
Ante este nuevo escenario, todas las resoluciones que emita la ARICCAME generan expectativas, principalmente, respecto de lo que podrían ser futuras modificaciones al marco regulatorio de cannabis psicoactivo, de alta trascendencia para miles de familias argentinas y que abarca el cultivo de flores para uso medicinal personal, de cultivo solidario o de producción mediante organizaciones no gubernamentales.
Los desafíos para el acceso al cannabis medicinal
El problema respecto al acceso del cannabis medicinal presenta varios aspectos a considerar si hablamos de un mercado de usuarixs muy amplio y diverso, tal y como es el argentino. Sobre ello, Baca Paunero explica que, hasta que no haya un desarrollo fuerte del mercado en cuanto a diversidad de cannabis y también en suficiente cantidad como para garantizar mayor oferta, será difícil garantizar el acceso de cannabis medicinal a la población en general.
“Hoy, todo paciente que no está en el REPROCANN, es decir, que no se abastece por sí mismo, cultivador solidario u ONG, queda en un mercado gris y raro, en el cual hay muchos problemas, pero el principal es que no se puede garantizar la calidad de ese producto y ese es el riesgo”, indicó.
Cambios para la inscripción al REPROCANN
El pasado agosto, el Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Salud, tomó la decisión de ampliar los requisitos solicitados para que organizaciones y personas accedan a la inscripción en el REPROCANN, entendido como nuevas restricciones para potenciales usuarixs y para la renovación de licencias que, actualmente, duran tres años.
Pero este no es el principal problema, también debe considerarse que hay personas que están en lista de espera hace más de diez meses para acceder a una licencia que, en tiempos de vida de una persona, representa más que un mero trámite administrativo. Procesos que, debido a la inactividad del ente regulador previsto por la ley, aún siguen sin respuestas y que, de intentar acceder a tratamientos fuera del marco regulatorio, quedan sujetos a las consecuencias directas del derecho penal.
Entre las modificaciones, se detalla que, a partir de ahora, el registro para cultivadores solidarios se limita a dos personas y también se impone como requisito excluyente contar con una indicación para uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico que cuente con una diplomatura o maestría sobre el uso medicinal de la planta del cannabis medicinal.
En lo que respecta a organizaciones, define que las ONG deberán estar registradas y habilitadas ante el organismo de inscripción y fiscalización que corresponda a cada jurisdicción, notificando a cada municipio de las tareas que realizan en torno al cultivo y la investigación del cannabis con fines medicinales.
Madres cultivadoras
Más allá de las modificaciones estrictamente legales, detrás de cada usuarix, hay historias y pacientes cuya calidad de vida se ve directamente afectada por las decisiones políticas de salud pública que lleva adelante el Gobierno nacional. Así lo cuenta Claudia Pérez a La tinta, presidenta de la organización Madres Cultivadoras, con sede en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Otro de los requisitos que ha impuesto el Gobierno es que ningún miembro de las ONG dedicadas al cultivo y producción de cannabis medicinal cuente con antecedentes penales. Una decisión que, en palabras de Claudia, solo fomenta la estigmatización y los prejuicios: “A ninguna otra ONG que se dedique a otro tipo de actividad le exigen este tipo de requisitos y esa es una forma de atacar o limitarnos”.
En parte, sostiene que una forma de acompañar el cambio de perspectiva social ante el uso del cannabis implica entender al REPROCANN como una herramienta de política pública y de salud.
“Hay una clara vulneración de derechos, no podemos tener pacientxs que esperan hasta diez meses para acceder a un tratamiento que, con otro tipo de sustancias o medicamento, tendrían autorización casi inmediata. Por supuesto que ahí hay una clara vulneración de derechos”.
Para lxs usuarixs y pacientes, las decisiones que se realizan sobre un marco regulatorio no pueden ser tomadas a la ligera e impactan de manera directa en su calidad de vida y la capacidad que tengan de comenzar o continuar con sus tratamientos. Ante un Gobierno nacional que impulsa modificaciones de trascendencia extrema día a día, es de severa importancia continuar en la defensa y garantía del derecho para acceder a la salud. Un derecho conquistado al que cada vez parece más difícil acceder.
*Por Lourdes López para La tinta / Imagen de portada: Comisión de Investigaciones Científicas.
