A la declaración de guerra de Milei, la Universidad le responderá con una histórica Marcha Federal
El 2 de octubre de 2024 promete quedar en los registros como una de las movilizaciones más importantes de la historia argentina en defensa de la educación pública. Pocas causas justas aglutinan más que el profundo sentir nacional por el derecho a educarse de manera gratuita y la obligación del Estado de garantizarlo, y esa bandera histórica se hará sentir en las calles de Córdoba y todo el país.
Con las banderas de agrupaciones estudiantiles, sindicales partidarias y de organismos de derechos humanos, marcharán también la memoria de la reforma del 18, la gesta del Cordobazo y las luchas de ayer y hoy por el boleto estudiantil. Hay mucha historia y mucha sangre detrás de los derechos que el gobierno de los hermanos Milei quieren arrebatar, y lo que se percibe es que el anunciado veto al financiamiento universitario no será gratis.
De aquel abril a este octubre
La cantinela que rige el país desde el 10 de diciembre pasado ―“no hay plata”― y, específicamente, el ataque a la educación pública y el presupuesto universitario tuvieron un primer freno el 23 de abril, con marchas en todo el país que, en Córdoba, confluyeron en Ciudad Universitaria y transitaron las calles del centro. Fueron miles las pibas y pibes que salieron a defender sus derechos, y ―si nos regimos por esa ciencia imprecisa que puede ser la estadística― la mayoría, votantes de Javier Milei.
Aquella vez, el gobierno sintió el golpe y se vio obligado a negociar. Pero a cinco meses vista, y más allá del relato oficial que revolea indicadores suizos, la vida realmente existente empeoró, la recesión y el desempleo se profundizaron, los salarios docentes y no docentes siguen en su mínimo histórico y las casas de altos estudios hicieron malabares para sostener la actividad a puro esfuerzo. En el camino, quedaron miles de estudiantes que tuvieron que regresar a sus pagos o que, aún viviendo cerca de su respectiva facultad, abandonaron por los costos del transporte o la urgencia de multiplicar trabajos precarios para sostener la vida diaria. Para que no sean miles más los que entren en ese loop de acá a fin de año es que se marcha este miércoles.
Otra vez a las calles
Jornadas de sensibilización, actividades públicas y un paro universitario es la estrategia de la comunidad educativa para calentar motores de cara a la marcha federal. Mientras el gobierno ya anunció que vetará el financiamiento aprobado por el Congreso Nacional y el presidente visita la Córdoba incendiada en clave de traje de bombero, son otros los fuegos que ocupan el espacio público en aras de defender lo que costó más de un siglo conseguir.
ADIUC, una de las organizaciones referentes del reclamo, el miércoles 25 desde las 16, desarrolló una charla abierta en la Facultad de Ciencias Químicas, acerca del financiamiento universitario. Un financiamiento que no endeuda ni compromete al país, sino que representa apenas el 0,14% del PBI del país.
Hoy, jueves 26, en tanto, el paro universitario convocado por la entidad gremial, AGTUNC y la FUC tendrá una concentración a las 11 en la ex plaza Vélez Sársfield, una clase pública a cargo del docente Horacio Etchichury, volanteadas, semaforeadas e intervenciones artísticas.
«Son nueve largos meses de protesta sin lograr ser escuchados y los anuncios referidos al presupuesto 2025 indican la continuidad y profundización de las políticas de ajuste contra los sistemas universitarios y científicos nacionales”, señalan desde la ADIUC y confían en la masividad de la Marcha Federal.
Una soga para llegar a diciembre, con el 2025 como debate de fondo
Hace algunas semanas, la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que el proyecto de ley de financiamiento de universidades nacionales aprobado implicaría un gasto adicional para este ejercicio de $ 738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, según estimó la OPC. Esa inversión se desglosa así: $ 441.600 millones (0,08% del PBI) adicionales para recomposición salarial del personal docente y no docente; $ 210.742 millones (0,04%) por actualización por IPC anual 2023 de los gastos de funcionamiento y $ 86.254 millones (0,02%) por la actualización bimestral por IPC 2024 de esos mismos gastos.
La ley que Milei anunció que vetará desafía su política económica de recesión y ajuste del Estado, aunque no todo: a la SIDE, por caso, le quiso regalar 100 mil millones de moneda nacional. El presidente tiene un antecedente cercano, consistente en el veto del magro aumento a los jubilados indigentes, y parece dispuesto a pagar un costo político aún mayor. Al punto que, el 2 de octubre, no solo pararán y marcharán docentes y estudiantes universitarios, sino la comunidad científica y los gremios de educadores de todo el país.
Incluso, se sumó el Consejo Interuniversitario Nacional que, a través de un comunicado de prensa, señaló que “más del 70 por ciento de las y de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza, y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año”. En ese marco, el ente conformado por rectores de todo el país y los más variados signos políticos pidió a Milei que revise el anunciado veto, a los legisladores que insistan en la ley y que “introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento”. La presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccol, criticó que “la universidad no es prioridad para el Gobierno” y adelantó que “le vamos a pedir al Congreso que salve a la universidad pública, que vote a favor de la expectativa de futuro de millones de argentinos que hoy estudian en las universidades”.
Con el año ya avanzado, la mira está puesta en 2025 y en un presupuesto que pauta para el próximo período 3,8 billones de pesos para las universidades nacionales, un 52% menos de lo que pide el CIN, que es 7,2 billones. El 95% de esa diferencia tiene que ver con el dinero destinado a los salarios docentes y no docentes, que deberían estar actualizados por inflación.
«Un presupuesto es, ante todo, una declaración de principios», señalaron los rectores en el comunicado. Los de Milei parecen ser claros: «Cualquier proyecto que manden y quiera tocar la caja, se los voy a vetar. Me importa tres carajos», amenazó antes de volar por enésima vez a Estados Unidos.
El proyecto de Presupuesto 2025 no sólo reduce en más de la mitad las partidas sugeridas por las universidades, sino que faculta al Gobierno a cortar los envíos de fondos si las universidades no responden pedidos de informes y suspende nada menos que la Ley Nacional de Educación, que pauta una inversión no menor al 6% del PBI.
En los 70 años de inversión en universidades nacionales, Argentina pasó de tener 66 mil estudiantes a los actuales casi 3 millones. “Se está jugando el futuro del país”, consideró con precisión el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi.
*Por Adrián Camerano para La tinta / Imagen de portada: ADIUC.
