La Bioética cordobesa confronta a la Municipalidad por su postura sobre muerte digna
Profesionales de la Red Municipal de Bioética Clínica y Social de Córdoba emitieron un comunicado para criticar a autoridades de la Municipalidad de Córdoba y el Hospital de Urgencias por no acatar el fallo judicial que obligaba a quitar el soporte vital al paciente J. S. «¿Toda esta burocracia es necesaria para respetar el derecho de morir dignamente?», sostuvieron desde la Red.
El pasado 28 de septiembre, la Justicia de Córdoba instaba al Hospital de Urgencias a «limitar el esfuerzo terapéutico» que sostenía con vida al paciente J. S. -tal como había sido su voluntad-. El histórico fallo se constituía así en el primer amparo de muerte digna que se resolvía a favor del paciente en la ciudad de Córdoba.
J. S. ingresó al hospital a mediados de marzo de 2023, con un diagnóstico de traumatismo de cráneo y broncoaspiración, lo que derivó en un estado vegetativo persistente. Dos comités de bioética -el Comité de Bioética Hospitalario y el Comité de Muerte Digna- certificaron la condición de salud irreversible y tres dictámenes recomendaron el retiro del soporte vital, fundamentado en marcos normativos tales como Ley Nacional 26.742, Ley Provincial de Muerte Digna 10.058 y el Código Civil (artículo 59 y 60). Sin embargo, el personal del hospital se niega a realizarlo.
Tras siete meses de internación y luego de tres meses de presentado un amparo, a fines de septiembre, la familia había logrado un recurso de amparo favorable por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 2° Nominación. Pero la semana pasada, la Municipalidad de Córdoba y el Hospital de Urgencias apelaron el fallo para seguir sosteniendo esta vida meramente biológica.
Ante esta posición del Municipio, la Red de Comités de Bioética de Hospitales Municipales de la ciudad de Córdoba compartió un comunicado, en el que criticó duramente la conducta de las autoridades.
«En el cuerpo de J. S. se observan las marcas que la falta de respeto a su dignidad dejó, tales como escaras, espasticidad, infecciones, convulsiones, etc. Marcas que solo causan dolor y desamparo a una familia que el Estado se niega a escuchar. Pero es imposible borrar en la memoria tanta injusticia y los obligan a ver a J. S. ‘como un cadáver que respira’, al punto de ya no reconocerlo. La manipulación y el abuso no sólo se refleja en el cuerpo de J. S., sino que también vulnera a su familia», afirma el comunicado.
Desde la Red Municipal de Bioética Clínica y Social recuerdan que la propia Corte Suprema de Justicia recomienda a los equipos médicos en general no llegar a tener que judicializar estos casos de muerte digna. Y remarcan que la familia sufre al menos tres vulneraciones:
- Vulneración económica: debido a que se trata de familiares que se encuentran por debajo de línea de pobreza, con estrategias de supervivencia para satisfacer necesidades básicas.
- Vulneración psicológica: la familia refiere a cansancio psicológico ante el estado de deterioro progresivo de J. S., en cuyo cuerpo no visibilizan ninguna característica como persona.
- Vulneración social: los diferentes integrantes del grupo familiar han modificado su dinámica vital de tal manera que sus existencias transcurren la mayor parte del tiempo en el hospital, afectando aspectos sociales, laborales y educativos, entre otros.
«¿Toda esta burocracia es necesaria para respetar el derecho de morir dignamente? (…) ¿Cuál es la razón por la que la Municipalidad apeló?(…) ¿Es aplicable esta restricción interpretativa de esperar 12 meses para que el estado vegetativo de J. S. pase de ser persistente a ser permanente, tal como pretende la Municipalidad? Esta Red considera que no hay más razones suficientes para la apelación de la Municipalidad en este caso que las motivadas por el paternalismo médico«, señalan.
*Por Redacción La tinta. Imagen: Andrea Comas/El País.
