La Rioja: avance del agronegocio, conflictos socioterritoriales y transición agroecológica
Las principales cultivos de La Rioja son olivo, vid y nogal, donde producen tanto campesinos como empresarios del agronegocio. Solo 42 explotaciones agropecuarias concentran el 33% de la tierra cultivada (850.000 hectáreas), frente a 3.728 chacras que acceden a menos del 10% de la tierra. Mientras disputan el acceso al agua, crecen 136 experiencias agroecológicas.
Por Ana Chayle para Agencia Tierra Viva
Cuando, en 1591, Juan Ramírez de Velasco fundó en tierra diaguita una nueva ciudad para la corona española, la bautizó con el nombre de su patria chica. “Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja”, se llamó aquel fuerte, hoy ciudad capital que, junto con otros 17 departamentos, conforma la provincia de La Rioja.
Montañas, valles y mesetas se dibujan en el noroeste, y sierras pampeanas en el resto de esta provincia, que se extiende a lo largo de 89.680 kilómetros cuadrados atravesados por la llamada “diagonal árida”. Pese a las escasas lluvias y a las reducidas áreas que favorecen los ríos, la producción agropecuaria ocupa más de un cuarto de la superficie provincial. Según los datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA), de 2018, son 2.596.976 las hectáreas que se destinan a la actividad, aunque menos del dos por ciento corresponde a superficies implantadas. Estos números reflejan una disminución de casi medio millón de hectáreas para la actividad agrícola ganadera desde el CNA de 2002.
Los datos oficiales apuntan que el sector contribuye con el 3,5 por ciento del PBG (Producto Bruto Geográfico) y cerca del 15 por ciento de los puestos de trabajo formales privados, números que crecen si se considera que la industria manufacturera —en la que tiene un rol importante la elaboración industrial a base de aceitunas y uvas— representa casi una cuarta parte del PBG y cerca de un tercio de los puestos de trabajo formales privados.
El reparto de la tierra
La Rioja suma 4.870 explotaciones agropecuarias (EAP), 982 menos que en 2002. Del total, apenas 42 —de más de 10.000 hectáreas cada una— concentran un tercio de la tierra destinada a la actividad. Desde 2002, sin embargo, ha disminuido la cantidad de unidades de esta magnitud, que alcanzaban entonces las 48, y también la superficie ocupada se redujo poco más del 26 por ciento.
En el otro extremo, 3.728 EAP de menos de 500 hectáreas se distribuyen en menos del diez por ciento de la superficie destinada a la actividad. Tres cuartas partes de este total de unidades productivas poseen hasta 50 hectáreas cada una y casi la mitad (45 por ciento), menos de cinco hectáreas. Con respecto al CNA de 2002, las EAP de hasta 500 hectáreas disminuyeron en un 26 por ciento y perdieron más de 22.000 hectáreas de superficie. La pérdida más grande se dio en las EAP de hasta cinco hectáreas, que evidencian una disminución superior al 40 por ciento en unidades y al 32 por ciento en superficie.
Pedro Tsakoumagkos y Daniel Lazarte, en un análisis sobre el periodo intercensal 2002-2018 —de la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti—, señalan el avance de la urbanización, el abandono de pequeñas fincas y la transferencia de propiedades como fenómenos congruentes con esta disminución.
Cultivos de oasis
Entre 2002 y 2018, la superficie implantada se redujo en un 21 por ciento. Las disminuciones más notables se dieron en los cultivos anuales (avena, maíz forrajero y soja) y perennes (la pastura buffel grass), que perdieron terreno en un 69 y 60 por ciento respectivamente. A contracorriente, el cultivo de frutales ganó casi un diez por ciento de superficie y representa el 71 por ciento del área implantada en La Rioja.
En este último grupo, se cuentan nogales, olivos y vides, denominados “cultivos de oasis”, que se desarrollan mediante riego artificial en los valles riojanos. Constituyen actividades productivas tradicionales con gran relevancia actual, ya que representan más del 95 por ciento del PBG agropecuario, según indican Tsakoumagkos y Lazarte.
Olivares: entre el orgullo y el conflicto
El cultivo del olivo tiene larga historia en La Rioja. Arauco, el departamento con más superficie cultivada, le dio nombre a la única variedad autóctona del país y conserva el olivo más antiguo del territorio nacional: tendría ya 400 años y habría pertenecido a la plantación original, que diseminó la olivicultura en Argentina, Perú y Chile. Por esto, fue declarado “Monumento histórico nacional”.
Actualmente, La Rioja es la provincia con más superficie olivarera: casi 26.000 hectáreas, es decir, la mitad de la superficie provincial implantada, distribuidas en 592 EAP que se concentran en los departamentos Arauco, Chilecito y Capital. Según un informe del Centro de Estudios para América Latina (CEPAL), La Rioja encabeza la lista de provincias exportadoras de aceite de oliva, con un tercio del total nacional, y es la segunda en exportación de aceitunas de mesa.
Según explica Pablo Montilla, licenciado en Ciencias Ambientales y magíster en Ordenamiento Territorial, este cultivo se vio beneficiado con diferimientos impositivos a partir de la Ley 22.021, que promovió “la llegada de grandes capitales nacionales”, a la vez que generó conflictos con los pobladores locales. “Por ejemplo, en Vichigasta, desde el año 90 a 2018 aproximadamente, aumentó un 700 por ciento la superficie productiva del monocultivo del olivo y eso generó un montón de resistencias territoriales, porque el avance del monocultivo está comenzando a competir por el agua”, explicó. Ante esto, los pequeños productores del lugar se unieron y lograron la sanción de la Ley 8.790, que reserva un área para usos múltiples: proveer pasturas para el ganado y preservar acuíferos para consumo humano, a la vez que prohíbe la tala.
Vid y nogales en el oeste
También la vid ocupa un lugar destacado en la provincia, aunque no gravitante a nivel nacional, donde abarca menos del cuatro por ciento de la superficie plantada con este frutal. En el amplio abanico de variedades que se cultivan, se destaca el Torrontés riojano, única variedad autóctona argentina. Chilecito concentra el 80 por ciento de la producción provincial, la cual se destina en un 90 por ciento a la elaboración de vinos, según CEPAL.
Otra producción destacada en la economía regional es la nogalera. La Rioja posee poco más del 20 por ciento de las hectáreas a nivel nacional, cuenta con un clúster y con la empresa más grande de Argentina (Coralino Sociedad Anónima), que aporta el diez por ciento de la producción total, según indican Tsakoumagkos y Lazarte.
Costos sociales del agronegocio
En los sectores olivícolas, vitivinícolas y nogaleros, conviven minifundios locales con medianos y grandes productores tecnificados. Mientras los primeros abastecen al mercado local o venden sus cosechas a empresas más grandes, los segundos exportan productos con valor agregado. La diferencia es más que económica.
Según grafica Soledad Vogliano, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), en las últimas décadas, caracterizadas por la tecnologización y una creciente especialización, los pequeños productores que solían proveer materia prima fueron siendo expulsados del circuito porque “las grandes empresas fueron comprando tierras y desarrollando sus propias plantaciones, con aplicación de tecnología”. Así, los pequeños y medianos productores, que antes eran los únicos proveedores de materia prima, fueron quedando relegados y «el eje de disputa, que antes era el precio, empieza a perder peso específico, porque ya no existe esa discusión», explica Vogliano.
Por su parte, Montilla señala que, históricamente, La Rioja se caracterizó porque las producciones estaban en manos de comunidades campesinas, que fueron “absolutamente invisibilizadas y relegadas”. El advenimiento de los grandes capitales y una producción basada en el modelo del agronegocio afectó la relación con la tierra y el trabajo. Según el investigador, el campesinado entabla “relaciones de base comunitaria, muy importantes para mantener la vida rural, la gente en el campo y que no migre, pero, con el avance del monocultivo, se fueron rompiendo esos lazos o fueron avanzando en territorios que eran campos comuneros”.
Justamente, La Rioja es la provincia con mayor superficie bajo esta forma jurídica, en la que suelen predominar las EAP sin límites definidos. Entre 2002 y 2018, este tipo de explotaciones disminuyeron en un 84 por ciento. Aunque Tsakoumagkos y Lazarte desconfían de los datos, señalan que esto podría deberse al saneamiento de títulos de propiedad, pero también al abandono de la cría de cabritos. De acuerdo con estos autores, las existencias caprinas —igual que las bovinas— se redujeron casi a la mitad en ese periodo intercensal.
Agricultura familiar y soberanía alimentaria
Menos del dos por ciento de la superficie implantada (unas 900 hectáreas) se destina al cultivo de hortalizas. Según Maricel Ormeño y Sergio Vignato, ingenieros del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) de La Rioja, la pandemia “desnudó la fragilidad del actual sistema de provisión” y evidenció que, por ejemplo, en el caso de Chilecito (segundo departamento más poblado), el 70 por ciento de las frutas y verduras provenían de Mendoza, San Juan, Tucumán y Córdoba, y los agricultores locales sólo proveían el 20 por ciento.
Son los agricultores familiares quienes tienen en sus manos, principalmente, la producción de alimentos agrícolas. Tales son los casos de los productores nucleados en la Colonia Frutihortícola de La Rioja (Cofrular) —una cooperativa ubicada en el área periurbana de la capital— y la asociación civil Agricultores Familiares de Chilecito.
Tomate, pimiento, berenjena, zanahoria, variedad de zapallos, pepino, verduras de hoja, melones, sandías, frutillas y cítricos forman parte de las producciones de estas organizaciones.
Para Vogliano, La Rioja podría alcanzar la soberanía alimentaria a partir del fomento de la producción hortícola, lo que implica “pensar, básicamente, el acceso al agua y la distribución de la tierra, no porque esté necesariamente concentrada, sino porque hay una gran irregularidad en la tenencia”.
Según ejemplifica Maximiliano Giannini, presidente de Cofrular, la entidad no posee un terreno comunitario, sino que “las superficies de producción son de los socios que la integran, incluso, hay socios que no tienen tierra”. Ormeño y Vignato señalan que, en el caso de Chilecito, “los agricultores familiares producen en tierras de terceros mediante mediería, sistema de arrendamiento donde los campesinos aportan su trabajo, los insumos necesarios e, incluso, se encargan de la venta, usualmente dividiéndose las ganancias” con los propietarios de la tierra.
Esto limita sus decisiones, ya que los cultivos y las cantidades dependen muchas veces “del patrón”, y les impide “emprender procesos de capitalización para mejorar su rentabilidad”, agregan los ingenieros, quienes trabajan con los productores de la zona en un proyecto conjunto con la Universidad Nacional de Chilecito.
Agua, insumos y transporte
Siempre presente el problema del agua, Giannini señala que, durante los meses más cálidos, solamente se trabaja en 20 de las 43 hectáreas disponibles. Para Vogliano, esta es una de las principales limitaciones: “A pesar de que tiene un agroecosistema muy similar al de provincias como Mendoza, La Rioja es ínfimamente productiva en comparación”, ya que “nunca se hicieron las obras hídricas que hubiesen permitido poner en producción muchísimas hectáreas de tierra que hoy son improductivas”.
No es el único problema que enfrentan los agricultores: a la falta de medios de producción y de tierra, Giannini suma la complicación para acceder a insumos —como frascos, cajones, bombas de agua, ya que todo se trae de otras ciudades— y la lejanía de los principales mercados, Mendoza y Buenos Aires. También Vogliano destaca el problema que implican “los costos elevadísimos en el transporte y la logística”. Así, “la potencialidad de producir grandes cantidades de productos que se consumen en el mercado nacional como en el exterior” choca con la falta de una logística que les permita poder intercambiar productos en condiciones más beneficiosas. Las redes de comercialización de la economía social y de ferias de productores intentan paliar, en parte, esta problemática a nivel local.
La inestabilidad de precios es otra variable que, según grafica Giannini, afecta la producción, ya que los retornos por las inversiones muchas veces no alcanzan a cubrir los costos de producción o (los bienes) tienen precios de mercado que son muy bajos. Por eso, la industrialización de los excedentes es una apuesta para el agregado de valor. Así, el último CNA relevó 173 EAP que realizan deshidratado de frutas y verduras, y 70 que elaboran jugos y extractos.
Agronegocio y el desembarco del trigo transgénico HB4
En la década que va de 2007 —año en que se sancionó la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo— a 2017, y de acuerdo con un informe oficial, La Rioja perdió casi 82.000 hectáreas de sus ecosistemas naturales, aunque más del 90 por ciento no estaban categorizadas. Según un informe de la fundación Vida Silvestre, el 11 por ciento de la superficie provincial aún es bosque y monte nativo, que se encuentra amenazado, principalmente, por la agricultura, la ganadería intensiva y los incendios.
Otra cara del agronegocio es el uso de químicos en los cultivos. Según el último CNA, los olivares son las plantaciones más tratadas con estas sustancias en la provincia, principalmente, con herbicidas, fertilizantes e insecticidas. No obstante, la superficie relevada en esta categoría es menor a la superficie cultivada. Esto indicaría que gran parte de los cultivos se desarrollan sin agrotóxicos.
Sin embargo, estos números podrían revertirse con la incursión de La Rioja en la siembra de trigo y soja con tecnología HB4, que se promociona como resistente a la sequía y esconde su tolerancia al glufosinato de amonio. “Cuando viene la soja, viene también una carga de plaguicidas importante, que si bien se están aplicando en nogal y olivo, no implican una carga tan fuerte como sí lo tiene este tipo de cultivos”, explica Montilla, quien también es integrante de RAP-AL (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina).
Aunque no hay información actualizada, de acuerdo con declaraciones oficiales, a través de un convenio entre el gobierno provincial y la empresa Bioceres, la siembra de soja ya se habría iniciado y, en otoño, comenzaría la de trigo. Como prueba piloto, se planean sembrar 100 hectáreas con cada cultivo, en los departamento Capital y Ulapes.
Como en el caso de otros monocultivos, Montilla afirma que muchas de las empresas que se inscriben en este tipo de iniciativas son extraprovinciales, de grandes capitales y con emprendimientos en otros territorios, que compran tierras o las arriendan hasta que el monocultivo deja de ser rentable. Con estos cultivos, “no solamente se exportan y generan divisas, sino que se exporta agua, nutrientes, se exportan un montón de cosas”, enumera. Cuestiona así los costos que tienen este tipo de proyectos y señala la necesidad de preguntarse: “Quién se apropia de eso, a quién beneficia, si se hace con la comunidad o a sus espaldas, promoviendo qué, qué sentido tiene la soja acá cuando podemos hacer otros cultivos que no estamos haciendo porque no hay financiamiento o apoyo”.
Experiencias agroecológicas
El último CNA registró 82 explotaciones agropecuarias que cultivan orgánicamente, 23 que practican la agricultura biodinámica y 31 que ponen en práctica los principios de la agroecología.
Entre estas últimas, se cuenta la cooperativa Cuchiyaco, nombre original del pueblo Santa Vera Cruz, en el departamento Castro Barros, donde está ubicada. Creada en 2014, actualmente, cuenta con una quincena de socias y socios, y, además, favorece a otros productores de la zona, que cultivan sin pesticidas y venden a la cooperativa sus cosechas.
Clara Larisgoitia, productora y tesorera de Cuchiyaco, cuenta que la asociación nació con el objetivo de “poner de vuelta en valor el trabajo con la tierra, producir alimentos saludables, trabajar en el lugar donde vivimos y generar alimento para nuestras propias familias y amigues”. Nueve años después, la cooperativa creció tanto que las propias cosechas no alcanzan y deben comprar a otros productores para elaborar las mermeladas, dulces, confituras, café de algarroba, alimentos gourmet a base de aceitunas y vinos, que se venden a través de ferias, comercializadoras de la economía social, espacios de venta de alimentos saludables y nodos de consumidores en ciudades de todo el país.
Una transición hacia este modelo es también el que encararon, en 2021, más de 50 familias reunidas en Agricultores Familiares de Chilecito. Según refieren Ormeño y Vignato, “los elevados costos del paquete tecnológico, insumos y agroquímicos dolarizados, semillas híbridas que obligan a los campesinos a adquirirlas todos los años”, sumados al “agotamiento y contaminación del agua, y la pérdida de biodiversidad y su ineficiencia energética” que genera el sistema hegemónico de producción industrial, fueron causa de la reflexión y análisis que llevaron a los agricultores a optar por un cambio de paradigma.
Explorando el mismo camino de la agroecología, Giannini cuenta que, en la colonia, se están ensayando algunos cultivos, por ahora, en una hectárea de tierra, con asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI). Entre los cambios, se ponen a prueba algunos biopreparados “para empezar a sustituir los productos de síntesis química”, señala Giannini. Mientras, los cultivos se someten a constante evaluación, porque los asociados necesitan tener “la seguridad de que ese sistema no solamente sea más sano, más seguro, sino que sea más rentable, porque las familias viven de eso”, agrega.
Sin desconocer la ayuda y asesoramiento que el Estado brindó a la cooperativa en su búsqueda agroecológica, Larisgoitia opina que las políticas públicas son contradictorias: “Por un lado, hay espacios concretos e instituciones concretas que apoyan (la agroecología), pero después vemos la contradicción con el apoyo y el fomento al agronegocio, a que se sigan ampliando y extendiendo las fronteras”.
En coincidencia, Ormeño y Vignato apuntan que “la producción de commodities como la soja y el maíz no compiten por el mercado interno en la producción de alimentos, sino por el uso y ocupación del agua y las tierras”. Para los ingenieros, la agricultura familiar “responde a lógicas de producción que se vinculan con la identidad y la cultura de la tierra” , y, por tanto, chocan con el agronegocio, que suscita “la silenciosa expulsión del sistema de los agricultores familiares y campesinos”. Por eso, son modelos que no pueden convivir. Como sentencia Larisgoitia: “Una cosa es directamente excluyente de la otra”.
*Por Ana Chayle para Agencia Tierra Viva / Imagen de portada: Sebastián Damen.
*Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur.
