Empresas mineras, desmonte ilegal y voracidad inmobiliaria, una cartografía de conflictos ambientales
La Falda, Cerro Azul, Parque Puma, la cuenca del río Chavascate, El Manzano, Capilla del Monte son algunos de los puntos de nuestra provincia en los que el desmonte ilícito avanza con la complicidad del Estado, operan mineras ilegales o avanzan loteos inmobiliarios en territorios considerados zona roja del escaso bosque nativo. Hablamos con vecinos de algunas localidades que se organizan para enfrentar el avance extractivista. El dibujo de una cartografía de luchas ambientales.
Por Santiago Torrado para La tinta
Más allá de la capital cordobesa, se extiende un mapa amplio y complejo de conflictos ambientales. Nuestra provincia alberga en su “interior” un profundo entramado de luchas sociales, muchas veces invisibilizadas, que se hunden en el triste y opaco marasmo de la burocracia, la complicidad judicial, mediática y política con los poderes económicos agroexportadores, inmobiliarios y mineros.
Ante el gran desafío de narrar algunos de estos conflictos locales y empequeñecidos -y, a la vez, nodales para entender cómo operan contra la conservación de la naturaleza aquellos que gobiernan de hecho nuestros territorios-, recogimos algunos testimonios en los que se dibuja la cartografía de la Córdoba profunda, que lucha por sobrevivir al imperio de la soja y el extractivismo.
La Falda
Desde hace varias semanas, organizaciones ambientales y vecinos autoconvocados organizan abrazos simbólicos en el Parque El Puma, ubicado en La Falda. Se trata de un territorio considerado zona roja -según la Ley de Bosques- y, por lo tanto, debe ser protegido y no puede ser edificado, desmontado ni removido. Sin embargo, no es un parque natural, por lo que, de omitir el cumplimiento de la Ley de Bosques (cosa que sucede con frecuencia en Córdoba), cualquiera podría iniciar actividades edilicias en el lugar. Así fue como la propia Municipalidad de La Falda envió máquinas excavadoras para abrir caminos dentro del parque el pasado domingo 12 de marzo.
El intendente Javier Dieminger señaló que esa obra cuenta con permiso y se realizó “por pedido de personas que acreditan el inicio del juicio de usucapión y el pago de tasas sobre esas tierras”. Por su parte, los vecinos señalaron a La tinta: “Hicimos las averiguaciones pertinentes y certificamos que quienes dicen ser los dueños de esos terrenos no lo son. Contactamos al secretario de Ambiente de La Falda, que nos derivó directamente con la Policía Ambiental, en ningún momento respondió por el hecho de que las máquinas que están desmontando son de la propia Municipalidad. Hicimos una denuncia ante la Policía Ambiental y, poco después, verificamos que, en esos mismos terrenos, habían colocado carteles de “Propiedad Privada” y un teléfono correspondiente a una inmobiliaria”.
En este humilde acto, Dieminger y su administración colocaron, por encima de la Ley de Bosques, el loteo y la apropiación por parte de privados e inmobiliarias de uno de los parajes de bosque chaqueño serrano mejor conservados del departamento de Punilla. “No nos consta que sea zona roja”, se justificó Dieminger.
Minería ilegal en Chavascate
En la cuenca del río Chavascate, los vecinos de Agua de Oro, El Manzano y Cerro Azul se encuentran en estado de alerta permanente desde los últimos meses del año pasado. Según denuncian, “las explosiones, remoción de tierras y movimiento de maquinaria de las empresas mineras es constante”. Diana, que pertenece a la Asamblea Sierras Chicas sin Canteras, en diálogo con La tinta, contó que “las primeras denuncias de vecinos llegaron del Campo ‘El Gato'», situado sobre el camino S-154, más conocido como “Camino a Paso Blanco”. Allí hubo una cantera de piedra caliza.
Según cuenta Diana, fue Virginia, la guardaparques de la Reserva Cerro Azul, quien elevó un informe dando cuenta de las actividades ilegales de la minera, lo cual obligó a la Policía Ambiental a intervenir. “Llegó la Policía Ambiental, ratificó que la actividad de la minera era ilegal porque no cuentan con habilitación. Una vez ratificaron lo que ya sabíamos, se fueron. Constataron un delito y no hicieron nada al respecto. Esta situación de absoluta irregularidad está en conocimiento de la Comuna, de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y de la Policía Ambiental, y nadie hace nada. Sería lógico que interviniera un fiscal de oficio, pero tampoco”, señala Diana.
En paralelo a la ilegalidad minera, Diana contó a La tinta que se está desarrollando la apertura de caminos ilegales. “Por boca de los vecinos, nos enteramos que está proyectado un camino que une la ruta E53 con Candonga. No sería descabellado pensar que tiene una relación directa con el proyecto minero de Cerro Azul».
Capilla del Monte
El pasado jueves 23 de marzo, vecinos de la Reserva Villa Cielo, en Capilla del Monte, presentaron ante el Concejo Deliberante un pedido de informe dirigido al intendente Fabricio Díaz, a propósito del avance de alambramientos y cercado de terrenos que pertenecen formalmente a una reserva natural.
Diego Ugalde, vecino de la zona, habló con La tinta y contó que “el intendente y el secretario aseguraron no haber expedido autorizaciones para talas o desmontes en la reserva. Sí admitieron haber autorizado la colocación de alambrados, si bien manifestaron que esa acción no se puede prohibir a propietarios o poseedores”, y añadió que ambos funcionarios “manifestaron su voluntad de proteger la reserva, aunque admitieron que las ordenanzas no fueron perfeccionadas con la titularidad de los terrenos y, por ende, no han sido inscriptas en la provincia, por lo cual la mejor herramienta para proteger la reserva es la Ley de Bosques”.
Fue el mismo jueves 23 el día que la mesa de entrada de la Municipalidad de Capilla del Monte acusó recibo de otro pedido vecinal, esta vez, de barrio de La Toma. En su carta, dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Francisco Gramajo, solicitaron que el organismo que dirige brinde información sobre el desarrollo de obras que se están realizando en ese barrio sin previa notificación.
Aunque existen versiones que señalan que las obras corresponden al supuesto traslado del escenario y la infraestructura del Predio Gabriel Suárez al Polideportivo Municipal en el barrio, la información no fue todavía ratificada por las autoridades. Tampoco se conoce el informe de impacto ambiental alguno que debe realizarse ante este tipo de obras. En su petitorio, los vecinos señalan que “no fue consultado el consenso de todos para este emprendimiento”, y apuntan “al malestar acústico” y al “perjuicio económico del sector turístico” que provoca esta construcción.
Karina, vecina de La Toma, también apuntó en el diálogo a otro aspecto clave de este emprendimiento. “Nos genera mucha preocupación que estas obras se están desarrollando junto al río. Es una zona que, en 2015, se inundó. Ahora, el río está aún más elevado por la acumulación de sedimentos. Otra crecida podría complicar mucho al barrio y, especialmente, a quienes tenemos casas cerca de la zona que ahora está en obras”.
*Por Santiago Torrado para La tinta / Imagen de portada: A/D.
