«Lila» y la vulneración de derechos de las infancias en La Rioja
“Lila” tiene cuatro años y, hace 14 días, se encuentra en un dispositivo de cuidado estatal en La Rioja, privada de comunicarse con su mamá, quien quiso protegerla del progenitor, denunciado por abuso sexual contra la infancia. El derrotero de una madre protectora y de las infancias judicializadas, privadas de derechos y libertades.
Por Redacción La tinta
“Difícil ser infancia en un mundo que convierte a las niñeces en objeto de consumo y las destroza en nombre del derecho del abusador e ignorando los derechos humanos a vivir feliz y a salvo”, escribió Cecilia Solá, advirtiendo acerca de la inmensa cantidad de denuncias registradas y las escasas sentencias. “Si esta es la justicia que tenemos, es urgente cambiarla. Por cada infancia y cada madre que se juega la vida y la libertad para protegerla”, agregó la escritora feminista.
“Lila” es el nombre que resguarda la identidad de una niña que se encuentra incomunicada y que ha pasado la mayor parte de su vida en proceso judicial. Desde 2021, vivía con su mamá en la provincia de Córdoba, pero el viernes 17 de febrero pasado, cuando se estaban preparando para viajar a una audiencia en La Rioja, ordenada por la jueza de menores Alicia Nicolasa Valdez, la policía irrumpió en su domicilio y se llevó a la niña con una orden judicial firmada por el Juzgado de Familia 8A, a cargo de María Alejandra Mora. Hoy, la madre no tiene información sobre el paradero de su hija.
“Lila” nació en 2018 y, antes de cumplir un año, su progenitor presentó una medida cautelar reclamando el cuidado exclusivo de ella, por una serie de mensajes de WhatsApp que la mamá le había enviado en los primeros meses de vida de la niña. Los mensajes muestran a una madre pidiendo desesperadamente ayuda para la crianza de la menor en un estado puerperal y atravesando una depresión post-parto. Cuando iniciaron el litigio, ella estaba en tratamiento por su salud mental y el Estado la obligó a presentar informes que evidenciaron la violencia de género que el progenitor ejercía sobre ella.
Esos años tuvieron guarda compartida y las visitas se desarrollaron acorde a lo estipulado judicialmente. En 2021, la madre de “Lila” empezó a ver actitudes extrañas en su hija: no quería irse con el progenitor, gritaba, lloraba, comenzó a hacerse pis encima. Hasta que, después de un fin de semana largo en casa de su padre, habría manifestado no querer ir más porque sufría situaciones de abuso. Ante esto, en noviembre de ese año, presentaron una denuncia de abuso sexual hacia la infancia contra el progenitor, pidiendo medidas de protección para “Lila”. Semanas más tarde, la Secretaría de Mujer y Diversidad emitió un informe a la jueza Gisela Flamini advirtiendo la escalada de violencia del caso y los incumplimientos de las medidas. Además, sugirió la implementación de un dispositivo electrónico en el progenitor para reducir riesgo, que se lo colocaron durante dos semanas al violar una medida perimetral. Pero no fue suficiente y se repitieron las denuncias por violencia y desobediencia de las medidas.
En marzo de 2022, el progenitor denunció el impedimento de contacto, una causa que avanzó rápidamente en el Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores n.° 1, a cargo de la jueza Jésica Díaz Marano, a diferencia de la causa por abuso sexual en la infancia (ASI), en la que se requería cámara Gesell y pericia psicológica. Esta causa está estancada en el Juzgado de Menores n.° 2, a cargo de Flamini.
Ese mismo mes, “Lila” se mudó junto a su mamá a Córdoba para rehacer su vida, pasando tres fotos mensuales al progenitor, como lo ordenó la jueza Valdez. En diciembre de 2022, la activista antiderechos, Bárbara Vaquero Morelli, fue al domicilio de “Lila”, presentándose desde una Fundación llamada “Morelli” e insistiendo en entrevistar a la pequeña. Luego, comenzó a compartir en redes sociales imágenes de la niña, advirtiendo de una supuesta peligrosidad por parte de la madre, tomando el caso de Lucio Dupuy como punta de lanza. La violencia digital y mediática contra la madre escaló rápidamente.
Días más tarde, la madre de “Lila” debió comparecer ante el juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género por una denuncia de violencia familiar radicada en su contra. El informe técnico del expediente señaló una posible vulneración de derechos y alto riesgo en el contacto paterno. A su vez, se explicó que la madre es la referente de contención y resguardo de la niña, y resolvió prohibir por tres meses el contacto entre la niña y el progenitor. También se estableció la ciudad de Córdoba como centro de vida de “Lila” y se fijó una audiencia para les progenitores para fines de marzo. Pero el 8 de febrero de 2023, la jueza de La Rioja, Marcela Fernández Favarón, ordenó la custodia compartida, con el argumento de que el centro de vida de «Lila» era en La Rioja, por ser el lugar donde pasó más tiempo. Así es como, el viernes 17 de febrero, la policía irrumpió en el domicilio de “Lila” y su mamá, y se llevó a la niña sin que todavía la madre sepa dónde está su hija.
La historia de “Lila” no es una situación aislada: es parte de una lucha que madres de diferentes puntos del país llevan adelante, reclamando condiciones dignas para sus hijes, denunciando situaciones de violencia de los progenitores hacia sus hijes y una respuesta judicial que deviene en condenarlas a ellas. Madres que resguardan a sus hijes de la violencia de un familiar, que luchan contra la estigmatización judicial y social, contra los falsos síndromes que encubren situaciones de abuso hacia las infancias y las culpan a ellas de “llenar la cabeza a sus hijes”.
En un fascículo de la serie Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes: Un análisis de los datos del Programa las Víctimas contra las Violencias 2020- 2021, UNICEF y el Ministerio de Justicia de la Nación refirieron que, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, se registraron 9.989 situaciones de infancias y adolescencias que vivieron violencia familiar y/o sexual. Los datos mostraron que aumentaron un 15% respecto al mismo periodo del año anterior y se incrementaron considerablemente las realizadas directamente en este grupo etario. En el 74%, el perpetrador fue un varón del entorno familiar.
Las infancias y adolescencias no son atacadas por extraños, sino por sus padres, sus abuelos, sus tíos, hermanos mayores y hombres del círculo más cercano. Según un relevamiento de datos de la Línea 137 y otros organismos que atienden a la protección de las infancias y adolescencias, en más del 85% de las situaciones, las denunciantes de los ataques son las madres y las abuelas, y solo el 2% de los denunciados tienen sentencia firme.
Las “madres protectoras” denuncian que el sistema judicial no tiene perspectiva de género ni de derechos de les niñes, que la batalla judicial las perjudica psicológica y económicamente, y que, en muchos casos, les hijes son obligades a revincularse forzosamente con sus abusadores.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: La tinta.
