Asamblea por las trabajadoras sociales despedidas en la Municipalidad de Córdoba
La Secretaría de Prevención y Atención en Salud Comunitaria desvinculó, el pasado 28 de diciembre, a ocho trabajadoras sociales que desempeñaban tareas en la Dirección de Atención Primaria de la Salud (DAPS). Luego de reclamos y repudios desde diversos sectores, mañana, la comisión directiva del SUOEM convoca a una asamblea para abordar esta situación, la precarización laboral y la falta de pago a trabajadores del área.
Por Redacción La tinta
A días de terminar el año, se conoció la decisión desde la Secretaría de Prevención y Atención en Salud Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba, cartera a cargo de la Lic. Liliana Montero, de la desvinculación de ocho trabajadoras sociales que desempeñaban tareas en la Dirección de Atención Primaria de la Salud (DAPS). Habían sido contratadas en octubre, a través de una convocatoria de la bolsa de empleo del Colegio de Profesionales en Servicio Social, para un año completo con monotributo. Según trascendió, se les dijo que la propuesta era hasta 12/23, pero que, por razones administrativas, se haría un contrato hasta 12/22 y, luego, la renovación por un año.
A semanas de lo sucedido y sin solución, desde varios sectores -Intersindical Mujeres de Córdoba, Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba (CPSSPC), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en conjunto con la Dirección de la licenciatura en Trabajo Social y la Oficina de Graduades-, vienen expresando el repudio de la medida. También manifestaron su solidaridad trabajadoras organizadas del Ministerio de la Mujer y el Colectivo de Residentes y Concurrentes. Para mañana, la Comisión Directiva del SUOEM convocó a una asamblea a las 11 h, en calle 27 de Abril 784, para tratar algo que no es nuevo en Córdoba y que, con este caso, se evidencia aún más: la precarización laboral y la falta de pago a trabajadoras y trabajadores.
En diálogo con La tinta, la Lic. Marta Fabing, coordinadora de trabajo social en las DAPS, explicó que, desde el área que coordina, se solicita hace años la incorporación de trabajadores sociales en los equipos de los centros de salud, dado que, con el paso del tiempo, se han producido jubilaciones o pases de profesionales que no se cubrieron. “En 2022, solo en 13 de los 100 centros de salud que conforman la DAPS contaban con el área de Trabajo Social”.
Al constituirse la Secretaría de Prevención y Atención Comunitaria en Salud en junio del año pasado, se planteó la necesidad de incorporar trabajadores sociales. Fabing detalló que, para el mes de septiembre, se solicitaron los currículums para el ingreso de 10 colegas, procedimiento realizado vía la bolsa de profesionales del Colegio, que ya había sucedido el año anterior ante un intento de ingreso fallido de profesionales. Se priorizaron los centros de salud junto a los EZIS (Equipos Zonales Interdisciplinarios), “realizaron rotaciones en centros de salud que cuentan con Trabajo Social, capacitaciones en diversos temas, programas de DAPS, líneas prioritarias planteadas por la Lic. Montero. Capacitación en las leyes de Violencia contra las Mujeres, IVE, Ley de Niñez, de Discapacidad y el digesto municipal. También se incorporaron a capacitaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, que realiza periódicamente el área de Trabajo Social, ya que recibimos estudiantes de diferentes cátedras de esa institución”, explicó la coordinadora.
El último miércoles del 2022, un mail llegó a 8 de las 10 colegas ingresantes, informándoles su desvinculación a partir del primer día del 2023. Las dos profesionales que no fueron notificadas se encontraban de carpeta médica por COVID en esa semana. Fabing detalla que, previo a los despidos, le solicitaron telefónicamente “un listado de las monotributistas que habían participado de una asamblea general del SUOEM en la calle Chacabuco. Respondí que no respondería eso y que, en todo caso, me lo pidieran por escrito como corresponde en administración pública. Unos días después, me preguntaron quiénes estaban de carpeta médica en esa fecha, respondiendo de la misma manera. Todo ello se fue informando al SUOEM y tratado en asambleas. El SUOEM solicitó una audiencia a Liliana Montero, quien respondió que no recibiría al gremio y solo recibiría a las afectadas”.
Las profesionales desvinculadas pidieron una audiencia -que fue realizada el lunes 2- donde se ratificó la decisión y, según el testimonio de Fabing a La tinta, “se les dijo que no habían cumplido los objetivos de la Secretaría, cuando a la División de Trabajo Social, en los tres meses que las colegas trabajaron, no se le informó esta disconformidad ni se realizó planteo alguno para modificar su tarea o modalidad de trabajo”.
Desde diversos sectores, se manifestaron repudiando la medida y exigiendo la reincorporación, tal es el caso de la Intersindical de Mujeres Córdoba, quienes expresaron en un comunicado: “Se trata de ocho trabajadoras sociales mujeres, lo cual no es un dato menor en el escenario de violencia económica y laboral que sufrimos especialmente las mujeres y diversidades sexogenéricas. Este despido arbitrario se suma a las condiciones de precariedad de su contrato laboral y del deterioro del salario en un contexto inflacionario. Al momento de su contratación en la DAPS, en septiembre de este año (2022), el gobierno municipal les ofreció un contrato con monotributo a cambio de un magro ingreso de 94.500 pesos. Este monto a duras penas logra cubrir la mitad de la actual canasta básica de 146.000, todo a cambio de las innumerables tareas que implica la atención integral de los diversos centros de salud de los barrios de nuestra ciudad. Estos despidos se dan en el momento en que la Secretaría de Prevención y Atención en Salud Comunitaria inicia la renovación de contratos de los y las trabajadoras monotributistas, y proponen un incremento en la retribución para este nuevo periodo”.
Por su parte, el Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba (CPSSPC) también repudió la situación y, desde allí, sostuvieron que fue “una nueva situación de precarización laboral y violencia institucional hacia colegas”. Además, expresaron su preocupación por los escasos equipos de trabajo interdisciplinarios en los centros de salud, exigieron el cumplimiento horario en condición de prestación de servicios, el pago de seguro de vida, monotributo e impuesto a sello, y denunciaron que los honorarios se encuentran por debajo de los valores establecidos en el nomenclador de prestaciones profesionales de Trabajo Social y por debajo de la canasta básica.
Desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba en conjunto con la Dirección de la licenciatura en Trabajo Social y la Oficina de Graduades hicieron pública la preocupación ante lo sucedido en el siguiente comunicado. Justamente, la Secretaría de Trabajo Social estaba elaborando un Protocolo de articulación con Políticas Sociales e, incluso, se había planteado la posibilidad de presentar un proyecto de residencia de Trabajo Social junto a la Facultad de Sociales, por lo que había instancias de trabajo en común con dicha cartera.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Leonardo Guevara/Radio Mitre.
