En San Juan, se criminaliza el 8M
Activistas sanjuaninas denuncian al Estado provincial por violencia política contra militantes en el marco del 8M. Tras la movilización y el paro internacional, la justicia sanjuanina imputó penalmente a cuatro feministas por una pintada en la Escuela Normal Superior Sarmiento, un monumento histórico nacional. Las activistas entienden que se trata de persecución y criminalización a la lucha por los derechos humanos.
Por Redacción La tinta
Este 8 de marzo, San Juan vivió, como otros años, una movilización masiva convocada por diversas organizaciones partidarias y no partidarias, que se desarrolló de forma pacífica. “Es la marcha más convocante en la provincia -explican Jani Godoy, Yanina Opaso y Virginia Cantoni, integrantes de la Colectiva y Asamblea Ni Unx Menos San Juan-. Las organizaciones se reúnen durante meses a debatir cuestiones políticas y poner en común las exigencias principales que tiene la sociedad y la militancia feminista de San Juan”.
Tras la marcha, apareció una pintada en la Escuela Normal Superior Sarmiento, patrimonio arquitectónico provincial y nacional. Ante esto, el Poder Judicial pidió averiguar lo sucedido y, ante la negativa de identificar a quienes realizaron los hechos, imputaron a cuatro activistas feministas por el delito penal de «daño agravado por pintar un edificio, patrimonio nacional y provincial». La Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Provincia de San Juan y la rectora del colegio decidieron participar en la causa como querellantes.
Además del pedido de sobreseimiento, feministas nucleadas en la Colectiva y Asamblea Ni Unx Menos San juan e Hilarias, Socorristas en Red, presentaron una denuncia contra el Gobierno de la Provincia de San Juan por violencia política, una forma de violencia tipificada en la ley 26.485, “al perseguirnos e intentar anular nuestras militancias pasadas, actuales y futuras -refieren las entrevistadas-. La denuncia no ha sido firmada solo por las imputadas, sino también por diversxs militantes de derechos humanos que comprenden que este ataque no es individual, sino a todxs lxs luchadorxs de derechos humanos y, por ende, a la sociedad en su conjunto”.
Allí, exponen que el Estado y sus agentes usaron indebidamente el derecho penal, sin fundamento y con el objeto de criminalizar la labor de defensoras de derechos humanos, deslegitimando las causas que persiguen. Para las activistas, la acción genera descrédito y persecución social hacia lxs luchadorxs sociales, limitando su vida política y desalentando la actividad pública, “vulnerando así gravemente nuestro derecho y el de otras mujeres y disidencias al ejercicio de una vida política libre de violencia”, denuncian.
No es la primera vez que se enfrentan a estas violencias, “han habido persecuciones a diversos actores de los derechos humanos, aunque no todas han llegado a la instancia en la que estamos nosotras -siguen las integrantes de la Colectiva y Asamblea Ni Unx Menos San Juan-. También entendemos que no se trata de hechos aislados, sino que forman parte de una cadena de abusos y violencias que se recrudecen en contextos de crisis, cuando los gobiernos, la clase política, demuestran que no pueden dar otra respuesta ante el saqueo, el hambre, las violencias, que ajustar y precarizar a lxs de abajo”. Agregan que son lxs activistxs quienes en la calle todos los días llegan a los lugares más recónditos, haciendo frente a las falencias del gobierno para con la comunidad. “Somos nosotrxs quienes acompañamos a víctimas de violencia asegurando que no las revictimicen y también somos nosotrxs quienes acompañamos abortos de forma cuidada, sin maltratos ni dilaciones, como sucede en gran parte del sistema de salud”, señalan.
La acción es acompañada política y económicamente por organizaciones sociales, partidos de izquierda y personas autoconvocadas, quienes se encuentran en la calle todos los días, refieren, luchando frente a las desigualdades. “Es justamente eso lo que le molesta al gobierno y eso mismo es lo que los ha llevado a perseguirnos y violentarnos políticamente”, sostienen. “Esto muestra que no hay decisión política real de cambiar las cosas, sino, más bien, existe en ellos el interés de mantener el estado actual de las cosas, con todas sus violencias y, a eso, sumarle el amedrentar y tratar por todos los medios de desarticular la militancia que realmente hace algo en la calle”, concluyen las activistas.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Ana Medero para La tinta.
