“¿Para qué quieren medios indígenas?”: la comunicación con identidad 12 años después de la Ley SCA
En un escenario de violencia física y estigmatización mediática contra los pueblos originarios y sus luchas, la necesidad de contar con medios de comunicación indígena se impone como imprescindible para la democracia. ¿Cuál es la situación de la comunicación con identidad 12 años después de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual?
Por Magdalena Doyle para Revista Plaza
En noviembre de 2021, en el marco del conflicto territorial que atraviesa el lof mapuche Quemquemtrew (Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro), hemos asistido a la producción y circulación, como parte del discurso de los medios de comunicación masiva, de representaciones de carácter estereotipado y estigmatizante en torno a los pueblos originarios en general y al pueblo mapuche en particular. Estigmas que finalmente operaron en la provisión de argumentos de odio sobre los que se perpetró el asesinato de un integrante del lof.
Esta construcción mediática sobre los pueblos originarios tiene lugar, a su vez, en un momento coyuntural en que el Poder Legislativo de la Nación debate la prórroga de la Ley de emergencia territorial indígena 26.160. Se trata de una ley sancionada en el año 2006, que establece la realización, en todo el país, de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por dichas comunidades.
En un contexto de afirmación de las comunidades y organizaciones como sujetos políticos colectivos que disputan por derechos ya reconocidos, desde los medios de comunicación masiva, se los construye y visibiliza como extranjeros, usurpadores, secesionistas, terroristas, sobre la base de desacreditar, de manera alternativa o todo ello a la vez, su pertenencia a aquellos pueblos, su misma existencia (como pueblos) o bien su preexistencia al Estado argentino.
Por fuera de esas coberturas mediáticas, que priman en momentos álgidos de las luchas indígenas por sus derechos territoriales, la presencia de pueblos originarios en medios masivos de comunicación es muy escasa, rozando la invisibilización casi total, salvo algunos casos en que aparecen como menores de edad a los que es necesario proteger y alimentar, o se relegan a un pasado folclórico, tal como analizó el INADI en el “Plan nacional contra la discriminación. La discriminación en Argentina. Diagnósticos y propuestas”, del año 2005. A su vez, el mismo informe explica que ello convive con una forma importante de discriminación que se produce en los medios audiovisuales de las provincias con fuerte multilingüismo: por ejemplo, en Salta, se hablan siete lenguas indígenas, pero toda la programación sigue siendo en castellano, y lo mismo sucede en otras regiones del país.
El «derecho a la comunicación con identidad»
La situación de sistemática vulneración de las posibilidades de ejercicio del derecho a la comunicación para los pueblos originarios viene siendo leída por muchas organizaciones indígenas de Argentina como un obstáculo a los distintos procesos de lucha que protagonizan, en la medida que resulta muy difícil explicar públicamente los sentidos de esas luchas y los derechos por los cuales se pelea, así como visibilizar y contribuir, desde los propios saberes, memorias e idiomas, a la construcción de una sociedad intercultural.
Fue en ese marco que, en 2009, cuando el gobierno nacional —encabezado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner—, con el respaldo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, presentó públicamente el proyecto de ley que reemplazaría al Decreto-Ley 22.285 de Radiodifusión, distintas organizaciones indígenas de Argentina propusieron su inclusión como sujetos de derechos en aquel marco normativo que se estaba gestando colectivamente.
Este planteamiento se construyó en diálogo con la definición del derecho a la comunicación impulsada por algunos de los organismos de cooperación internacional, aquella que asume que estos son derechos humanos, de carácter universal. Pero también complejizando esa noción, en la medida en que los comunicadores, las comunidades y las organizaciones indígenas propusieron repensar estos derechos desde sus propias necesidades, saberes, jerarquías y modos de construcción de la palabra pública.
La “Propuesta de inclusión del derecho a la comunicación con identidad de organizaciones de los pueblos originarios en el anteproyecto de Ley de servicios de comunicación audiovisual” explicaba la centralidad que tiene para los pueblos originarios el acceso a servicios de comunicación audiovisual, ya que estos “constituyen uno de los principales instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho a la identidad y a mantener y desarrollar los propios modelos culturales, el derecho a la auto-organización y el derecho a la participación en todos los asuntos que nos afecten”.
Una vez aprobada, la Ley SCA efectivamente reconoció a los pueblos originarios como sujetos de derechos. Este cambio normativo, y las políticas de comunicación que siguieron a la sanción de la ley en pos de su aplicación, condujeron a un incipiente proceso de transformaciones en las posibilidades de participación indígena en el sistema de medios: se otorgaron autorizaciones de funcionamiento a emisoras indígenas (en algunos casos, emisoras que funcionaban previo a la sanción de la ley y, sobre todo, a comunidades que hasta entonces no contaban con sus propios SCA); se implementaron capacitaciones en producción de contenidos audiovisuales para comunicadores indígenas, llevadas adelante por AFSCA, el Instituto Nacional de Asuntos indígenas y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; se otorgaron recursos a través de los Fondos de Fomento Concursables (FOMECA) del AFSCA. Simultáneamente, otras áreas del Poder Ejecutivo Nacional implementaron líneas de apoyo financiero y capacitación a esos medios, tal como el Programa Comunicarnos Fortalece, de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. A su vez, con la sanción de la ley, se institucionalizó la presencia de un representante de los pueblos originarios en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y en el Consejo Honorario de Medios Públicos.
Este incipiente proceso de participación indígena en el sistema de medios sufrió un parate a partir de diciembre 2015, por el cambio de rumbo de las políticas públicas de comunicación impulsadas por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri. A pocas semanas de su asunción, ese nuevo gobierno dejó clara su intención de finalizar con las políticas nacionales de comunicación que, en el marco de la Ley SCA, había implementado el gobierno anterior. El primer paso fue disolver la autoridad de aplicación de la Ley, el AFSCA. Así, el 4 de enero de 2016, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15, el gobierno creó el Ministerio de Comunicaciones y, bajo su órbita, creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). A partir de allí, se disolvieron los órganos colegiados de aplicación de la Ley SCA, con lo cual, los indígenas, igual que otros sectores sociales, perdieron esa posibilidad de participación; se limitó el otorgamiento de autorizaciones a nuevos medios y se demoraron las convocatorias y pagos de FOMECA. Ello, sumado al agravamiento de las condiciones económicas de la población en general, derivó en un cierre de muchas emisoras indígenas. Así, en 2018, un relevamiento federal de las radios y televisoras sin fines de lucro identificó 34 emisoras (32 radios y 2 televisoras) autodefinidas indígenas en funcionamiento (RICCAP, 2019).
A fines de 2019, con un nuevo cambio de gobierno a nivel nacional, se reactivó paulatinamente la convocatoria a los FOMECA y se definió un acompañamiento a las emisoras indígenas desde la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el INAI y el ENACOM, para que pudieran acceder a esas convocatorias y ejecutar los montos asignados. Ello se materializó en un notable incremento de las emisoras ganadoras de FOMECA desde el año 2020, pese a que se trató de un año signado por la pandemia de COVID-19. El siguiente cuadro presenta cifras aproximadas sobre cantidad de autorizaciones de uso del espectro radioeléctrico otorgadas a comunidades y organizaciones indígenas en los tres períodos mencionados y la cantidad de FOMECA ganados por emisoras indígenas:
¿Para qué quieren radios los indígenas?
En el año 2012, en el marco del debate en torno a la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en una entrevistada realizada por el diario La Nación, el periodista Jorge Lanata cuestionaba para qué querían medios los indígenas y expresaba: «Esta boludez de ‘hagamos la radio de los wichís’, ¿quién carajo va a escuchar la radio de los wichís? Y lo que es peor, ¿quién va a poner avisos en la radio de los wichís? ¿Y cómo les van a pagar el sueldo a los operadores?”.
Y las respuestas las dan los pueblos desde sus medios: todos/as, indígenas y no indígenas, tienen derecho a escuchar y ver las emisoras de pueblos originarios. Para esos pueblos, como explicaba una comunicadora guaraní de Salta en una entrevista, estos medios son “lugares donde ser libres”. Y para la sociedad toda, son importantes en pos de la construcción de democracias plurales y de espacios públicos interculturales.
Los medios indígenas y la disputa por territorios mediáticos y no mediáticos
“La comunicación es también un territorio a recuperar. Dentro de los territorios invadidos, colonizados, apropiados, está el de la comunicación”, nos explicaba hace algunos años un dirigente de la Confederación Mapuche de Neuquén en una entrevista. Lo que ello invita a pensar es en la centralidad que estos medios tienen para las organizaciones indígenas y, como veremos, para toda la sociedad. Y también en la compleja trama de luchas, memorias y necesidades que constituyen a esas experiencias.
En primer lugar: las luchas por los territorios como punto de partida. Una mirada transversal a los medios de pueblos originarios en Argentina (y, podríamos aventurarnos a decir, en toda América), permite reconocer que se trata de espacios y experiencias que surgieron, en la mayor parte de los casos, en el marco de procesos de luchas de las comunidades y organizaciones en torno a la preservación o recuperación de los territorios ancestrales.
Las luchas por defensa de esos territorios (luchas por la propiedad colectiva de las tierras, pero también contra ciertas formas de explotación minera, contra la tala indiscriminada de árboles, contra la privatización de los recursos acuíferos, etc.) son fundamentales para los pueblos originarios porque de ello dependen sus posibilidades de sobrevivencia material y cultural.
A su vez, esas luchas suelen ser invisibilizadas o tergiversadas en los medios nacionales y de cada localidad, aun cuando los pueblos y organizaciones hacen un esfuerzo por explicar sus puntos de vista:
«Un periodista de (el diario) La Nación una vez vino acá, fue a la ruka (casa, sede del lof Newen Mapu, en la ciudad de Neuquén), se entrevistó con varias de las autoridades mapuce… porque las comunidades estaban recuperando su territorio. Se le explicó que no estaban usurpando tierras, se le explicó qué era lo que hacían en la ruka. Y el tipo vuelve a Buenos Aires y su titular era ‘Los mapuce son entrenados por las FARC’, ‘están usurpando tierras de los pobres estancieros que tienen más de 15.000 hectáreas cada uno’ (entrevista a comunicador de la Confederación Mapuce de Neuquén)».
Entonces, los medios de pueblos originarios son centrales para visibilizar estas luchas en sus propios términos, para instalar en las agendas mediáticas de cada lugar las demandas y posiciones de esos pueblos, e incluso para limitar, con esa visibilización de los conflictos, la violencia que las fuerzas de seguridad suelen ejercer en procesos de desalojos. Así lo contaba, por ejemplo, un comunicador de la radio La Voz Indígena, ubicada en Tartagal (provincia de Salta):
«…había una vez también que, en Tonono (localidad ubicada a 35 kilómetros de Tartagal, Salta), había problemas con una empresa y los paisanos querían secuestrar la camioneta para que haiga negociación. Y bueno, el dueño fue, los denunció y… el juez ordenó que vayan a reprimir y ahí fue que murieron un anciano, había chicos lastimados con el gas lacrimógeno. Bueno, eso ningún medio sacó y nosotros sí lo sacamos. Y así… Información que en otras radios no salía, nadie sabía. Y bueno, creo que después salió en el diario también (entrevista a comunicador guaraní)».
Ello ocurrió también en el marco de la grave situación que atraviesa el lof Quemquemtrew, cuando una red de radios comunitarias e indígenas se articuló para producir y difundir información sobre ese conflicto que los medios comerciales están silenciando respecto del accionar policial.
En segundo lugar, resulta central entender que los medios indígenas son ámbitos que garantizan el derecho a la información, tanto para la sociedad toda, porque ofrecen datos, versiones y testimonios que no están en otros medios, como para las mismas comunidades indígenas. Un dirigente de la radio Runa Simi Kolla, ubicada en Iruya (provincia de Salta), por ejemplo, explicaba que, dada la distancia geográfica entre comunidades, la radio era el espacio de difusión de información a todas las personas del pueblo kolla de la zona en relación a problemáticas comunes (Siares y Doyle, 2018). Además, los medios indígenas garantizan ese derecho porque producen información en los idiomas de sus pueblos, información que, de otro modo, no sería entendida por la gente que tiene a los idiomas indígenas como primera o única lengua, por ejemplo, un alto porcentaje de la población wichí o qom.
A su vez, recuperando e incluso trascendiendo la noción del derecho a la información, podemos aseverar que los medios indígenas son centrales para ejercicio de lo que UNESCO ha dado en llamar el “derecho a la verdad”. Los especialistas en legislación relativa a la comunicación, Damián Loreti y Luis Lozano (2014), explican que, en los últimos años, UNESCO comenzó a plantear la relación entre el derecho a la información y el derecho a la verdad en los casos de violaciones graves de los derechos humanos: en estos casos, el acceso a la información resulta instrumental al derecho de las víctimas, sus familiares y de la sociedad en su conjunto a conocer lo ocurrido sobre las atrocidades cometidas en el pasado y hasta en el presente. Entonces, partiendo de asumir, como hizo Argentina en su Constitución Nacional, que los pueblos originarios preexisten al Estado y reconociendo, como ya está extensamente demostrado por las organizaciones indígenas y por gran parte de la academia de Argentina, que la construcción del Estado se realizó sobre la base de un genocidio de mucha población indígena, la garantía de ese derecho a la verdad resulta crucial para los pueblos originarios y para la sociedad en general. Y en la posibilidad de garantizar ese derecho, los medios indígenas resultan cruciales como ámbitos desde los cuales dichos pueblos expresan lo que tienen para narrar sobre la violenta historia de su inclusión a la nación argentina. Y también lo que tienen para decir sobre su presente: sobre las condiciones de vida y sobre las luchas, los conocimientos, las lenguas.
Hacia la descolonización del sistema mediático
Argentina es un país integrado por diferentes pueblos, saberes, memorias e idiomas. Esta configuración pluricultural ha sido históricamente invisibilizada por la historia oficial, los sistemas jurídicos, el sistema educativo, etc. En relación a todos esos ámbitos, dan la batalla los pueblos indígenas, siempre proponiendo la configuración de espacios de lo público interculturales, basadas en el reconocimiento de las diferencias y la posibilidad de aprendizaje muto. El sistema de medios no es la excepción en esa pretendida uniformidad cultural que ha sido transversal a la historia de nuestro país. Así, la lucha indígena por ser reconocidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue también una batalla por transformar el modo legítimo y legal de entender la constitución poblacional de la Nación, a partir de buscar la descolonización del sistema mediático y sus discursos.
Contar con medios propios implica la posibilidad de expresión de luchas, idiomas, memorias y sabidurías históricamente silenciadas: enseñar los idiomas indígenas a quienes quieran aprender; transmitir saberes medicinales históricamente negados; contar recetas de cocina y propiedades de alimentos propios de los distintos pueblos son algunas tareas que las comunidades se dan desde esos medios.
A la vez, también las estéticas y criterios hegemónicos sobre los modos de hacer radio o televisión se tensionan desde esos medios. Por ejemplo, en los medios indígenas, en esos idiomas y sonidos, habla la naturaleza. Así lo contaba, por ejemplo, un comunicador de la Radio La Voz Indígena de Tartagal: “Nosotros hicimos radioteatro sobre la historia de las conquistas del Chaco… y lo fuimos a grabar al monte, al río… porque ahí sí que hablan los pájaros, el viento, los árboles”. De igual modo, el canal Wall Kintun TV, ubicado en Bariloche, propone estéticas audiovisuales que retoman los colores de la wenufoye (bandera mapuce).
Y esa descolonización no puede desligarse de la necesidad de que exista un “espectro radioeléctrico intercultural”, un espectro al cual los indígenas puedan acceder a los medios en equidad de condiciones respecto de otros actores:
«El espectro radioeléctrico, el espectro radiofónico puede ser intercultural cuando hayan diez radios mapuche, diez radios católicas, diez radios no sé qué… ahí va a haber interculturalidad en la radiofonía, pero mientras tanto, si yo tengo puras radios que no son indígenas, no es intercultural la comunicación esa (entrevista a comunicador mapuche, Neuquén)».
Las radios indígenas en la pandemia
La centralidad de los medios indígenas para sus pueblos se expresó también durante la difícil situación que la sociedad toda, y especialmente los sectores que sufren mayores niveles de pobreza —entre ellos, gran parte de la población indígena—, atravesaron en el marco de la pandemia por COVID-19. De ello, da cuenta el Informe titulado Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19, y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina: el aislamiento; la carencia económica y de otros recursos básicos como el agua potable; las dificultades para acceder a servicios de salud; la imposibilidad de conectividad fueron algunos de los muchos factores que signaron las vidas en las comunidades. Y en ese contexto, los medios indígenas cobraron centralidad en tanto articuladores comunitarios y garantes de derechos básicos: el derecho a la educación, porque transmitían contenidos educativos en los propios idiomas; el sostenimiento de la comunicación entre familias aisladas; la ayuda para la carga de los formularios requeridos para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia, etc. Y, por supuesto, sostener en agenda los desalojos y violencia que atravesaron muchas comunidades, porque las actividades extractivistas no pararon en la pandemia.
*Por Magdalena Doyle para Revista Plaza / Imagen de portada: Alejandra Bartoliche.
