La denuncia de las pibas y un femicidio anunciado
Córdoba suma un femicidio más en este 2022. Ocurrió en Salsipuedes y quien se encuentra detenido e imputado es Fabián Alejandro Romero, pareja de la víctima. Más grave aún, Romero fue uno de los docentes que las estudiantes del IPEM 387 de Agua de Oro denunciaron por acoso el año pasado. A las pibas no les creyeron, desde el equipo directivo les dijeron que eran “exageradas” y que estaban haciendo una “cacería de brujas” y “arruinando familias” con esas denuncias. Este triste desenlace nos devuelve una realidad en loop: la insistente pregunta sobre los mecanismos institucionales y judiciales que no llegan a tiempo. Nunca.
Por Redacción La tinta
Margarita Sánchez, 51 años, vivía en Salsipuedes desde hacía poco, era chilena. Falleció este martes 19 de abril, en el Hospital de Urgencias en la ciudad de Córdoba, donde había ingresado por traumatismo de cráneo. Su pareja, Fabián Alejandro Romero, está detenido, acusado de golpearla y provocarle la muerte.
El fiscal de Violencia Familiar del Tercer de turno, Cristian Griffi, expresó: “El hombre declaró que la mujer se había lesionado. Se habría desvanecido, según él, y golpeado la cabeza”. Sin embargo, profesionales de la salud a cargo del caso pusieron en duda la versión de Romero: “Presentaba lesiones en todo el cuerpo, pero las que habrían producido la muerte cerebral son los golpes en la cabeza”, por lo cual llamaron a la policía.
La noticia circuló rápidamente en redes, el octavo femicidio en lo que va del año en la provincia. En enero, Córdoba estuvo en primer lugar, con la cifra más alta en el país: 6 femicidios. Alarmante y la cosa no cambió mucho. Tampoco la respuesta desde el Estado provincial hacia la demanda de medidas para atender la emergencia en violencia de género. Y sobre todo, en el interior de la provincia, donde el acceso a la protección de derechos y acompañamientos en caso de violencias es escasa o nula.
Llama la atención que, desde la fiscalía, indicaron que el hombre acusado no tenía denuncias previas por violencia de género. Pero Romero ya había sido noticia el año pasado.
El 18 de octubre del 2021, estudiantes del IPEM 387 de Agua de Oro realizaron una masiva movilización frente al colegio para denunciar casos de acoso, abuso y maltrato machista de parte de varones adultos que trabajan en la institución. Ante la exigencia de la directora de que les estudiantes presenten pruebas, comenzaron a recopilar testimonios: hubo doce relatos de acoso en un solo curso. Habían vuelto a la presencialidad, volvían a habitar las aulas y estalló la bronca de la violencia dentro de la escuela y del ninguneo, que se tradujo en el reclamo estudiantil.
El Centro de Estudiantes tomó la posta y las familias acompañaron. Hicieron una sentada sobre la Ruta E-53, frente al colegio y comenzó el camino de trascender los muros escolares, volver público un problema que, dentro de la institución, solo resonaba en la deslegitimación a los relatos de las estudiantes y la normalización de la violencia.
Uno de los denunciados fue Romero, quien se desempeñaba como profesor de Tecnología y Física en el IPEM 387, y también en otras escuelas de la zona, según informó el portal Agua de Oro Noticias.
Según acusaron les estudiantes, desde 2008 que se registraron denuncias que no prosperaron y apuntaron contra la directora de la institución, Mariana Carranzani, quien no siguió inmediatamente el protocolo de vulneración de derechos, descolgó los carteles y acusó a las estudiantes de hacer una “cacería de brujas”. Uno de los carteles decía: “No es histeria, locura o problemas de ira. Es la realidad que vivimos todos los días”.
Hoy, nuevamente, hay que insistir en la modalidad adultocéntrica y machista en las instituciones escolares, que deslegitima las voces de les estudiantes, de las víctimas de abusos, que se resisten a implementar la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) desde un enfoque de derechos y género, y en su transversalidad.
La burocracia institucional, los mecanismos de denuncia y los procedimientos judiciales, junto con la falta de recursos disponibles para denunciar y acompañar esos casos, pone nuevamente en escena la necesidad de medidas concretas y eficaces para abordar las violencias machistas en todas sus formas y expresiones.
“Se necesita ESI para dejar de normalizar el acoso”, era otra de las frase escrita en un cartel por estudiantes del IPEM 387. Una de las madres, en diálogo con La tinta, nos dice que hoy es una mañana dolorosa para la comunidad. Aclara que los cuatro docentes denunciados el año pasado fueron apartados, pero no tienen conocimiento de cómo sigue el procedimiento legal y administrativo, ya que no fueron informadas las familias.
Remarca además que, hasta el día de hoy, no se implementaron talleres de ESI y nos comparte la carta que escribieron las familias del colegio:
«Exageradas», «No hagan circo», «Traigan pruebas», «Paren la cacería de brujas”, [Ellos] «Tienen familia», «Van a arruinarles la vida». Esas frases fueron dichas por la directora del IPEM 387 a nuestras hijas, hijes e hijos. Así les respondió cuando acusaban (entre otros docentes) al femicida que hoy está preso, por manifestar de manera constante actitudes misóginas y de acoso. Revictimizadas una y otra y otra vez, las voces no fueron, sin embargo, acalladas. Con su lucha, el ejemplo lo dieron las, los y les estudiantes quienes forzaron la aplicación del marco normativo vigente, logrando que se lo aparte (a él entre otros). Solo por eso, hoy no estaba frente a las aulas. Reivindicamos la movilización del Centro de Estudiantes. Lamentamos profundamente la muerte de la víctima. Abrazamos a su familia. Y reiteramos nuestro repudio a toda manifestación de violencia por razones de género”.
Las respuestas integrales que nos faltan
El Ministerio de la Mujer de Córdoba tiene concentrada la política pública de asistencia y acompañamiento a las violencias de género en el Polo de la Mujer en la ciudad de Córdoba, e intentan -fallidamente y con escasos recursos- descentralizar la demanda en el interior a través de la implementación de los Puntos Mujer, en articulación con el Ministerio, las Unidades Judiciales y la línea telefónica.
La realidad es que, en el interior y principalmente en zonas rurales, en muchos casos, no llegan a denunciar por desconocimiento, por falta de acceso a derechos, por situaciones de vulnerabilidad o aislamientos, entre otras situaciones.
Según el último informe del Observatorio de Violencias de Género Ahora que sí nos ven, que incluye hasta el 31 de marzo, en Argentina, hay 1 femicidio cada 27 horas en lo que va de 2022, el 63% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas, el 65% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. Hubo 3 transfemicidios/travesticidios, 4 femicidas policías y 1 militar, 23 femicidas se dieron a la fuga y 19 se suicidaron, 11 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 4 tenían medidas de protección, al menos 67 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en lo que va de 2022.
Este jueves, se cumplen 3 meses del suicidio de Luana Ludueña, quien había denunciado por violencia sexual al ex Director General de Protección Civil de la provincia de Córdoba, Diego Concha, amparado por la gestión actual, cómplice de sus violencias y acciones. Los suicidios feminicidas se suman al registro de femicidios, porque son consecuencia del abuso de poder crónico, basado en motivos de odio o menosprecio a la condición de mujer e identidades feminizadas, o en contexto de violencia de género.
“De las 79 víctimas de femicidios ocurridos en 2022, 11 habían realizado al menos una denuncia y 4 tenían medidas de protección. Es decir que solo el 14% pudo acceder al sistema de justicia y solo el 5% logró una respuesta de la misma (medida de protección), sin embargo, las asesinaron. Por omisión, inacción, negligencia o simple machismo, lxs actores judiciales no asistieron y contuvieron de forma efectiva a las víctimas”, aseguraron desde el Observatorio.
Estos datos, que no son meros números, sino historias con nombre, obligan a mirar las políticas actuales, evidentemente insuficientes y poco efectivas ante un problema estructural, no solo para evitar las muertes, sino para avanzar hacia vidas cada vez más libres de violencia.
* Por Redacción La tinta. / Imagen de tapa: La tinta.
