Inflación: todo precio es político
La recomposición de la tasa de ganancia de los formadores de precios y los intereses devaluatorios de los grandes exportadores empujan la inflación. Lo que está en juego es una disputa por el poder político.
Por Eduardo Lucita para ANRed
Una vez más, la inflación ocupa el centro de la escena política nacional. El acotado congelamiento de precios es visto como una medida electoral. Sin embargo, una mirada más profunda permitiría ver el regreso de la puja distributiva que implica también una disputa de poder.
La inflación, como el endeudamiento externo y la fuga de capitales, son rasgos distintivos, limitaciones estructurales del capitalismo local, que ningún gobierno -sea cual fuera la fracción de capitales a cargo del comando del bloque de las clases dominantes- logró resolver.
Conviene retomar aquí la formulación de los Economistas de Izquierda en un documento de principios del 2010: «En toda formación social capitalista, la inflación es resultante de tensiones contradictorias al interior del proceso de producción que se expresan de distintas maneras según la coyuntura».
Contrariamente a la teoría neoclásica que supone que es el mercado el que impone los precios de la economía, sostenemos que los precios son resultado de una doble disputa: por un lado, al interior de las clases capitalistas por la apropiación del excedente económico y, por otro lado, la tensión entre patrones y asalariados por la apropiación de renta (puja distributiva). Es este conflicto de intereses el que explica los procesos de suba de precios y que se expresa crudamente en estos días.
La espiral se espiralizó
La evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre arrojó un 3,5 por ciento, cortando un sendero levemente descendente de varios meses, y reforzó un proceso inflacionario, que en los últimos 12 meses supera el 50 por ciento, en ascenso, derrumbando todas las previsiones del ministro de Economía.
Su evidencia encendió las alarmas gubernamentales, más aún al conocerse algunos datos de la primera quincena de este mes que, proyectados, lo dan nuevamente por arriba del 3 por ciento. En paralelo, la corrida contra el peso presiona sobre los tipos de cambio ampliando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el contado con liquidación y el blue. Como sabemos, nuestra economía muestra una interacción sistémica entre la evolución de los precios y el tipo de cambio, que se potencian y realimentan mutuamente. En las condiciones actuales, una disparada del dólar nos pone al borde de la hiperinflación.
¿Qué empuja la inflación?
La característica de esta coyuntura es que los precios básicos de la economía -sobre los que todo gobierno interviene- no influyen particularmente en la actualidad. El tipo de cambio oficial está controlado, las tarifas y los combustibles congelados, los salarios hace cuatro años que pierden frente a la inflación. No hay evidencias de inflación de costos.
Es evidente que en el país sobran pesos producto de que el gobierno financia con emisión parte del déficit fiscal y que luego se ve obligado a pagar altas tasas con las Leliq para esterilizar buena parte de esa emisión. Lo que se vuelca al consumo no tiene una magnitud tal para impulsarlo fuertemente. Por otra parte, la capacidad instalada es del 65 por ciento, es decir, las empresas tienen margen para aumentar la producción sin mayores costos. No se puede hablar de una inflación de demanda.
¿Entonces, qué empuja la inflación? La recomposición de la tasa de ganancia de los formadores de precios y los intereses devaluatorios de los grandes exportadores. También la inflación global en alza.
Todo precio es político
La respuesta del nuevo Secretario de Comercio Interior no se hizo esperar. Congelamiento de precios, retrotrayéndolos al 1° de octubre, de escasos 1.432 productos, la mayoría integrantes de la canasta básica. Una medida de emergencia que intenta romper la inercia, pero que no ataca en su raíz el problema de la inflación estructural. No se resuelve con controles.
Lo que está en juego es una disputa por el poder político. Las declaraciones de la COPAL, de las Cámaras de Comercio de Argentina y de EE. UU., de la AEA, coincidentes con las de dirigentes de la oposición (trabajar a pérdida, desabastecimiento) hablan de una puja distributiva, pero también de una disputa por el poder político, no en el sentido destituyente, como cree el oficialismo, sino en el de condicionar toda política gubernamental que afecte la tasa de ganancia empresaria.
No hay mayores alternativas. Se necesita una clara y decidida política intervencionista estatal apoyada en el control social. Control obrero de la estructura de costos de las formadoras de precios, transparentando las ganancias e imponiendo criterios de razonabilidad de las mismas. Extender ese control a las cadenas de distribución y comercialización. Desvincular los precios locales de los bienes exportables con mecanismos impositivos.
En definitiva, un programa para enfrentar eficazmente las tendencias inflacionarias en nuestro país requiere de una fuerte decisión política en cuanto a la intervención del Estado y el mayor protagonismo obrero y popular posible.
*Por Eduardo Lucita para ANRed / Imagen de portada: La tinta.
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).
