La economía precarizada: ¿quiénes, dónde y de qué trabajan las casi tres millones de familias inscriptas en el ReNaTEP?
El reporte presentado por el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) muestra una radiografía sobre la situación de una amplia franja de la población que se encuentra desocupada, con changas o trabajos que no le permiten cubrir las necesidades básicas, en un marco donde la pobreza escaló al 42% y la inflación al 9,6%.
Por Nicolás Salas para ANRed
El reporte presentado por el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) muestra una radiografía sobre la situación de una amplia franja de la población que se encuentra desocupada, con changas o trabajos que no le permiten cubrir las necesidades básicas.
“Oga Guazú” (casa grande en guaraní) es un comedor comunitario que funciona en la calle 609 y 118 en la localidad de Villa Elvira en La Plata. Cinco trabajadoras por turno cocinan para 60 familias de manera diaria, alrededor de 350 personas. Cada una de las trabajadoras cobra un Potenciar Trabajo que no supera los 14 mil pesos mensuales y asisten a cientos de vecinos que, al igual que ellas, dependen de changas o trabajos precarios para subsistir.
La pobreza escaló al 42% y la inflación al 9,6%. Detrás de las estadísticas y los números, se encuentran personas de carne y hueso que, como en Oga Guazú, intentan llegar a fin de mes o al menos llevar un plato de comida a la mesa.
El reporte de agosto del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) muestra una radiografía de los oficios, género y tipo de organización que asumen unas 2.830.520 de personas que se inscribieron entre julio del 2020 y el 11 de agosto del 2021.
No todas las personas relevadas cobran un programa de empleo que acompañe la actividad que realizan. El “Potenciar Trabajo”, programa de empleo orientado a reforzar salarialmente a los sectores más afectados por la crisis, no llega a cubrir ni la mitad de las personas inscriptas en el registro, ya que en la actualidad abarca a 1.038.813 de personas. A comienzos de la pandemia, se daba al interior del gobierno una discusión en torno a elevar el número de dichos planes a dos millones, buscando llegar a cifras similares a las de 2002, cuando Duhalde lanzó el plan “Jefes y Jefas” como línea de contención social a una crisis abierta. Dicha perspectiva fue perdiendo peso y terminó de descartarse con el arribo de Zabaleta al Ministerio de Desarrollo, quien públicamente aseguró que no se cargarían más planes y que las energías de la política pública estarían concentradas en el plan empalme.
Volviendo al ReNaTEP. El 57,4% son mujeres, es decir, unas 1.624.006, mientras que el 42,6% son varones (1.206.514). El número es significativo si se lo compara con el sector asalariado privado donde las mujeres representan tan solo el 32,9% [1]. Cabe destacar que el registro, al igual que en la gran mayoría de los relevamientos (privados o públicos), no contempla la situación de las identidades “disidentes” (trans, travas, no binaries, lesbianas, entre otras).
Otro aspecto a resaltar tiene que ver con la franja etaria. Aquí aparece la llamada “juventud precarizada” que encuentra enormes dificultades para conseguir empleo formal, vive en la desocupación, de changas o tiene trabajos poco remunerados. El 64,2% de quienes se anotaron en el registro tienen entre 18 y 35 años, es decir, 1.813.880 de personas.
El peso significativo del conurbano bonaerense en la densidad demográfica y la pobreza del país posee su correlato directo en el segmento del informe donde se describe el territorio donde viven las familias. El grueso de los inscriptos reside en la provincia de Buenos Aires, alcanzando el 35,6% del total nacional. Le siguen Tucumán (6,2%), Santiago del Estero (6,1%), Salta (6,1%) y Chaco (5,8%). “El 40,2% restante de las inscripciones presenta una alta dispersión a lo largo del país y ninguna provincia alcanza el 5%”, asegura el informe del organismo nacional.
¿De qué trabajan? El relevamiento segmenta los oficios en varias categorías [2] que engloban distintas actividades. La más preponderante que se refleja con precisión es la concerniente a trabajador/a de comedores y merenderos comunitarios que contiene a 444.440 personas, de las cuales el 62,8% son mujeres y el 37,2% varones. “Servicios de limpieza” es otra de las actividades relevantes con 177.887 (el 88% son mujeres y 12% varones) y el tercero del podio es “agricultor/a” con 111.618 (repartido en 46,9% mujeres y 53,1% varones) [3].
El tipo de actividades descriptas no es fruto de la casualidad si se tiene en cuenta el peso significativo que tienen las organizaciones sociales en la estructuración del ReNaTEP. En principio, porque la CTEP fue la impulsora del proyecto que finalmente se concretó en 2016 a partir de la aprobación de la Ley de Emergencia Social. En segunda instancia, porque allí se vuelcan las construcciones que la mayoría de las organizaciones sociales vienen realizando desde dos décadas atrás, mucho tiempo antes que a dichos trabajos se los encuadrara con el nombre de “economía popular”. A su vez, el relevamiento contiene al espectro de actividades que los movimientos fueron incorporando en los últimos años, como son el trabajo ambulante, feriante, de producción rural a mediana escala, entre otras actividades.
Por otra parte, el informe permite desglosar qué parte de esta población pertenece a fuerza organizada en movimientos sociales y cuál solo responde a actividades individuales de subsistencia. “En relación a la organización del trabajo, tal y como se indicó en el Informe General del ReNaTEP presentado en mayo de este año, se observa que la mayor parte de los/as trabajadores/as lleva adelante sus actividades de manera individual (59,5%) mientras el 40,5% restante se organiza de manera colectiva”, asegura el informe en uno de sus fragmentos.
En ese sentido, dentro de la organización colectiva, se incluye “Organización comunitaria o social”, ítem utilizado por los movimientos sociales al momento de inscribir a sus cooperativistas. De allí, puede deducirse que, del volumen total de lo que sería la economía popular, unas 611.082 (23%) son personas organizadas y se mueven en torno a un programa de acción que puede oscilar entre el amplio mundo ideológico piquetero que va desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) hasta la Unidad Piquetera (Polo Obrero, FOL, FPDS-CP, Barrios de Pie-LdS, MST, entre otros). Tampoco pueden descartarse tareas que se llevan a cabo a partir de las iglesias e instituciones religiosas que intervienen en el seno de los barrios populares, villas o asentamientos.
La fuerza organizada no puede reducirse solo al ítem “organización comunitaria o social”, ya que las estadísticas también contemplan un 7,9% concerniente a las cooperativas de trabajo y un 1,1% a la agricultura familiar, sectores donde organizaciones del sector articulan y desarrollan tareas sindicales y sociales.
Sigue abierta la discusión dentro del gobierno, y afuera también, de cómo abordar la situación de millones de familias que viven en la precariedad laboral y hacen milagros para cubrir sus necesidades básicas. Varias opciones se manejaron desde la coalición de gobierno que van desde la propuesta de llegar a dos millones de planes, la creación de una renta universal por familia desocupada y la aplicación de un IFE específico y por única vez para el sector. Cualquiera de las iniciativas que se elijan, u otras que surjan en el transcurso de estos meses, estará atada a una discusión mayor que pone en tensión al frente “Todos” y agrava la crisis desatada tras la derrota en las últimas PASO; incrementar el gasto público o mantener controlado el déficit primario tal como lo exige el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, en “Oga Guazú” y en miles de comedores comunitarios del país, las trabajadoras de la economía popular o precarizada le ponen el pecho a una crisis que no pareciera ser de corto aliento.
Ver informe completo
*Por Nicolás Salas para ANRed / Imagen de portada: Mundo Gremial.
Notas
[1] El informe compara las estadísticas a partir de la información extraída del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
[2] “Servicios personales y otros oficios”, un 32,8% (839.301 personas) – “Servicios sociocomunitarios” un 28,8% del total (737.114) – “Comercio popular y trabajos en espacios públicos”, un 12,1% (310.642 personas) – “Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental”, un 9,2% (234.955 personas) – “Agricultura familiar y campesina”, un 8,3% (213.367 personas) – “Recuperación, reciclado y servicios ambientales”, un 3,9% (99.135 personas) – “Industria manufacturera”, un 3,8% (97.190 personas) – “Transporte y almacenamiento”, un 1,2% (30.759 personas).
[3] El segmento más elegido de todo el registro se da en “Servicios Personales y otros oficios” con el ítem “otros” (409.567), el cual no permite traducir qué tipo de actividad específica se realiza.
