Chaco: cinco detenidos y la familia amenazada por el asesinato del joven qom en San Martín
«Lo mataron de frente y a sangre fría”, gritaba embroncada la comunidad. Guillermo Viñuela sería el nombre y apellido del policía que ejecutó el disparo, aunque Elida, la procuradora indígena, refiere que todos los policías actuaron en conjunto y que el jefe en ningún momento dio la orden de parar la represión. «Lo mataron con la pistola 9 mm, su arma reglamentaria. Nosotros no estamos en contra de la autoridad, creemos en la justicia». Hasta el momento, hay cinco efectivos detenidos. El domingo, la familia el joven asesinado se presentó en la Secretaría de Derechos Humanos para denunciar que están siendo víctimas de amenazas y hostigamiento por parte de personas desconocidas. El lunes, organizaciones sociales movilizaron en CABA pidiendo justicia y, ayer, hubo una movilización a la Casa de Gobierno en Resistencia.
Por Manuela Wilhelm para ANRed
Elida Gonzáles es la procuradora indígena de Chaco. Asumió hace un año su cargo y vive en Resistencia, la capital de la provincia. La tarde en que la policía chaqueña reprimió con balas de goma, plomo y gases a la comunidad qom del Barrio Los Silos, Elida gestionó una camioneta desde el gobierno de la provincia y llegó hasta la casa de Delfino Lago. Allí conversó en lengua qomlaqtaq con el anciano de la comunidad que, hasta ese día, tenía tres hijos, pero la policía le mató a Josué Florentín Lago, de 22 años, en la vereda de la escuela del barrio.
Elida comparte el testimonio de una mujer que es testigo del asesinato de Josué: “Guille Viñuela. Y Diego Escobar es otro tirador, muchas veces le tiró a Nando. Acá mi hijo Nando se salvó de una que no le mató el Diego Escobar, que le trajo a los tiros hasta mi casa. Ellos (la policía) no son dueños de matar, nadie es dueño de matarnos como animales. Cuando se fueron, pedían socorro para que vaya la enfermera para que le auxilie. Ahora le van a culpar que ellos le tiraron”, dice la vecina.
Las imágenes de la represión muestran a plena luz del día a jóvenes y mujeres corriendo con los niños en brazos para escapar de las balas policiales. Unas seis camionetas que patrullan a toda velocidad por las calles de tierra y efectivos a pie arrojando granadas de gas lacrimógeno y disparando a mansalva por las calles de tierra. Junto a la vereda del jardín de infantes de Los Silos, el cuerpo de Josué descansa bajo una manta blanca y azul. Los vecinos y vecinas lo rodean, intentan proteger su cadáver mientras el ruido de las balas aturde.
Elida tiene angustia. El padre de Josué es un hombre muy mayor y vive en la humildad, dice. Por eso, pide a través de la entrevista con ANRed la solidaridad de la comunidad para acercarle mercadería o la ayuda que puedan.
Delfino perdió a su hijo de 22 años, artesano, trabajaba en cestería y tenía su familia junto a una mujer. “Hay muchos desocupados, falta el trabajo”, dice Elida sobre la situación de las comunidades qom.
La procuradora destacó la intervención de Jorge Capitanich, quien gobierna Chaco desde hace 17 años (de 2007 hasta 2015 y de 2019 hasta la actualidad), y llamó a Delfino la noche en que la policía de la provincia mató a su hijo «a sangre fría». En un video registrado por Elida, se escucha al mandatario afirmar al anciano: «Sepa que va a contar con todas las garantías necesarias para esclarecer el hecho y castigar a los responsables». Una promesa de quien gobierna una provincia donde la represión, torturas, violaciones y asesinatos policiales contra integrantes de las comunidades qom de la provincia son hechos constantes, repetidos, sistemáticos y casi una costumbre.
«Ese hombre no sabe trabajar, tiene que sacar una papa, porque le va a pudrir el resto», contesta el padre de Josué desde su comedor con piso de tierra. Así es, le contesta la voz al otro lado del teléfono.
Luego de la llamada, en la penumbra, Delfino escucha a Elida y también a Celina Tamay, del Consejo Consultivo Indígena: «Si hay algo que nos enseñaron nuestros ancestros es que aquel líder y cacique tiene que velar por su pueblo, no solamente estar hoy, sino siempre».
El lunes por la mañana, el hermano de Josué, Cristian, y la tía, Mabel Escalante, se acercaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia para denunciar amenazas por parte de sujetos no identificados. «Estamos recibiendo llamadas a familiares» y pidieron que no sea la policía que se encarga de la custodia familiar.
El Comité contra la Tortura de Chaco se constituirá como querellante en la causa que investiga el asesinato. La calificación legal fundamentada es la de “homicidio doblemente calificado por ser cometido por odio racial y por un integrante de las fuerzas de seguridad”. El planteo iría desde un inicio contra cinco (5) funcionarios policiales, todos pertenecientes a la Comisaría de General San Martín. En un reciente comunicado, la organización de Derechos Humanos expresó:
«El asesinato de vecinos y vecinas qom por parte de la policía provincial no es un caso aislado. Este caso de gatillo fácil tiene lugar a un año del allanamiento ilegal, represión y tortura a jóvenes de la comunidad qom en la localidad de Fontana, causa que, si bien alcanzó repercusión nacional, hasta la fecha, los policías no tienen condena».
Y como en aquel caso de Fontana, a unos kilómetros, en la localidad de San Martín, en el caso de gatillo fácil contra Josué Lago, interviene el Órgano de Control Institucional de la Policía (OCI). La OCI es un organismo históricamente cuestionado de parcialidad y que se supone abolido desde la entrada en vigencia de la ley orgánica policial de la provincia de Chaco en 2012.
«Queremos decirles que no vamos a tolerar la impunidad. No vamos a tolerar que estos hechos pasen desapercibidos ni que vuelvan a ocurrir. Seguimos trabajando para el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia», aseguró en aquel entonces la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, días después del 31 de mayo de 2020, día en que policías provinciales reprimieron, torturaron y abusaron sexualmente a cuatro jóvenes qom dentro y fuera de la comisaría de la localidad de Fontana.
En su momento, el gobierno de Capitanich también declaró: «Repudiamos este accionar ilegal, violento y arbitrario de integrantes de la policía que nada tienen que ver con el compromiso que lleva adelante el gobierno y la policía misma con el estado de derecho y las garantías de los derechos humanos, así como también repudiamos todo tipo de violencia».
A un año del hecho, los policías de Fontana implicados en la tortura y el abuso sexual aún gozan de la impunidad. En cambio, los daños psicológicos y económicos para esas familias siguen. Y la impunidad y la repetición de la crueldad estatal contra las comunidades qom hace crecer ese daño.
«El desplazamiento del cabo Olivello el año pasado, decidido por el gobernador luego de las masivas manifestaciones en su contra, en ningún momento significó que el poder político, tal como lo establece la ley, se hacía cargo de la riendas de las políticas de seguridad, que pasaron directamente a manos del nuevo jefe, Ariel Acuña, también cuestionado por su responsabilidad en la represión del año 2015 sobre la ruta 11 que derivó en la muerte del dirigente social Ángel Verón», afirma Carlos Martínez, diputado provincial y presidente de Libres del Sur Chaco.
*Por Manuela Wilhelm para ANRed / Imagen de portada: Infobae.
