Argentina: catástrofe económica sin crisis política
En la medida que la crisis persiste, el deterioro social se profundiza y las potencias defensivas de los sectores populares se debilitan. En ese terreno, ganan consenso alternativas de derecha, afuera o adentro del Frente de Todos, radicales o moderadas. Y es en ese escenario que cobra importancia si se produce o no una irrupción popular.
Por Adrián Piva para JACOBIN
En un artículo anterior, señalábamos que la pandemia del COVID-19 había impactado sobre una economía estancada desde 2012 y en fase de crisis abierta desde abril de 2018. El trasfondo de la larga crisis es la insuficiencia del ajuste fiscal y de la devaluación de la moneda como mecanismo de salida de la inestabilidad.
En un contexto mundial marcado por la crisis de 2008 y la fase de crecimiento débil posterior, las transformaciones del capitalismo global (crisis del neoliberalismo, reorientación de los flujos financieros y comerciales, reorganización de las cadenas de valor, incorporación de nuevas tecnologías en la producción y los servicios, etc.) indican tiempos de reestructuración capitalista.
En Argentina, la última gran reestructuración productiva se produjo en la primera mitad de los noventa, en el marco de la ofensiva neoliberal, y la fase de estancamiento iniciada en 2012 encuentra uno de sus fundamentos en el agotamiento de la base productiva sobre la que se desarrolló el crecimiento entre 2003 y 2011. En este escenario, «la doble crisis» articula un mecanismo de presión objetiva por la profundización del ajuste y por el avance en la reestructuración productiva, bloqueada por la resistencia popular durante el gobierno de Macri.
También decíamos que el peronismo había cumplido nuevamente su papel de «partido del orden», pero de un modo particular: en lugar de venir a suturar una crisis general, como en 1989 y 2002, había evitado, hasta ahora, que la crisis económica deviniera en crisis política.
El gobierno del Frente de Todos interioriza las presiones «por arriba» por el avance en el ajuste estructural, expresado en el programa de triple reforma (fiscal, previsional, laboral) que impulsa el gran capital. Las fracciones industriales y agroindustriales exportadoras son parte de su coalición política, especialmente a través del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y una de las tres patas del frente oficialista. Pero también por medio de la alianza que el kirchnerismo estableció con el capital petrolero a través de YPF y de la representación política del capital agrario que ejercen los gobernadores peronistas de Santa Fe y Entre Ríos, y los sectores oficialistas del peronismo cordobés [1].
En simultáneo, empero, el gobierno del Frente de Todos interioriza además las presiones «por abajo» de bloqueo a la reestructuración a través de la presencia en la coalición de sindicatos, movimientos sociales y el movimiento feminista. El loteo de ministerios y secretarías entre los diferentes grupos políticos ha transformado al Poder Ejecutivo en terreno de esas disputas, que tienden a simplificarse en una guerra de «todos contra el ministro de Economía Martín Guzmán».
Un giro (algo más que) coyuntural
En el mes de setiembre de 2020, se inició una corrida cambiaria que pareció enfrentar al gobierno a un desenlace catastrófico y explosivo de la crisis. Se aceleró la demanda de dólares en el mercado oficial en los límites que permitía el control de cambios y se dispararon los precios de los «dólares financieros» (los mayoristas y legales dólar «bolsa» y «contado con liquidación» y el minorista e ilegal dólar «blue») [2].
La respuesta a la corrida –además de un reforzamiento de los límites a la compra de dólares en el mercado oficial y un mayor control de la demanda para importaciones– fue un giro ortodoxo en la política fiscal y monetaria, y un acercamiento a las fracciones exportadoras de la agroindustria y el petróleo.
Respecto de la política monetaria, la intervención del Banco Central (BCRA) mostraba ya desde abril una orientación al fuerte control de la expansión monetaria [3]. Tras la corrida, se sumó a ello una activa toma de deuda en moneda local por parte del Tesoro de la Nación, que buscó financiar no solo la deuda previamente contraída, sino también el déficit fiscal, reduciendo de ese modo la emisión monetaria. Como resultado, si entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 la base monetaria creció un 22%, entre el 31 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021 lo hizo un 1,6%. Para dimensionar el dato debemos tener en cuenta que, durante 2020, la asistencia del BCRA al Tesoro superó los 2 billones de pesos (unos 21 millones de dólares) (Fuente: BCRA).
En lo que refiere a la política fiscal, se suspendieron los principales programas de asistencia social frente a la emergencia de la pandemia, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) [4]. Ello a pesar de que se dispararon los índices de pobreza –el porcentaje de población bajo la línea de pobreza llegó al 42,6% en el segundo semestre de 2020– y de que la actividad económica, que experimentó cierta recuperación tras la reapertura de actividades desde fines de 2020, no había alcanzado durante el primer trimestre de 2021 los bajos niveles prepandemia (Fuente: INDEC).
Como resultado, se produjo una importante caída del déficit fiscal en el primer trimestre de 2021: el déficit primario cayó 56% en términos reales respecto del mismo período de 2020 y el déficit financiero representó un 0,5% del PBI (Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación). Aunque dicha caída expresó también el aumento de la recaudación, explicado, en gran medida, por el impacto en los derechos de exportación del aumento del precio internacional de las materias primas. La continuidad de esa política es el intento de Guzmán, actualmente en marcha, de reducir los subsidios del Estado a las tarifas de servicios públicos incrementando los precios minoristas.
Acompañando este giro ortodoxo de las políticas monetaria y fiscal, y habiendo archivado el proyecto de expropiación de Vicentin, el gobierno escenificó un acercamiento con la gran burguesía industrial exportadora a través de encuentros con Roca (Techint), Bulgheroni (Pan American Energy) y el Consejo Agroindustrial Argentino. En aquel contexto, tales encuentros dan cuenta de algo más que de la agitación de bandera blanca en un coyuntura de fuga de capitales. Expresan la apuesta de largo plazo del gobierno: una macroeconomía ordenada (Guzmán dixit) que apuntale una salida exportadora basada en el procesamiento industrial de recursos naturales.
Guzmán, Kulfas, Todesca, y un largo etcétera, nos dirán que esa es la base sobre la cual una política industrial inteligente buscará romper los fundamentos de las crisis externas recurrentes. Y no mienten, eso efectivamente desean. Pero desde 1976 todos los gobiernos (aun cuando no quisieron, como en los casos de Alfonsín y de los Kirchner) no han hecho más que impulsar esa modalidad de desarrollo dependiente. Cuando necesitan relanzar la acumulación de capital, solo encuentran apoyo en los únicos sectores dinámicos con los que cuentan: las industrias exportadoras de commodities.
Y ese relanzamiento requiere todavía algo más: un acuerdo con el FMI que dé la puntada final al proceso de reestructuración de la deuda externa, y el avance en el programa de la «triple reforma», que brinde el marco a la reestructuración de la producción y el mercado de trabajo. Es decir, requiere continuar por otros medios y con otros modos –mayor negociación de sus contenidos y de sus tiempos– la ofensiva contra la clase obrera iniciada por el macrismo.
Al vaivén
Pero… el Frente de Todos llegó al gobierno como resultado del fracaso macrista y conteniendo a las fuerzas que bloquearon esa ofensiva. No es de extrañar, entonces, que el afán ordenador de Guzmán desate tendencias opuestas.
Quizás la mayor escenificación de ese vuelco se dio el 17 de noviembre de 2020, cuando el mismo día en que se daba media sanción en diputados al Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas, se anunciaba el ingreso en la misma cámara de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), finalmente aprobada en diciembre.
El llamado «impuesto a las grandes fortunas» grava por única vez con una tasa del 2% al 3,5% de sus patrimonios a un universo estimado entre 10 mil y 12 mil personas físicas con fortunas superiores a los 200 millones de pesos. Si bien su recaudación –que finalizó el 30 de abril, aunque existen demandas judiciales pendientes– ayuda al «esfuerzo fiscal» de Guzmán, el medio para conseguirlo volvió a producir conflictos con la clase dominante que demanda una reducción de la presión tributaria.
A su vez, durante el primer trimestre de 2021, se elevó a $150 mil el mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, que grava a los asalariados. Ello significó la renuncia a cuarenta y cuatro mil millones de pesos de ingresos tributarios, según cálculos del mismo gobierno (que serían compensados con un aumento en el impuesto a las ganancias de las empresas, actualmente en tratamiento legislativo, lo que provocó nuevas quejas de las asociaciones empresarias).
La aceleración de la inflación durante lo que va de 2021 fue otro escenario de tensiones y conflictos. La prórroga de los programas Precios Máximos (aunque con una lista de productos mucho más limitada) y Precios Cuidados [5] y el intento –frustrado por la Corte Suprema de Justicia– de regular el precio de los servicios de telefonía celular e internet declarándolos servicios básicos fueron algunas de las medidas que generaron roces con grupos empresarios.
Pero desde enero, al ritmo del aumento del precio internacional de los alimentos, los conflictos fueron centralmente con el sector agropecuario. A principios de ese mes, se anunciaba la prohibición de exportar maíz, a lo que las asociaciones empresarias del agro respondían con un lock out patronal durante 72 h. Finalmente, la medida fue suspendida para abrir una mesa de negociación.
En febrero, las nuevas amenazas de imponer cupos de exportación de alimentos y de suba de retenciones a las exportaciones agropecuarias se desmontó tras una reunión con representantes del sector. Mientras se escribe este artículo, hay en curso un cese de comercialización de ganado por nueve días en respuesta a la prohibición de exportar carne. Las negociaciones con los diversos actores de la cadena de valor del sector indican que se va hacia una reapertura de esas exportaciones tras algún compromiso de abastecimiento al mercado interno.
Estos conflictos erosionan la relación del gobierno con la clase dominante, pero, a diferencia de la disputa por cuotas del excedente durante los gobiernos de Cristina Kirchner (conflicto de 2008 por la implementación de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, estatización de las AFJP, estatización de YPF), hoy el gobierno se desgasta en pequeñas reyertas en las que finalmente retrocede.
Sin embargo, donde mejor se expresan las oscilaciones impuestas al gobierno por la heterogeneidad de su coalición política es en las diferencias públicas en torno a la política tarifaria y sobre la negociación de la deuda externa.
Mientras Guzmán quiere aumentar las tarifas de gas y electricidad para reducir el gasto en subsidios, el kirchnerismo presiona de manera pública por limitar esos aumentos. El máximo de tensión se vivió entre fines de abril y los primeros días de mayo, cuando el ministro de Economía pidió la renuncia al Subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, quien a pesar de ello permaneció en su cargo respaldado por el kirchnerismo. Por ahora, el futuro del aumento de tarifas no tiene resolución definitiva.
Las negociaciones por la deuda externa están en un impase. Tras la reestructuración de la deuda privada, ahora el gobierno negocia con el FMI y, en otra negociación estrechamente conectada, con el Club de París. Con el FMI, persigue un acuerdo de facilidades extendidas a diez años, lo que implica ajuste fiscal y reformas estructurales. El Club de París exige para renegociar la deuda un acuerdo con el FMI, por lo que el gobierno busca un período de gracia para el vencimiento del 31 de mayo que le permita sortear el default y el apoyo a un acuerdo con el FMI con las menores condicionalidades posibles.
Mientras estas negociaciones se desarrollan, desde el kirchnerismo, los movimientos sociales y los sindicatos, se plantea públicamente que la próxima transferencia extraordinaria de DEG (Derechos Especiales de Giro) que realizará el FMI sea utilizada para relanzar el IFE y la ATP y la suspensión unilateral de los pagos de los próximos vencimientos [6].
Estas disputas han sido acompañadas de una impugnación pública de las políticas fiscal y monetaria del gobierno por parte de algunos de los principales referentes del kirchnerismo –entre ellos, el exministro de Economía y actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicilloff–. Las dudas sobre la tibia recuperación económica que se esperaba este año, debido a la segunda ola de la pandemia, son el fondo de una presión por el aumento del gasto.
Las marchas y contramarchas, las orientaciones divergentes de las decisiones políticas, las disputas públicas al interior de la coalición, como ya se insinuó en algunos momentos de 2020, muestran un gobierno sin rumbo definido y sujeto a presiones contradictorias sobre las que no puede arbitrar, sino que lo someten a vaivenes e inconsistencias. En este contexto, su apuesta parece ser posponer –una vez más, desde 2012– medidas de fondo hasta después de las elecciones de medio término.
Deja para mañana lo que (no) puedas hacer hoy
La historia de la larga crisis argentina es la de la posposición del desenlace de los conflictos, que llevó del estancamiento a la crisis abierta, hoy profundizada por la pandemia. La ausencia de un momento explosivo, como el de los saqueos a comercios en el pico de la hiperinflación de 1989 o la insurrección popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, oculta parcialmente su carácter catastrófico, comparable en su impacto económico al de aquellas dos. Ello se debe, como señaláramos al inicio, a la eficacia del peronismo –tanto en la oposición como en el gobierno– para evitar la crisis política, sobre lo que profundizaremos luego.
El PBI cayó un 14,1% entre 2017 y 2020 (Fuente: elaboración propia en base a INDEC), el PBI per cápita ya había caído entre 2011 y 2019 (último dato disponible) un 10,5% (Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial). Estos números son indicadores del creciente estrechamiento de los márgenes para postergar definiciones e implementar políticas alternativas.
A favor de la estrategia del gobierno juega el aumento de los precios de los commodities. Después de más de un lustro de caída de los precios de las materias primas, la recuperación pospandemia de China y de USA, y la sequía en el medio oeste norteamericano han impulsado su aumento a niveles previos a 2013. Ello ha redundado en un ingreso de dólares que permitió un mayor control del tipo de cambio por el BCRA y un aumento de la recaudación por derechos de exportación, que auxiliaron a Guzmán a reducir el déficit fiscal en el primer trimestre. Es la perspectiva de continuidad de ese escenario la que alimenta también las ambiciones de expandir el gasto y postergar cualquier acuerdo con el FMI en un año electoral, que expresa más claramente el kirchnerismo, pero que tiene prédica en los distintos espacios de la coalición.
Harina de otro costal es si ese aumento de precios es señal de un nuevo superciclo de las materias primas [7]. Este contexto no permite arriesgar demasiadas definiciones sobre el futuro. Pero más importante es que, aun en ese escenario hiperoptimista, es difícil pensar una reedición del ciclo posterior a 2002: allí bastó la devaluación y la mejora de los términos de intercambio porque la reestructuración productiva era reciente; hoy, los Estados de toda la región llevan a cabo o intentan llevar a cabo, en mayor o menor grado, el programa de triple reforma. Esta indefinición respecto del futuro se traslada al terreno de la inversión y su debilidad de largo plazo es el trasfondo de los episodios recurrentes de crisis cambiaria y aceleración de la inflación.
Por lo tanto, aun el corto plazo no está libre de dudas. En primer lugar, la devaluación del año pasado y el aumento internacional de los alimentos del primer trimestre han acelerado la inflación, y ello produce presiones sobre el esquema monetario y fiscal planeado por Guzmán. De prolongarse en el tiempo, esta situación también impactará sobre el sector externo, debido al uso del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. En segundo lugar, cualquier novedad negativa en la negociación por la deuda externa puede desatar otro episodio. Tercero, superado ese escollo, la causa puede ser cualquier duda acerca del sendero económico posterior a octubre. Finalmente, la previa de las elecciones primarias y legislativas (setiembre y noviembre) es el período en que se reducen las exportaciones y, por lo tanto, el ingreso de dólares [8].
Todos esos potenciales descalabros económicos, así como todos los efectivamente ocurridos desde enero de 2014, no son más que la transformación del mercado cambiario en arena de la lucha de clases. Los capitales con sus acciones descoordinadas y especulativas (no es necesario que las coordinen, pero si prefieren teorías conspirativas no cambia mucho el argumento) chantajean al movimiento popular: ajuste estructural o caos.
A su vez, en la medida que se extiende temporalmente la crisis, se profundiza el deterioro social y se debilitan las potencias defensivas de la clase obrera y los sectores populares. Ese es el terreno en el que ganan consenso alternativas de derecha, afuera o adentro del Frente de Todos, radicales o moderadas. Y es en ese escenario que cobra importancia si se produce o no una irrupción popular.
El costado conservador del progresismo
En el contexto de la oleada de protestas populares latinoamericanas en 2018 y 2019, Argentina fue una paradójica y aparente excepción. Paradójica porque Argentina, donde aún persiste un movimiento obrero y popular indisciplinado y potente, fue protagonista de los distintos ciclos de protestas desde los años 60. Pero aparente porque solo puede sostenerse la excepción si se excluyen de la oleada, por razones apenas cronológicas, los enfrentamientos callejeros de diciembre de 2017.
La oleada de protestas populares de 2018 y 2019 fue un ciclo mundial, no solo latinoamericano, que –más allá de particularidades nacionales o regionales– se explica por dos grandes causas presentes o ausentes en distintos grados: en primer lugar, los intentos de los gobiernos en avanzar en aspectos de la «triple reforma» (laboral, previsional y tributaria); en segundo lugar, la fusión en un combo explosivo de crisis de representación y desigualdad económica y social.
Los enfrentamientos callejeros del 14 y el 18 de diciembre de 2017 frente al Congreso Nacional tuvieron como marco la discusión legislativa de una reforma jubilatoria parcial y el empantanamiento desde setiembre de ese año de la discusión de la reforma laboral. La principal diferencia de esas protestas con las que se desarrollarían en otros países latinoamericanos los dos años siguientes es el papel de dirección del peronismo en sindicatos y movimientos sociales, y la voluntad y capacidad de canalizar institucionalmente el descontento orientándolo a la salida electoral.
La reunificación del peronismo en el Frente de Todos integró al movimiento popular en su coalición política y, tras la victoria electoral, lo integró al gobierno. El proceso de desmovilización que ello supuso se transformó de estrategia de oposición política en estrategia de control del conflicto. De esta manera, la salida de Argentina del mapa mundial de la protesta popular en 2018 y 2019 es indicativa del éxito de la estrategia kirchnerista de integración institucional de las organizaciones populares tras la crisis de 2001 y de la sólida y creciente malla de políticas sociales que la acompañó [9]. La verdadera paradoja es que la polarización neopopulista del espacio político permitió sortear la crisis de representación.
Desde el punto de vista de las organizaciones populares, la integración y la desmovilización pueden aparecer como estrategias defensivas frente a los intentos de ofensiva. Pero en la medida que la capacidad de veto al proceso de reestructuración extiende y profundiza la crisis, también se debilita con ella. Resulta así un arma de doble filo: la integración funciona en los hechos como un mecanismo de aceptación pactada del ajuste que compensa las fallas del chantaje económico. Y tanto mejor funciona el mecanismo cuanto más depende de su integración en él la reproducción de las organizaciones. La CGT es el mejor modelo.
Las grietas que nos importan
Dicho esto, la cuestión es en qué medida la presión y la movilización por abajo y por los costados puede agrietar el mecanismo. Sin duda, la pandemia constituye un factor de individualización y desmovilización a nivel global. La capacidad de movilización de las derechas es solo una refutación parcial de ese fenómeno, ya que en gran medida se apoya en esos procesos que debilitan la acción de las organizaciones populares.
En los últimos meses en Argentina, han crecido las protestas en diversos gremios, algunas impulsadas por trabajadores autoconvocados descontentos con los acuerdos firmados por las direcciones de sus sindicatos. Los movimientos sociales que permanecen fuera de la coalición oficialista han aumentado también su actividad.
Pero el caso más emblemático es la ola de protestas que sacudió al sur del país. Las provincias de la Patagonia fueron escenario de un conjunto heterogéneo de conflictos que se caracterizaron por la intervención simultánea y algunas veces solidaria de diversos sujetos: pueblos originarios, organizaciones ambientalistas y trabajadores asalariados. El conflicto en Chubut, originado en la llamada Ley de Zonificación, que habilita la explotación minera en espacios hasta ahora vedados, y la rebelión de las bases estatales de Neuquén en rechazo al acuerdo salarial firmado por la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia son los principales ejemplos.
El gran interrogante, en todo caso, es si el carácter acotado o regional de esos conflictos señala un proceso incipiente o la capacidad de los mecanismos de integración política de aislar o neutralizar las protestas que escapan a su control. Lo cierto es que, hasta ahora, en esas resistencias aisladas tampoco se esbozan estrategias políticas alternativas a las de las organizaciones oficialistas. Las esperanzas y los límites del proceso chileno indican la urgencia de esa construcción.
*Por Adrián Piva para JACOBIN / Imagen de portada: Getty Images.
[1] Estos clivajes se expresaron en las tensiones al interior de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados en torno a la nueva ley de biocombustibles, que enfrenta a agroindustriales y petroleros.
[2] Como respuesta al control de cambios, los grandes capitales encontraron vías legales de fuga en la negociación de acciones y bonos (dólar MEP o Bolsa y contado con liquidación). Los pequeños ahorristas que buscaron dolarizarse debieron hacerlo en el mercado ilegal (dólar blue). No son lo mismo, habría que decirle al kirchnerismo.
[3] Esta intervención se desarrolla a través de la toma de deuda en pesos (emisión de letras y pases). De esta manera, el BCRA reabsorbe los pesos que antes emitió con el objetivo de mantener estable la base monetaria. La deuda del BCRA en pases y leliqs ya superó los 3,7 billones de pesos.
[4] El IFE consistió en una transferencia directa de ingresos a familias de trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas. Se implementó a través del pago de tres bonos de 10.000 pesos, el último de ellos entre agosto y setiembre de 2020. El ATP fue un programa de asistencia a empresas por medio del cual se financió parcialmente el pago de salarios y contribuciones patronales.
[5] El programa Precios máximos rige para una canasta de bienes de primera necesidad, pero su cumplimiento ha sido relativo. El programa Precios cuidados establece precios de referencia en una canasta amplia de productos mediante el acuerdo con empresas en marcas seleccionadas. Ambos se renuevan periódicamente.
[6] El FMI se apresta a girar a todos sus países miembros un refuerzo a las reservas de los Bancos Centrales en Derechos especiales de Giro (DEG), una suerte de moneda emitida por el organismo. Esta transferencia extraordinaria obedece a la situación creada por la pandemia y tiene un antecedente en el año 2009 como respuesta a la crisis mundial de 2008.
[7] Para una mirada afín a esta hipótesis véase Eduardo Lucita. «Materias primas ¿Un nuevo superciclo de precios?» Disponible en: http://www.laarena.com.ar/opinion-materias-primas-un-nuevo-superciclo-de-precios-2175316-111.html. El argumento de que China retornaría, pasada la acelerada recuperación post pandemia, a tasas del 6% o 7% de crecimiento nos plantea más bien una vuelta al escenario de precios posterior a 2013, cuando China se desaceleró desde tasas superiores o cercanas al 10% a tasas debajo del 7%.
[8] No podemos desarrollarlo aquí, pero, además, la estrategia del gobierno de esterilizar emisión y financiar déficit con deuda en pesos tiene un talón de Aquiles en la elevación de las tasas de interés que impulsa la inflación persistente y la incertidumbre preelectoral.
[9] Véase Contradicciones y límites de una estrategia, en Jacobin América Latina 2021 (2).
