Qué ganas de prender fuego todo
Llevamos 53 días de 2021 y 50 personas fueron asesinadas por la violencia machista. Multitudinarias marchas en el país reclamaron por la responsabilidad del Estado ante la alarmante situación de femicidios y transfemicidios. El Colectivo de Mujeres y Disidencias Autoconvocadas envió una carta al presidente de la Nación para que tome cartas en el asunto. Ya no más.
Por Redacción La tinta
“Vivimos en un mundo terrible. Un mundo en el que una nena de shorts y top es una zorra a la que no hay necesidad de salir a buscar enseguida. Un mundo en el que los asesinos se pueden disfrazar de príncipes y engañar a las nenas que solo quieren ser princesas. Un mundo de mierda en el que estoy llorando a gritos en el baño de la escuela donde iba la Yuli, en vez de estar dándole su clase de Lengua y Gramática II, pidiéndole que conjugue el Futuro Perfecto”.
Fragmento del cuento “El príncipe de la Yuli”, de Cecilia Solá
¿Cómo se hace para escribir una nota con el nudo en la garganta que tenemos?
En la última semana, solo en Córdoba, 3 mujeres fueron asesinadas, víctimas de la violencia patriarcal. Nos faltan Miriam Farías, Emilse Gajes, Ivana Módica y todes les víctimas de femicidios y transfemicidios. También, la semana pasada, se encontró en Alta Gracia a Mirtha Peralta Ottonelo sin vida. Ella había salido a caminar y, al no regresar, su familia se alarmó. Luego de varios días de búsqueda, encontraron su cuerpo sin vida, no tenía aparentes lesiones de violencia, pero aún no se conoce la causa de su muerte.
Desde que comenzó este año, en la provincia de Córdoba, han habido 8 femicidios. A los mencionados, se suman: Gabriela Lencina, murió el 3 de enero quemada por su pareja; Ivana Juárez, asesinada a puñaladas el 15 de enero; Nilda Peano, murió el 20 de enero golpeada por su esposo; Melisa Moyano, asesinada por su ex pareja; y Liliana Stefanatto, falleció por los golpes de su ex pareja a principios de febrero.
La lista es larga, son 50 ya las muertes por violencia machista y patriarcal en lo que va del 2021. Lo que sentimos cada vez que nos enteramos de que a une de nosotres le han arrebatado la vida es indescriptible. Queremos gritar, llorar y prender fuego todo. ¿Cómo no lo ven? Nos están matando. Que alguien se haga cargo.
A principios de febrero, el Observatorio MuMaLá “Mujeres, Disidencias, Derechos” informó que, entre del 1º y el 31 de enero del 2021, hubieron 38 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de las cuales, 26 fueron femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios; 5 fueron muertes violentas asociadas al género y 7 muertes de mujeres están en proceso de investigación. Hubo, además, 36 intentos de femicidios en todo el país. Y como efectos asociados a las muertes, 27 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.
Respecto al vínculo con el femicida, el observatorio reflejó que el 59% eran parejas o ex parejas; el 29% hombres del círculo íntimo; el 8% hombres familiares directos y el 4% hombres familiares indirectos de les muertes. El 25% había denunciado a su agresor; 17% tenía orden de restricción de contacto o perimetral; y sólo el 4% tenían botón antipánico.
INjusticia
La (in)justicia patriarcal es una parte fundamental del preocupante aumento de femicidios. El personal policial y las unidades judiciales todavía no trabajan con la responsabilidad y urgencia que una denuncia de violencia de géneros requiere. No están capacitades para medir el riesgo, no tienen herramientas para su evaluación y la mayoría están atravesades por sus propios sesgos machistas que hacen de esos lugares espacios hostiles para quienes se animan a hablar de su situación. El caso de Úrsula puso en evidencia lo que ya todes sabíamos: el sistema no está funcionando.
El femicidio de Úrsula Bahillo fue la gota que rebalsó el vaso. Acá, en Córdoba, Ivana Módica nos tuvo en vilo durante días, para encontrarnos con el peor final, que lamentablemente ya sospechábamos. Nos faltan muches en este camino y no aguantamos más.
En 2015, se lanzó el Ni Una Menos, exigiendo políticas de Estado para que se detengan los femicidios y los transfemicidios como parte extrema de las violencias machistas, pero también que este se responsabilice de trabajar sobre otras formas de violencias a veces menos explícitas que, de a poco, van construyendo este sistema patriarcal. Sin embargo, hoy, la realidad es cada vez más preocupante.
El miércoles 10 y 17 de febrero, salimos a las calles en todo el país a reclamar que el Estado se haga responsable frente a la situación actual y por presupuesto para políticas públicas efectivas contra la violencia machista. También para denunciar la complicidad de la justicia patriarcal y del aparato represivo.
Sin embargo, el sábado 20 de febrero, de nuevo nos vimos ahí, en las calles; el cuerpo de Ivana Módica había sido hallado sin vida. A los reclamos nacionales, se sumaron en la provincia la renuncia de la Ministra Claudia Martínez, que, junto al gobernador Juan Schiaretti, es responsable. Las políticas relacionadas a prevención y acción contra la violencia son despreciables. Precarización a les trabajadores del Polo de la Mujer con contrataciones, salarios y condiciones de trabajo nefastas; subsidios irrisorios para quienes lo necesitan; falta de capacitación a personal policial y judicial, entre tantos otros.
Parece que no era el fin del patriarcado, como anunció Alberto Fernández al promulgar la Ley de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La violencia sobre nuestros cuerpos está siendo brutal. Es por esto que más de trescientas personas de todos los ámbitos del país enviaron una carta dirigida al presidente de la Nación. El Colectivo de Mujeres y Disidencias Autoconvocadas exige que la violencia por razones de género sea un tema prioritario del Gobierno y de las administraciones provinciales y municipales. Pero, sobre todo, “del sistema de justicia que ha demostrado desentenderse del problema, descreer de la palabra de las víctimas, minimizar sus denuncias, desatender sus pedidos desesperados de ayuda y protección”, como lo anuncian en el escrito enviado.
También agregan “que se acabó el tiempo y que es momento de que todos los organismos políticos aúnen fuerzas en pos de la integridad de las mujeres y disidencias, cuyas vidas se han visto aún más vulneradas desde el inicio de la pandemia por COVID-19”.
Entre las acciones propuestas como urgentes, aparecen:
-Declarar la emergencia nacional por violencia contra las mujeres y disidencias por razones de género, y que se otorguen presupuestos extraordinarios, adecuados, para las áreas involucradas, tanto de la justicia, de las fuerzas de seguridad y de los dispositivos que dependen de los gobiernos locales, provinciales y nacional, que permitan dar respuestas oportunas y eficaces frente a las denuncias.
-Coordinación efectiva y real entre el Poder Judicial -juzgados y fiscalías-, las fuerzas de seguridad y los municipios para abordar cada caso. Y que, frente a una denuncia, se cumpla con la obligación de determinar si el mismo agresor ya tuvo denuncias anteriores en el marco de un contexto de violencia de género, más allá del estado procesal de sus causas. Así como también que se haga una correcta evaluación del riesgo en que se encuentra la denunciante. Esto es competencia de los y las jueces y/o fiscales, y bajo ninguna circunstancia el seguimiento debe quedar a la sola responsabilidad del poder de las fuerzas de seguridad.
-Capacitación sistemática en la temática para todxs los y las operadores que intervengan en la atención de los casos.
-Puesta en funcionamiento un sistema de alerta temprana donde se reúnan todas las denuncias, hechas tanto en comisarías como en sedes judiciales, para que se les dé un seguimiento eficaz y se monitoreen las respuestas estatales.
-Complementar el sistema de botones de pánico con tobilleras para el denunciado, que permitan determinar su acercamiento a la víctima, o métodos de control que sean efectivos, los 7 días de la semana, las 24 horas.
Implementación de sanciones a funcionarixs judiciales o de las fuerzas de seguridad que incurran en errores graves y manifiestos en su tarea de proteger a las víctimas.
-Incorporación de la perspectiva de género en la futura reforma judicial.
-Efectivo cumplimiento de la ley 26.150 -Ley de Educación sexual integral – ESI- en todas las instituciones educativas del país de manera urgente, sin dilación ni reservas de ningún tipo por parte de las distintas competencias de las jurisdicciones. Así como también la ratificación inminente de las provincias que no se encuentran adheridas ni a la ley ni a ninguna resolución ministerial.
Cuánto más podremos resistir. Qué más se necesita para que la historia sea diferente. Estamos hartes. No soportamos más tanto dolor. Por les que no están y por les que resistimos, volvemos a decir a gritos desgarrados: ¡NI UNA MENOS, VIVAS SE LAS LLEVARON, VIVAS LAS y NOS QUEREMOS!
*Por Redacción La tinta.
