UPC: una normalización que no llega y despidos a delegados gremiales
Esta semana, continúan las medidas de lucha que los distintos claustros de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) vienen implementando frente a lo que consideran un atropello a la democracia de la casa de altos estudios. El despido de un delegado terminó de rebalsar un vaso que viene llenándose desde hace tiempo, mientras parece diluirse un proceso de normalización académica que tiene años de retraso.
Por Redacción La tinta
A mediados de enero, el vicerrector Enrique Bambozzi junto a la Escribana Natalia Nazzi llegaron personalmente a la casa de Juan Valfré para dar constancia de la rescisión del contrato que la UPC sostenía con el delegado normalizador de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Universidad Provincial de Córdoba, sin motivos explicitados. “Yo era Delegado gremial, tenía un contrato de 5 años de antigüedad de monotributista -en fraude a la ley laboral- que es el que me notifican en el despido. Me quedaron poquitas horas institucionales con las cuales sigo siendo delegado. En esa pequeña carga laboral que me queda, me han vaciado tareas prácticamente. Mis actividades laborales siempre las cumplí en el Decanato de la Facultad de Arte y Diseño”, relata Valfré.
“Nosotrxs estamos observando varias dimensiones del conflicto. Por un lado, la demora en democratizar la Universidad. Por otro, el pretender democratizar, pero violando el Estatuto. Y a eso se le han agregado despidos persecutorios a delegados de ATE que comenzamos a manifestarnos en contra de eso y, por último, irregularidades en la distribución del presupuesto a partir de varias situaciones de nepotismo”, dice el delegado en diálogo con La tinta.
En la primera semana de febrero, la comunidad universitaria instaló la «Carpa por la Democracia, el Trabajo y los Derechos Humanos». La iniciativa impulsada por ATE buscaba lograr la reincorporación del delegado gremial y la renuncia del vicerrector Enrique Bambozzi. El sindicato asegura en su comunicado que “el carácter represivo de la medida atenta contra la libertad sindical y sienta un gravísimo precedente de atropello a los derechos humanos y laborales. Las represalias están prohibidas por el derecho Nacional e Internacional, y son repudiadas, también, por la comunidad universitaria”.
La situación continúa sin cambios. Valfré expresa que la única diferencia es que, en estos días, se presentará una acción de amparo reclamando la reinstalación laboral por “el despido discriminatorio y persecutorio de carácter antisindical e ideológico realizado por el Vicerrector, en medio del receso por vacaciones y estando cerrada la Universidad”.
«El Estado mismo está incurriendo en fraude laboral y tiene la mayoría de sus docentes, codocentes y personal no docente en negro, contratado, lo cual genera incertidumbre e incumple con las legislaciones laborales vigentes y, sobre todo, con lo que dice la Constitución Nacional de la estabilidad laboral en lo público», fueron las palabras del secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, ante algunos medios.
El reclamo “medular” que atenta contra la democracia de la UPC tiene que ver con la demora en regularizar la normalización de la universidad. La actual rectora, Raquel Krawchik, fue elegida por el Ejecutivo y debía estar en su cargo, como máximo -y según el Artículo 49 de la Ley de Educación Superior- cuatro años, y este es el séptimo ciclo lectivo, “manejando la universidad como un feudo, con familiares trabajando sin concursar”, según Giuliani.
Junto al Gremio, estudiantes, docentes y egresadxs organizadxs están pidiendo que haya elecciones en donde participen todos los estamentos, lo antes posible. Esta semana, se llevarán a cabo clases públicas en la explanada del Patio Olmos y una Asamblea Interestamentaria para definir nuevas medidas de acción.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Asociación Trabajadores del Estado.
