Migrantes: lo que la pandemia nos dejó
Los resultados preliminares de la primera Encuesta Nacional Migrante le pusieron números claros a lo que las organizaciones sociales venían denunciando desde el inicio de la pandemia: la mitad perdió sus ingresos y sólo 2 de cada 10 pudieron acceder al IFE. El índice de mortalidad entre los contagiados por COVID-19 casi duplica al resto de la población. Sus autores reclaman que sirva de puntapié para que el Estado se haga cargo y garantice derechos.
Por Matias Ferrari para El Grito del Sur
La mitad de las personas migrantes en el país perdieron buena parte de sus ingresos o todos por la pandemia, y sólo dos de cada diez pudieron acceder al IFE para capear un poco la crisis, según se desprende de los resultados preliminares de la primera Encuesta Nacional Migrante, realizada por la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del CONICET, el CELS, Amnistía Internacional y más de veinte organizaciones sociales del colectivo. El relevamiento contiene las voces de mas de tres mil extranjeros radicados en Argentina, que respondieron preguntas sobre cómo impactaron el virus y el ASPO en su calidad de vida.
El panorama que se describe es peor, en todos los indicadores, de lo que ya era antes de marzo: menos trabajo, menos ingresos y mayores problemas para documentarse y acceder a los distintos beneficios sociales que otorga el Estado, incluso los de emergencia. A lo que se suman altísimos índices de contagios por COVID-19 y una tasa de mortalidad que casi duplica a la del resto de la población.
“Los migrantes ya partían de una situación, antes de la pandemia, de informalidad laboral, pobreza creciente y problemas serios para obtener la radicación en el país, sobre lo que la OIM había llamado la atención en su informe de fines de 2019. A esa vulnerabilidad, se le sumaron el virus y el ASPO: para nosotros siempre fue evidente que el Estado debería tener desde el vamos una actitud mucho más presente y lamentablemente eso no sucedió. Los resultados son evidentes y no sólo la encuesta lo demuestra: basta con haber visto las filas en los comedores de las organizaciones del colectivo migrante para darse cuenta que el hambre fue la principal preocupación para muchas familias. Y esa desesperación derivó además en una mayor exposición al contagio”, explicó a El Grito del Sur Ana Paula Penchaszadeh, investigadora del Instituto Gino Germani y una de las impulsoras de la encuesta.
En concreto, de los y las 3.188 migrantes que participaron, un 51 por ciento dijo haber perdido sus ingresos a partir de la pandemia, ya sea por la caída de la changa, las dificultades para salir a trabajar en pleno aislamiento social o el despido cortante y sonante. El dato se explica en relación a otro que surge del relevamiento: sólo el 29 por ciento tenía un empleo formal antes del ASPO. Ese porcentaje es muchísimo menor (no supera el 5 por ciento) entre quienes llevan menos de diez años viviendo en el país. Es decir, los recién llegados son los más precarizados y los que peor la están pasando.
Al problema del empleo informal se le sumó otro, también relacionado: las dificultades crecientes para obtener la radicación. Ya la gestión del gobierno anterior en la Dirección Nacional de Migraciones había dejado miles de trámites de documentación sin concretar y la pandemia no hizo más que profundizar el problema. Lo llamativo en este punto es que, conociendo de antemano la situación, desde la Anses hayan requerido como condición la radicación definitiva en el país para cobrar el IFE. La mayoría de los encuestados dijo que fue rechazado por no tenerla.
“La pandemia demostró que ser migrante sigue siendo determinante, para mal, a la hora de acceder a los derechos que tiene todo ciudadano”, reflexionó Penchaszadeh. El colectivo de investigadores que elaboró el informe trabajó durante meses en la elaboración y la difusión de la encuesta, con dos objetivos: tener un pantallazo más preciso sobre la situación del colectivo migrante y, a la vez, aportar esa información a los distintos organismos del gobierno que diseñan políticas públicas destinadas al sector. “Sólo puede defenderse aquello que se conoce”, dijo la investigadora. De la iniciativa, participaron más de 20 organizaciones, entre ellas, el Bloque de Trabajadores Migrantes, la Red Nacional de Migrantes y Refugiados, la campaña Migrar No Es Delito y la Asociación de Migrantes Senegaleses en Argentina.
“Este informe preliminar es clave para corroborar la vinculación estrecha que existe entre migración reciente, pobreza e indigencia, lo cual tiene que ser tenido en cuenta por las autoridades estatales al momento de diseñar políticas públicas de contención social”, señaló por su parte Doris Quispe, de la campaña Migrar no es Delito.
“Al comienzo de la cuarentena, por ejemplo, en la Villa 1-11-14, muchos padres y madres de familia no tenían forma de llegar a su trabajo o a la changa debido a las restricciones para circular. Las trabajadoras de casas particulares, que de un momento a otro tuvieron que trasladarse largas distancias para llegar a su fuente de laburo porque no había transporte público, terminaron pagando un remis o quedándose en el domicilio de la empleadora y sin salir. Prácticamente, tuvieron que trabajar full time sin que eso sea valorado, ante el temor de la pérdida del empleo”, describió Quispe. “Estas situaciones de precarización son nuevas y las trajo el COVID; por eso, entendemos que esta encuesta, que refleja esa realidad, puede ser la base para que el Estado realice un análisis profundo de las políticas públicas que incluyan las particularidades de la población migrante y los refugiados”, agregó.
Otro dato alarmante que reveló la encuesta tiene que ver con la incidencia del COVID en el colectivo. Un 5 por ciento tuvo la enfermedad, test positivo incluido; otro 6 por ciento dijo haber tenido síntomas compatibles, pero no se testeó; y otro 4 por ciento convivió con personas contagiadas. Los porcentajes son sólidos y coinciden con los que tiene el Ministerio de Salud, que fueron publicados en un informe reciente del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPyG) de la Universidad Nacional de Río Negro, realizado por la investigadora Natalia Debandi, que también forma parte de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos del CONICET.
Según ese informe, desde que empezó la pandemia y hasta el 30 de septiembre, último dato disponible, más de 50 mil personas migrantes se contagiaron de COVID en el país. Hasta ese día, los y las migrantes representaron el 7 por ciento del total de los casos confirmados, un índice bastante elevado si se toma en cuenta que el peso estimado de ese colectivo en la población es del 5 por ciento. Ese número fue incluso más alto entre abril y mayo, mes en que el porcentaje de migrantes respecto del total de contagiados fue del 19 por ciento, y coincidió con el pico de casos en los barrios populares de la Ciudad y el conurbano.
Pero lo que es más grave, se contaron hasta esa fecha más de 2.700 fallecimientos, que representan el 11 por ciento del total de muertes a nivel local. El índice de mortalidad entre las personas migrantes trepó al 5 por ciento, mientras que para el resto de la población se mantuvo más o menos estable en un 2,8 por ciento.
“La pandemia y el ASPO impactaron de forma diferencial sobre las personas migrantes, ya sea por haber perdido sus fuentes laborales, por encontrarse viviendo en condiciones de hábitat incompatibles con el aislamiento o por tener que continuar realizando sus trabajos durante el período de mayor contagio, por ejemplo, por ser parte de los trabajadores esenciales o simplemente por no tener otra opción”, dice el informe.
*Por Matias Ferrari para El Grito del Sur / Imagen de portada: El Grito del Sur.
