Buscan llegar a los responsables políticos de la Masacre de Esteban Echeverría
Hace dos años, ocurría una de las peores masacres en las comisarías bonaerenses. A pesar de su antecedente inmediato en Pergamino, otra vez el fuego en un espacio de encierro inhabilitado dejaba un saldo fatal. ¿Cómo y por qué se repite la historia? ¿Quiénes son los responsables y cuál es el papel de la justicia y de la política? ¿Cómo avanza la causa por la Masacre de Esteban Echeverría?
Por ANDAR Agencia
Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Ángel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Argüello murieron hace dos años bajo custodia estatal, en un incendio en la Comisaría 3ra de Esteban Echeverría. “Es momento de volver la mirada sobre el fiscal para requerirle estas indagatorias y recordarles que es en cabeza del propio fiscal sobre quien pesa la responsabilidad estatal de investigar estas violaciones a los derechos humanos”, aseguró Margarita Jarque, directora del Programa de litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria, en la primera de las charlas de un ciclo que organizó la CPM para conmemorar la fecha.
Desde el organismo, representan a varias de las familias víctimas de la masacre como particular damnificado. El equipo de profesionales insiste en solicitar al fiscal de la causa que le tome declaración a Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en aquel entonces, y al Comisario General Fabián Perroni, a cargo de la Superintendencia General de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Jefe de Policía) en el momento del incendio. Entienden que son autores y responsables penales respecto de lo que ocurrió ese 15 de noviembre de 2018 y que deberían estar imputados por los delitos de abandono de personas seguido de muerte y violación de los deberes de funcionario público.
El expediente tramita en la Fiscalía 4 de Lomas de Zamora cuyo fiscal, Fernando Semisa, intentó, a meses de la masacre, cerrar la causa diciendo que los responsables habían sido los propios detenidos, llegando a caratular la causa con tres de ellos como imputados cuando ya habían fallecido. En dos años de desarrollo, la causa que investiga esas muertes lleva más de 30 cuerpos, pero no tiene un rumbo, sólo se acumula. Los y las abogadas de la querella explican que no hay valoración de la prueba, ya sea para procesar, archivar o absolver, es inconducente.
“A un año de la instrucción, recusamos al fiscal desde la CPM y el juez resolvió negativamente, por lo que debimos seguir la investigación con ese fiscal, desfilaron un centenar de funcionarios policiales y del Ministerio de Seguridad y de Justicia intentando quitar las responsabilidades políticas, cuando son quienes están obligados para la integridad de personas detenidas”, explican desde el organismo. Al momento de la masacre, pesaban sobre la comisaría 3ª de Esteban Echeverría siete clausuras, una por resolución ministerial y seis por orden judicial: la primera de 2011, la última de enero de 2018. Todo el departamento judicial lo sabía y todos los funcionarios responsables del sistema penal en la provincia también estaban advertidos sobre la situación de las dependencias policiales.
El abandono
La noche del 15 de noviembre de 2018 en la Comisaría 3ra. de Transradio sonaba fuerte la música. Eso generó una discusión entre los detenidos y los oficiales de guardia por el volumen. Los policías apagaron el reproductor y se inició una protesta en la que algunos detenidos prendieron fuego. Había en total 27 personas presas en una dependencia con capacidad para ocho. El ambiente era denso y cualquier cuestión caldeaba los ánimos.
“Cuando él cayó, lo que una piensa automáticamente es que no está en la calle, ya no le puede pasar nada malo. Pero mirá lo que pasó estando ahí adentro… en condiciones aparte que no eran humanas por la manera en que estaban los calabozos y menos con tanta gente. No puede volver a pasar, una mamá no puede volver a pasar por esto”, dice María Argüello, la mamá de Fernando Argüello, que había caído preso hacía 6 meses y ni siquiera había podido declarar todavía. “Ahí era un lugar feo. No te digo que la otra comisaría era linda, pero el estado en que estaban en esta es distinto, la gente que trabajaba era distinta”, coincide Celina Ordoñez, la mamá de Juan Carlos Fernández.
Las celdas no poseían iluminación ni ventilación acorde, había dificultades para el acceso y uso del agua, y no existían medidas ni elementos de seguridad, los matafuegos estaban vencidos y carecía de instalaciones contra incendio. La celda donde se inició el fuego, de 5.30 mts de ancho por 3.60 de largo, alojaba a doce personas que dormían en una superficie cubierta de colchones de goma espuma sin retardantes de ignición. La dependencia estaba ubicada al lado de un cuartel de bomberos voluntarios, pero, con esas condiciones, ni siquiera eso pudo evitar el desenlace fatal de diez muertes.
Las familias de las víctimas se enteraron de lo que había pasado por la televisión o por las redes sociales. “Mira, ahí hay un tal Ocampo que parece que falleció en la Comisaria. Fíjate”, le dijeron a un primo de Mariela Ocampo, la hija de Eduardo, que supo lo que había pasado al otro día, a la noche. “¿Sabés con qué lo agarraron? –cuenta otra mamá-. Con un paquete de bizcochitos, estaba yendo a la metalera donde trabajaba, con un paquete de bizcochitos y un jugo Ades, lo que tenía era porro para consumo”: tenencia simple de estupefacientes. Otro de los detenidos que murió estaba ahí por intentar robar una cortadora de césped. Casi la mitad llevaba más de cuatro meses en el lugar y todos habían superado el plazo máximo de 48 horas que puede permanecer una persona alojada en comisarías. “Yo quisiera que caigan presos todos los responsables, pero ellos no van a pagar nada”, se lamenta Celina.
“Esta justicia tiene una doble vara, rápida e intensa cuando se tata de juzgar a pibes pobres, y una no rápida que arma un circuito de impunidad y complicidad en torno a causas como estas”, subrayó Jarque al abrir el ciclo de charlas organizado desde la CPM. “Desde el poder político, hay una violencia institucional omisiva. No hay peor violencia que el abandono, cuando uno tiene que hacerse cargo de algo y lo omite. El caso de Esteban Echeverría es una muestra de cómo el Estado puede desentenderse de sus obligaciones”, coincidió el ex juez Luis Arias que participó de ese espacio.
Mientras tanto, las familias junto a la querella tienden puentes en los laberintos de la burocracia judicial y en las calles. Ese paso firme de cada marcha debería repetirse en la investigación judicial.
*Por ANDAR Agencia. Foto de portada: ANDAR Agencia.
