Las mujeres del interior de Córdoba están más desprotegidas
Cuatro días después del Paro Nacional de Mujeres, Claudia Carrizo volvió a su casa en la localidad de Las Tapias, en el Valle de Traslasierra, por una zona rural donde no hay viviendas. Era domingo 23 de octubre. Antes de llegar, su expareja, Gustavo Dómini, la apuñaló. Tenía antecedentes de violencia y una orden de restricción.
Fue el 19° femicidio del año en Córdoba: 14 ocurrieron en el interior de la provincia donde los mecanismos judiciales y las respuestas del Estado son escasas.
El fiscal Raúl Castro, a cargo de la causa, contó a Cosecha Roja que en la actualidad “no hay otro medio hoy por hoy para evitar los acercamientos entre la persona denunciante y el violento”. La insuficiencia de las medidas judiciales y de políticas de prevención arrojan una cifra que alerta y exige ahondar en la responsabilidad del Estado y la Justicia.
“Entendemos que una orden de restricción no es suficiente. Lo que nos preocupa es lo que pasa en las pequeñas localidades donde no están aceitados los mecanismos en la Justicia, como en Córdoba Capital. Cuanto más lejos están de los centros urbanos, más desprotegidas están las mujeres. Es irresponsable por parte de los jueces emitir órdenes de restricción sin custodia y sin hacer un seguimiento. Es necesaria una asistencia cuerpo a cuerpo. Imparten justicia de un modo desigual: el interior es un páramo y esto es una muestra”, dijo Julieta Fantini, integrante del Colectivo Ni Una Menos Córdoba.
La insuficiencia de las medidas judiciales y de políticas de prevención arrojan una cifra que alerta y exige ahondar en la responsabilidad del Estado y la Justicia.
La ex jueza Cecilia Fernández trabajó 23 años en el distrito Villa María y también colaboró a describir el panorama: “En el interior carecemos de los recursos que hay en Córdoba Capital: no hay equipos de contención cuando la víctima hace la denuncia, la gente que toma la denuncia no sabe cómo hacerlo. Los botones antipánicos sólo funcionan en los lugares donde hay una oficina que pueda activar los mecanismos de control. Si Claudia Carrizo hubiera tenido un botón antipánico nadie la hubiera escuchado”, contó a Cosecha Roja.
Nadie controla que no se viole una orden de restricción ni de exclusión, es la víctima quien debe ocuparse. “Las mujeres llegan desesperadas a hacer la denuncia. Cuando salen el victimario se enfurece más y nadie lo controla. El juez no puede hacerlo: es función del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia de la Provincia es responsable de las políticas públicas que deben implementarse, pero no sólo en la Capital, en toda la provincia”, dijo Fernández. Según ella, hay que darles herramientas a las mujeres para que puedan defenderse.
Hay seis entidades que pueden entregar el botón antipánico: cuatro jueces de Violencia Familiar y las dos Fiscalías: antes es necesario hacer la denuncia. Ante una situación de violencia, hay número gratuito para pedir información o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país: 144. En Córdoba también funciona el 0800 888 98 98. Las comunicaciones son anónimas y confidenciales.
(*) Por Florencia Gordillo para Cosecha Roja.
(**) Fotografía Colectivo Manifiesto.
