El gran okupa argentino
Los terrenos que utiliza el Grupo Clarín bajo la autopista, en Constitución, arrastran una larga serie de irregularidades que vienen desde la última dictadura. El último favor político para sellar la ilegalidad lo hizo Larreta con una concesión por 30 años.
Por Estefania Santoro para Revista Cítrica
Los gobiernos pasan… el Grupo Clarín queda. El gran pulpo empresarial mediático se sirvió y se sirve de favores del poder político y judicial para seguir creciendo sin ser cuestionado. Tanto los gobiernos democráticos como la última dictadura cívico-militar han tenido injerencia en la expansión del grupo, convertido ya en el siglo XXI en un actor de poder real en la Argentina. Esta nota es apenas un ejemplo de las complicidades que han jugado a favor de la corporación que nació y se desarrolló a partir del “gran diario argentino”, que también es un gran usurpador de terrenos públicos.
Para entender la actualidad, debemos remontarnos a 1978, cuando el brigadier general Osvaldo Cacciatore –por entonces intendente de la Ciudad de Buenos Aires designado por la dictadura militar– cedió gratuitamente a Canal 13 (en ese momento, de gestión estatal) un predio de 8.700 m2 ubicado en el barrio de Constitución.
En 1989, durante el gobierno de Carlos Menem, el canal fue privatizado y lo adquirió la empresa Arte Radiotelevisivo Argentino (Artear), hoy propiedad del Grupo Clarín, que posee el predio en cuestión y también un estacionamiento privado, ambos situados bajo la autopista 25 de Mayo.
Cacciatore fue intendente porteño entre 1976 y 1982, y participó, como integrante de la Fuerza Aérea, en el bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. En su gestión, llevó adelante el Plan de Autopistas Urbanas, que preveía la creación de 9 vías rápidas en la ciudad, de las cuales concretó solo dos: Perito Moreno y 25 de Mayo.
También fue el encargado de llevar adelante el Plan de Erradicación de Villas. En 1980, los militares llegaron a los asentamientos con topadoras, destruyendo cientos de viviendas para el trazado de autopistas que nunca se terminaron. Aproximadamente, fueron expulsadas 180 mil personas de distintas villas porteñas y obligadas a trasladarse al conurbano bonaerense, perdiendo su hogar y su terreno.
El comodato que el intendente de facto le otorgó a Canal 13 por los terrenos de Constitución caducó en 2006 y, a partir de ese año, comenzaron las renovaciones de prórrogas a precios irrisorios. La última venció en 2017, pero Clarín continúa ocupando esos terrenos que son públicos de manera ilegal. ¿Cómo se descubrió este secreto tan bien guardado?
Una corporación floja de papeles
En 2018, el canal comunitario Barricada TV junto a referentes sociales y otros medios de comunicación alternativos realizaron una movilización en la zona donde hoy funciona Canal 13 para exigir que el Grupo Clarín cumpliera con la normativa vigente de incorporar a Barricada –que tiene licencia para transmitir por televisión digital abierta– y a otros canales que están en la misma condición a la grilla de Cablevisión, una de las empresas del grupo.
Cablevisión no solo sigue sin incorporar estos canales, sino que, además, denunció a las personas que se manifestaron ese día en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas en la Ciudad de Buenos Aires por intromisión a la propiedad privada. A partir de ese hecho, la abogada Gabriela Carpineti y miembrxs de Barricada realizaron un pedido de información pública sobre ese predio. ¿Qué datos obtuvieron? Clarín se encuentra ocupando ilegalmente ese terreno que no le pertenece y, al no poder comprobar que es propiedad de Artear, la causa iniciada por contravención se cayó.
“Las prórrogas se hicieron sin ningún control, sin licitación y con cánones irrisorios hasta el 12 de octubre de 2017, cuando autoridades del Grupo Clarín firman un acta pública con la Dirección de Concesiones del Gobierno de la Ciudad diciendo que devuelven ese predio libre de ocupantes”, explica Nicolás Rechanik, abogado de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
La subasta que inventó Larreta
La UTEP y Barricada TV realizaron, en julio de 2019, una denuncia penal contra Clarín por usurpación y también contra el Gobierno de la Ciudad por malversación de caudales públicos, al cederle al grupo ese predio sin exigirle una retribución económica. Rechanik cuenta que esa denuncia causó un gran revuelo en distintos ámbitos judiciales, ya que ni Clarín ni las autoridades porteñas podían justificar las irregularidades vigentes.
La respuesta del Gobierno de la Ciudad fue armar una subasta trucha. El 24 de septiembre de 2019, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta le cedió por un plazo de 30 años, a un canon de 265 mil pesos mensuales, el predio de Constitución que Clarín ocupa ilegalmente desde hace dos décadas.
Medios comunitarios y legisladores presentaron un amparo en el juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 24 de la Ciudad para frenar la maniobra pensada a la medida del grupo: “Fue una subasta armada con las características para que solamente pueda ofertar Canal 13, que, de hecho, fue el único oferente”, dice Lucía Maccagno, integrante de Barricada TV.
Sigue: “Lo que llegamos a lograr nosotros con esta acción fue que se frenara por unos días la entrega de estos terrenos. Finalmente, la jueza que le dio lugar al amparo y frenó durante estos días la entrega de los terrenos le pidió información al Gobierno de la Ciudad. Entendemos que debe haber respondido de alguna manera, porque se prosiguió con el proceso y, finalmente, los terrenos fueron entregados”.
Pacto de silencio
Algunas preguntas que surgen al calor de la agenda mediática actual: ¿Qué pasa cuando usurpan terrenos las empresas privadas? ¿Se las criminaliza como lo hace Clarín o TN en sus titulares con las 1.400 familias de Guernica? ¿O hay una doble vara moral y legal según la cercanía con el poder real?
El Grupo Clarín no cumple con las leyes vigentes y el Gobierno de la Ciudad lo ampara. ¿Será que Clarín paga esos favores con blindaje mediático? ¿Será que la carrera presidencial en construcción de Larreta necesita de algunos silencios periodísticos?
Rechanik: “Está tan clara la complicidad entre el Gobierno de la Ciudad y el Grupo Clarín que ni siquiera tratan de disfrazarlo de un negocio rentable para las partes. Para Clarín es muy rentable, claramente, pero estamos hablando del precio de un alquiler de un departamento de 3 ambientes en Puerto Madero. Es una vergüenza. Nadie parece preocuparse por estos ocupas que tenemos en frente de nuestros ojos todos los días y siendo una situación tan clara por la cantidad de pruebas que hay”.
Cuando las organizaciones presentaron el amparo para evitar la subasta, pasó por las manos de tres jueces distintos y ninguno se atrevió a fallar en contra de Clarín y el Gobierno de la Ciudad. El abogado de la UTEP dice: “Hay una situación de gravedad institucional importante, es tanta la prueba que fuerzan a los magistrados a tener que hacer resoluciones de bajísimo contenido jurídico porque no hay otra forma de justificarlo. La resolución judicial en un momento dice ‘la Legislatura votó la concesión de los predios bajo autopista e, incluso, legisladores del grupo peronista lo votaron’, como si eso fuera un argumento para entregárselo a Clarín. Lo que prevé esa ley es un proceso de concesión que no se puede utilizar para ciertas cuestiones y la Justicia pone al mismo nivel al Grupo Clarín que al centro de jubilados o la canchita de fútbol 5 que funcionan bajo autopista. El Grupo Clarín es el verdadero poder en este país, más que cualquier grupo económico y que cualquier otro político del establishment”.
Ahora que es de público conocimiento que Clarín ocupa ilegalmente un predio, ¿por qué motivo los medios alternativos y comunitarios son los únicos que abordan este tema? Pareciera que hay un pacto de silencio entre los medios corporativos. El Grupo Clarín no solo usurpa terrenos públicos, sino que, además, continúa incumpliendo con la normativa de incluir en la grilla de Cablevisión a Barricada TV, justamente el medio que dio a conocer esta acción ilegal.
Maccagno, de Barricada, opina: “Lo que genera la censura que el Grupo Clarín comete contra nuestros canales de televisión al no incorporarnos a la grilla hace que estos temas no se puedan visibilizar. Por eso es tan importante dar esta pelea y dejar bien en claro que lo único que hacen estos medios monopólicos es lesionar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión como sociedad y como medios populares, y también el derecho a la comunicación de las audiencias, que no nos pueden encontrar en el cable porque a una empresa monopólica se le ocurre no cumplir con la normativa”.
En las entrañas del grupo
Muy pocas personas se han atrevido a cuestionar o poner de relieve la historia oscura de un grupo con tanto poder como Clarín. Durante años, el abogado y periodista Pablo Llonto fue delegado de lxs trabajadorxs del diario Clarín y testigo no solo de la explotación laboral, sino también de la serie de irregularidades y acciones ilegales que lleva adelante el grupo para expandir su monopolio, gracias a los beneficios que le otorgaron los distintos gobiernos de turno.
Llonto recuerda: “Cuando estábamos en el diario en el edificio de Tacuarí, que tiene dos calles de acceso (Tacuarí y Piedras), los diarios se editaban ahí y se cargaban los camiones a la noche con todos los paquetes de diarios. Los camiones de Clarín ocupaban toda la calle y se estacionaban de forma cruzada, no como corresponde; dejaban solo un espacio muy chiquitito para que pasen los autos y todas las noches, durante horas, había una ocupación ilegal también del espacio público. Eso era porque tenían arreglos con el comisario de la zona para que no les dijeran nada”.
«Fue por la tarde de ese día que se sintió la dueña de todo».
*Por Estefania Santoro para Revista Cítrica / Imagen de portada: Técnica Pro.
