Sobre tierra arrasada y en plena pandemia, el Gobierno de Córdoba insiste con la Autovía de Montaña
Por Redacción La tinta
Las alertas que sonaron en septiembre se ratifican ahora: el Gobierno de Córdoba acelera el proyecto para extender la Autovía de Montaña del Valle de Punilla. Según informó el diario Comercio y Justicia, el gobernador Juan Schiaretti comenzará en los próximos días a exhibir el trazado prefijado de la autovía de la ruta 38 que pretende ir desde la Comuna San Roque hasta Molinari, con la idea de licitar la obra antes de fin de año y que se ejecute antes de 2023.
En medio de una provincia que encabeza el ranking nacional de provincias afectadas por los incendios con más de 316 mil hectáreas quemadas -según el último informe del 18 de octubre del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF)-, y en semanas en que Córdoba y la región centro se configuran como el epicentro de la pandemia en Argentina con pico de contagios y muertes, el gobernador Schiaretti establece cuáles son sus prioridades de políticas públicas: una obra vial sobre territorio quemado.
Ante esto, Asambleas en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital y Punilla emitieron un comunicado de prensa en el que lamentan que «mientras atravesamos una crisis hídrica, sanitaria y ambiental, agravada por las casi 300.000 hectáreas arrasadas por los incendios forestales intencionales, los pueblos de las Sierras de Córdoba que aún estamos apagando fuegos y haciendo guardias de cenizas, nos encontramos con este artículo«.
Las Asambleas de Punilla y Córdoba Capital exigen el cumplimiento de las leyes 10.208 y 9.814 sobre Bosque Nativo y Participación Ciudadana y remarcan que no asistirán a las reuniones informales y no vinculantes «que pretende utilizar el Gobierno de Córdoba para hacernos cómplices de sus proyectos».
«El Gobierno es quien debe garantizar la información pública y asequible a todo ciudadano afectado por una obra vial, cuyo proyecto debe estar precedido por una Evaluación Ambiental Estratégica (ley prov. 10208, arts. 38-39), que es lo que las Asambleas siempre exigimos, es decir, que contemple todas las miradas técnicas posibles y la totalidad de la obra. En medio de una pandemia y frente a la enorme crisis ambiental que viven nuestras Sierras de Córdoba, sin haber hecho aún una evaluación responsable de toda la zona incendiada, consideramos injustificada la inversión en esta obra vial que indiscutiblemente va a afectar aún más el delicado estado del medio ambiente», indicaron.
Las organizaciones señalan que antes de llevar adelante esta inmensa obra de vialidad, se debería garantizar:
– Personal de salud y camas críticas suficientes en el Hospital Domingo Funes y demás centros de salud de la zona, además de una apropiada organización de la información, prevención y atención de la salud de toda la población.
– Una evaluación responsable de toda la zona incendiada y de las posibles consecuencias socioeconómicas, hídricas y ambientales, conjuntamente con una planificación y presupuesto adecuados para la recuperación y restauración del Bosque Nativo, como indica la ley provincial 10208 en su art. 30, así como los peritajes correspondientes, y un Plan de Manejo de Fuego Participativo, debiendo garantizarse la debida participación ciudadana contemplada en el art 10, inc. a, ap.VI, de la ley Nacional del Sistema Federal de Manejo del Fuego Nro. 26.815.
– La llegada de una ayuda necesaria a las familias afectadas por los incendios forestales de este año.
– Conectividad a Internet real y efectiva para todxs lxs estudiantes del Departamento Punilla, y número suficiente de docentes con remuneración y recursos apropiados, para garantizar una educación equitativa y de buena calidad.
Las Asambleas de Punilla y Córdoba Capital enfatizan además que cualquier obra pública o privada de envergadura debe tomar en cuenta particularmente la protección de las cuencas que proveen el agua de la cual depende la vida en Punilla (Ley 25688, art.8) . Esto implica la necesaria conservación toda zona de Bosque Nativo (Ley 26331, art.12) , y el reaseguro de provisión de agua potable a toda la población.
«No hay posibilidad de avanzar, ni de tener licencia social mientras el gobierno no cumpla con las exigencias legales pendientes: auditoría del primer tramo de la obra Alternativa a la R38: Variante Costa Azul-Puente-San Roque, y cumplimiento de las remediaciones que resulten necesarias; derogación de la licencia ambiental del segundo tramo de la obra Alternativa a la R38: San Roque-Cosquín; Evaluación Ambiental Estratégica por el total del proyecto y no sobre un tramo, según establece la ley 10208; y procesos participativos desde el inicio como también lo establecen la leyes vigentes», puntualizaron.
Y concluyeron: «Ya pasaron dos años desde que los pueblos, la ciencia, las instituciones, voces de toda la provincia se manifestaron para frenar lo que iba a ser un desastre socioambiental. Es necesario que el gobierno tome la realidad con seriedad y no siga insistiendo con atropellos o manipulaciones, violando leyes y derechos».
* Por Redacción La tinta
