Del territorio a la gestión de lo urgente
María Castillo, Fernanda Miño y Carolina Brandariz son parte de la llegada de los movimientos sociales al Estado. Traen la experiencia política, militante y de organización de demandas en los territorios, y hoy están al frente de áreas abocadas al reconocimiento de derechos para esa mitad de la Argentina que no percibe un salario a fin de mes. Es un “gobierno que escucha a las organizaciones”, dicen. En medio de la crisis sanitaria, gestionan contrarreloj la reconstrucción de los entramados y redes de contención que el aislamiento desarma día a día.
Por Tania Rodriguez para La Nación Trabajadora
Integrar barrios
Fernanda Miño asumió en enero de este año como secretaria de Integración Socio Urbana en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat desde donde “nos recibe” virtualmente para la entrevista después de una ronda de llamados con funcionarios de distintas provincias. Enseguida cuenta sobre las tareas y proyectos que trabaja por estos días, y la sensación es que pertenece a ese espacio hace unos cuantos años. Tiene oficio de gestión y resalta, desde el inicio de la conversación, el compromiso de poder responder a la urgencia de los últimos para poder llegar a todos: “Para los que venimos de sectores populares, estamos en las organizaciones sociales y hoy asumimos un rol del trabajo político, el territorio es lo que nos mantiene alerta para no errar en el camino de la gestión. Nos reconfirma la misión que nos fue encomendada por ese sector por el cual llegamos a encabezar ciertos procesos y ciertas áreas dentro del Estado”.
Miño viene de la militancia de la iglesia y, desde hace diez años, sostiene un espacio popular en el patio de su casa, en “La Cava” en San Isidro: “A veces me da más satisfacción picar una cebolla, repartir viandas y poder ver el resultado en dos horas que los tiempos que lleva hacer alguna gestión para algún barrio… los tiempos que no van acorde con la necesidad de la pandemia”. Dice que, a partir de su trabajo como profesora de catequesis, la parroquia local desarrolló esta conciencia sobre lo que pasa en su barrio y eso la llevó a asumir responsabilidades. “Se cruzó la política – dice con una sonrisa – y lo demás que es la historia conocida”. Se refiere a las inundaciones de 2013 en San Isidro, el relevamiento territorial de las viviendas sin servicios de luz y agua potable, el encuentro con vecinos/as en las asambleas y desde ahí el acercamiento al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Su principal objetivo en la gestión que desarrolla es generar la integración a través de los servicios, lo que ella define como generar oportunidades para que las familias puedan tener un lugar donde realizar su vida. Su historia familiar es la de las familias que vinieron del Chaco a la capital a buscar trabajo y un lugar donde asentarse, algo que ya no sucede -explica- porque lo que ofrecen las grandes ciudades es vivir en la miseria. En Argentina, hay 4.400 barrios populares según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana. Fernanda participó en el relevamiento RENABAP entre 2016 y 2017, y cuenta que esa información permitió a los barrios dejar de ser “una manchita gris en el mapa”. “Ahora existimos”, asegura.
El trabajo de cuidar
El día que pautamos la entrevista, Carolina Brandariz está en su casa en Mataderos. Le viene bien para “ponerse al día” con varias reuniones, aunque su trabajo está casi siempre “afuera”. Desde que asumió la Dirección Nacional de Cuidados y Políticas Comunitarias, recorre casi a diario distintos barrios del AMBA.
A los pocos días de su designación en la dirección dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se anunciaron las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Desde entonces, junto al equipo de la Secretaría de Economía Social, trabajan con “El Barrio Cuida al Barrio”, un programa de emergencia sanitaria de promotoras y promotores comunitarios que recorren el territorio para realizar acompañamiento específico a grupos de riesgo, difunden medidas preventivas y distribuyen elementos de seguridad e higiene.
“Pensamos que era necesario desarrollar un planteo de carácter sanitario donde pudiéramos impulsar la promoción de medidas de cuidado y autocuidado frente al COVID-19. Aquella idea que expresó Alberto Fernández cuando empezó a hablar del cuidado comunitario a partir de la frase Quedate en tu casa, quedate en tu barrio tratando de poder contemplar que las medidas de aislamiento no se sostienen de la misma manera en cualquier territorio”.
Carolina es maestra, socióloga y militante social y sindical. Antes de sumarse a la gestión, formó parte de la Diplomatura en Cuidado de Personas Mayores impulsada por la CTEP y la UNSAM, experiencia a partir de la que se introdujo en la militancia de la economía popular. Define como central la articulación de la economía popular con las universidades para la certificación de saberes y la profesionalización de los cuidados como rama de actividad: “Esto va a permitir que miles de compañeras del sector accedan a más derechos y mejores condiciones salariales”.
Hace pocos días, el Ministerio de Economía de la Nación publicó un informe cuyos datos demuestran que el tiempo que dedican las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es en total de 96 millones de horas. Desde los feminismos y las organizaciones de trabajadoras, la lucha contra la invisibilización de la reproducción de la vida ha sido uno de los puntos de articulación más potentes expresada en el paro nacional de mujeres y los paros internacionales feministas del 8 de marzo con las consignas “Nosotras paramos el mundo” y “Trabajadoras somos todas” en referencia al reconocimiento de las no asalariadas, las precarizadas, las desocupadas y las trabajadoras de la economía popular. El reconocimiento social y salarial del trabajo de cuidados comunitarios son las dos líneas de gestión que define Brandariz como proyecto para los próximos años.
Pedagogía cartonera
María Castillo es cartonera hace casi veinte años y lleva más de la mitad de esos años desarrollando gestión de cooperativas y diseño de políticas públicas para reciclaje. Su trayectoria política se forjó en la pelea diaria de miles de familias que, como la de ella, tuvieron que salir a juntar cartón porque “te quedabas sin laburo y no había cómo subsistir”. Dibuja con palabras un mapa de las experiencias de organización que derivaron en la conformación de cooperativas cartoneras y que algún día serán parte de los planes de estudio de alguna materia en gestión de residuos. “Nada que ver lo que dicen los libros”, afirma, un poco en serio y otro poco en broma. Hace poco, cursó una diplomatura en residuos y, este año, volvió a la universidad para hacer la Licenciatura en Gestión Ambiental, una materia pendiente que se postergó cuando su marido se quedó sin trabajo en 2001.
A lo largo de una hora y veinte, relata su experiencia y la de sus compañerxs en lo que define como “modelos de trabajo en cooperativas que sirven para generar derechos”. Con preguntas cortas que ella incluye para brindar más detalles, desarrolla los conflictos y saldos organizativos que atravesaron durante esos años: “En la primera cooperativa que armamos en Lomas de Zamora, éramos diez y hoy somos 160 compañerxs organizados. ¿Qué significa organizadxs? Que esos compañeros empezaron a buscar a otros, empezaron a ver cómo incluirlos, cómo hacer políticas públicas, armar sistemas de gestión de residuos”. Organizarse o comer era y es la disyuntiva, explica María, porque armar cooperativas lleva tiempo y genera gastos que para la mayoría son imposibles “porque la prioridad es comer”.
Cuenta que, las primeras semanas luego de asumir en la Dirección de Reciclado, hubo que entender qué era estar en el Estado, cómo encarar la planificación que tenían, llevar la propuesta a todo el país. Su experiencia como militante de la economía popular en el MTE la respalda. Durante estos años, aprendió a poder transmitir en público los proyectos de gestión. “La primera vez que tuve que hablar en público casi me desmayo. Me llevó siete años poder hablar como estamos hablando acá, o frente a cualquier intendente, o el otro día que hablamos con Cristina para decirle cuáles son las necesidades del sector, las propuestas, lo que necesitamos y planificamos para los próximos cuatro años – que son derechos para 150 mil trabajadores”. Pasados los meses de experiencia en la Dirección de Reciclado, los canales de comunicación con los intendentes están más aceitados, pero las necesidades en el territorio son cada vez más y muchxs no pueden esperar para salir a trabajar. Se preguntan ‘si la recolección de residuos es esencial, ¿por qué nosotros no?’. Yo considero que tienen razón. Hay que generar un protocolo para que eso suceda, pero, al final de cuentas, es muy contradictorio porque mientras tanto no trabajan, no pueden comer, comprar pañales, entonces, ellos mismos organizan protocolos de sanidad (compran los barbijos y el alcohol en gel) para poder salir a trabajar. Para ser un trabajo esencial tienen que ser reconocidos como trabajadores. El día de la entrevista, Castillo trabaja desde su casa en Villa Fiorito. Tiene programadas varias reuniones por Zoom desde ahí. Otros días, la agenda se reparte entre recorridas por los municipios y el Ministerio de Desarrollo Social. Allí, donde LNT le hace las fotos para la nota, María le cuenta que, hasta el año pasado, cartoneaba por esas mismas veredas.
Llegada en emergencia
La participación de los movimientos sociales en el gobierno visibilizó el trabajo de articulación política que las organizaciones desarrollaron durante los últimos cinco años y colocó sobre la mesa una agenda de políticas que son prioritarias para el sector de la economía popular.
—¿Cómo fueron estos meses de gestión en contexto de pandemia?
—Fernanda Miño: Durante las primeras semanas, teníamos la impotencia de no poder atender la urgencia de los tiempos y de los barrios vulnerados. Intentamos salir rápido a atender las necesidades en medio de la pandemia. Son otros los tiempos de la burocracia y de los bancos que otorgan el financiamiento para los proyectos que diseñamos. Pero creo que, durante estos meses, el gobierno avanzó en esto de empezar por los últimos para poder llegar a todos. Nuestra mirada está puesta en las cooperativas del territorio, sabemos que falta capacitación para poder armar proyectos que cumplan los requisitos, pero ahí hay muchísimas ganas y mucha necesidad.
María Castillo: Las problemáticas durante la pandemia no paran, las demandas de los compañeros son día a día, muchxs quieren salir a trabajar porque, si no salen, no comen. Estamos acostumbrados a tener que levantarnos todos los días y que sea una pelea. Desde el compañero que sale con el carro a buscar los reciclables o tiene que separar residuos hasta los compañeros que generan iniciativas y tienen que pedir reuniones con los municipios. Y diferentes modalidades de trabajo entre lxs que tienen la cooperativa parada y lxs que siguen con la organización y gestión del espacio.
Carolina Brandariz: La pandemia puso de manifiesto toda esa red de cuidados comunitarios, que cotidianamente venía procurando achicar los márgenes de hambre durante el gobierno de Cambiemos y que daba solución a los problemas cotidianos de las barriadas humildes. Pero además, en este contexto, implicó que se haya cuadruplicado la cantidad de familias que se acercan al comedor producto de que hay una mitad de la Argentina que no recibe un salario a fin de mes. Muchas familias que no recurrían a un comedor lo están haciendo actualmente producto de esa situación. El planteo de “El Barrio Cuida al Barrio” en cogestión con las organizaciones sociales busca fortalecer la línea de un Estado con participación de lxs trabajadorxs y las mujeres, como parte de la tradición de la historia del peronismo en nuestro país. De ahí la importancia de un proyecto político que nos aloje como economía popular, –un proyecto que nos está escuchando dice Emilio (Pérsico).
Organización a contratiempo
El tendido de puentes entre organizaciones sociales sobre demandas que lxs trabajadorxs de la economía popular formularon se consolidó en los últimos años en la articulación que derivó en la creación de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), la herramienta gremial del sector. Desde ahí –antes CTEP–, impulsaron la discusión sobre el Salario Social Complementario como una medida destinada a lxs trabajadorxs que no alcanzan el salario mínimo y actualmente formulan políticas para paliar la emergencia alimentaria y de integración sociolaboral y comunitaria a través de la conformación de cooperativas de trabajo que nuclean a 500 mil trabajadorxs de la economía popular, donde el 70% son mujeres (un dato no menor a la hora de discutir los modelos de gestión cooperativos y espacios de contención en los barrios). Mediante el RENATEP, iniciaron el censo de trabajadorxs de le economía popular que representan alrededor de cinco millones de trabajadorxs según los datos de CTEP.
—La experiencia de articulación política de los movimientos sociales los muestra como protagonistas de debates sobre el trabajo y la inclusión. ¿Cuáles han sido las principales conquistas durante este tiempo?
—Fernanda Miño: Creo que una conquista enorme es esto de llamarse “economía popular”. Poder considerar trabajo y no pensar que hacer tortillas para vender en la esquina o juntar cartón es otra cosa. Era considerado marginal pensar eso. Que se haya transformado en trabajo, que sea reconocido como trabajo en la economía popular va a ser un gran aporte para repuntar la Argentina. Eso se nota cuando nos podemos juntar con los sindicatos, cuando vemos que es posible elaborar convenios, estar unidos cuando hay que reclamar, que los movimientos sociales sean recibidos desde el gobierno y también seamos parte. Esos gestos dan idea de que los movimientos sociales llegaron para quedarse.
María Castillo: Algo que logró la CTEP, que hoy es la UTEP, es poder tener más vínculo entre todas las organizaciones. Todas tienen su línea de trabajo, pero la mirada hacia los derechos del trabajador es la misma y ahí es más fácil laburar en unidad. Como en los sindicatos, la referencia a la conformación de las mesas políticas de los movimientos sociales trae aparejado el debate sobre voces femeninas y la construcción de organizaciones más igualitarias.
Fernanda Miño: La mayoría de las organizaciones sociales tienen visibles a los compañeros, pero en los territorios las que llevan el comedor adelante, el espacio social, la escuelita, son las mujeres. Hoy, en las organizaciones sociales, es impensada una mesa sin las compañeras, cuando vemos que hay mayoría de hombres, enseguida nos ponemos inquietas y empezamos a notarlo y empezamos a hacerlo notar. Creo que esta realidad se va cambiando y, cuando veo que aparecen las compañeras en las mesas, más que festejarlo, pienso que se está haciendo lo correcto. En lo que nos toca desde la Secretaría de Integración Socio Urbana, esto se plantea a partir de otorgar la titularidad de las casas que se construyen a las mujeres de las familias, así como también con los cupos dentro de las cooperativas. Nosotras planteamos que la tropa femenina va a ser quien monitoree las obras.
María Castillo: En la cooperativa en la que yo estaba, el 60% son mujeres, la administración estaba a cargo de mujeres y la responsable de galpón era una mujer. Solamente en un lugar estaba a cargo un varón que coordinaba el transporte. La organización de todos los días la hacen mujeres y los compañeros no vienen con planteos porque entienden que esa que está al lado puede ser su mamá, su hermana. Eso se logra con mucha charla y mucha asamblea. El compañero de al lado no es solo compañero de trabajo, es compañero de organización que hace que el espacio crezca.
Carolina Brandariz: Si bien estamos muy entusiasmadxs con ser protagonistas de este proyecto popular, creo que hay cuestiones específicas en las que retrocedimos. En un momento de resistencia, como movimiento feminista no sólo copábamos la calle –que ahora no lo podemos hacer-, sino que estábamos muy de avanzada. En este momento en el que la centralidad está en la política, la sensación que tengo es que no hemos podido transformar y permear las reglas de juego. Observamos que no solamente en las fotos aparecen mayoría de varones, sino que hay lógicas de funcionamiento de las cuales nosotras quedamos afuera. Me parece que tenemos que ver cómo volvemos a hacer inteligencia común para transformar eso.
—¿Cuál es la agenda de derechos que hoy impulsan desde el área que les toca gestionar?
Carolina Brandariz: En relación con la agenda de cuidados, la de reconocimiento social y salarial para trabajadoras y trabajadores de la economía popular. En este sentido, es muy importante esta convocatoria que hizo el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a la mesa interministerial, recuperando la referencia ineludible del sistema integral de cuidados de la experiencia uruguaya; una perspectiva que otorga integralidad a la política. Es importante la construcción de un diagnóstico respecto de esta realidad para evaluar en qué medida el Estado puede responder a estas demandas. Desde el Ministerio de Géneros y el Ministerio de Desarrollo Social, estamos realizando un mapeo con el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular (RENATEP).
Fernanda Miño: Nuestro proyecto plantea la integración desde el acceso a los servicios que es lo urgente. Hoy, sabemos que las compañeras en los barrios se han transformado en maestras, trabajan en espacios sociales y tratan de contener a un montón de pibes sin poder siquiera darles un abrazo. Que esos pibes, que estaban contenidos en parroquias, en clubes, en asociaciones civiles, en los espacios políticos, hoy estén en la calle es gravísimo para los barrios populares y es algo que tenemos que prestarle mucha atención y replantearnos cómo salir post pandemia que cada vez la vemos tan lejana. Cuando vemos los números de los contagios, cómo aumentan, se nos hace un nudo en el corazón, ni siquiera en la garganta. Entonces, es todavía mayor el compromiso y la responsabilidad de llevar un caño con agua potable.
María Castillo: Es necesario organizar cooperativas de reciclado, porque permite a los compañeros empezar a tener más derechos y porque desde ahí es posible discutir política pública, armar convenios, tener seguro de vida. Son compañeros que, si los choca un camión o se caen del carro con caballo, van al hospital, pero esos días que no trabajan nadie se los cubre, no les cubren los medicamentos tampoco y, en caso de perder la vida, la familia queda desprotegida. La formalidad de las cooperativas es un costo, pero hay que hacerle entender a los compañeros que parte de la producción tiene que ir a esa organización para tener derechos. Las luchas sociales, sindicales, de la economía popular y la militancia feminista comparten lenguajes de derechos, de reconocimiento de distintas formas de trabajo que desarrollan las cuidadoras comunitarias (en los comedores), lxs que cartonean, lxs que salen cada día a buscar el sustento para sus familias. Esa noción ampliada de trabajo también se inscribe en la tradición de las luchas obreras, en las formas de resistencia a la exclusión y las tramas de solidaridad de las barriadas, los piquetes, las ollas populares. Reconocer derechos para esas formas de organización del trabajo es parte de la perspectiva de gestión de las mujeres de los movimientos sociales.
*Por Tania Rodriguez para La Nación Trabajadora / Imagen de portada: Gala Abramovich.
