El cordobesismo y la pandemia precarizada
Becarixs del Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, dependiente del gobierno de Schiaretti, denuncian amenazas, maltratos y obligación de trabajo de relevamiento sin las condiciones necesarias para evitar los contagios de COVID-19.
Por Redacción La tinta
Más de 20 trabajadorxs sociales, arquitectxs, ingenierxs y licenciadxs ambientales en la paupérrima condición de becarixs (con un salario de $16.900 por 6 horas diarias de lunes a viernes), vienen denunciando estar ejerciendo sus funciones en condiciones de completa vulnerabilidad. “Somos los equipos técnicos de implementación y ejecución de políticas públicas habitacionales, vamos a villas o asentamientos, y hacemos revisiones de datos de cuántas familias y en qué condiciones viven, para, luego, presentar proyectos para garantizar a las familias el acceso al agua, luz, cloacas y, en algunos casos, viviendas con escrituras”, dicen lxs becarixs.
Denuncian que, la semana pasada, fueron convocadxs a realizar un relevamiento barrial sin las medidas de seguridad ni los elementos necesarios para una actividad que es una tarea arriesgada en la situación de pandemia.
“Como equipo de trabajo, planteamos a los superiores desacuerdo con llevar adelante esa actividad masiva donde seríamos más de 50 personas en contacto con 400 familias del barrio… exigimos medidas de seguridad y que se respeten y garanticen los protocolos. Fuimos obligados a ir bajo amenazas: ‘Ponen en riesgo su trabajo’. Frente a esto, hicimos reclamos y expusimos nuestros posicionamientos, y la respuesta ante todo fue que la Ministra Laura Jure forma parte del COE, así que no podemos hacer reclamos”, afirman.
Según las palabras de lxs becarixs, se enteraron por una llamada virtual -de un día para el otro- que tenían que presentarse para el relevamiento y, aunque expresaron su disconformidad, sufrieron amenazas y provocaciones.
Las condiciones de trabajo de lxs becarixs del Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar son muy precarias en relación al cobro de sus haberes, pero también en relación a la estabilidad laboral. Alrededor de mediados de junio, lxs trabajadorxs hicieron un paro que derivó en el despido de siete compañerxs y el consiguiente hostigamiento por el cual les resulta muy complicado salir a denunciar. “Claramente, nuestros trabajos corren riesgo y no podemos realizar ninguna actividad de difusión y/o visibilización pública. Pero estamos buscando dar algún paso cuidado y seguro para no exponernos, pero dar a conocer la situación y manejo de los funcionarios del Estado”, aseguran.
Por otra parte, lxs trabajadorxs denuncian irregularidades en relación a la información; dicen haberse enterado informalmente de múltiples casos de contagio en el Ministerio, los cuales no fueron comunicados de manera oficial y las oficinas no fueron desinfectadas.
*Por Redacción La tinta.
