Registro de la Economía Popular: 6 de cada 10 son mujeres
En julio pasado, desde el Ministerio de Desarrollo Social, lanzaron el Registro de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP). Ya se inscribieron casi 500 mil personas. El 58% por ciento son mujeres y un 53% de las actividades registradas se vinculan al cuidado o a tareas socio-comunitarias. “Esto se relaciona con la situación de mayor vulnerabilidad en relación al trabajo de las mujeres con respecto a los hombres y habla de la feminización de la pobreza”, afirma Sonia Lombardo, directora del Registro Nacional de Efectores Sociales.
Por Tali Goldman para Nuestras voces
A principios de julio, desde la secretaría de Economía Social que dirige Emilio Pérsico, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, lanzaron el Registro de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP): un registro inédito que sirve para pensar políticas públicas para un sector históricamente relegado y expuesto ante las consecuencias de la pandemia. A seis semanas del lanzamiento, Nuestras Voces accedió a los primeros resultados de los 461.810 inscriptos.
“Lo primero que sobresale es la cantidad de mujeres. El 58% por ciento de los registrados son mujeres”, explica Sonia Lombardo, socióloga y directora del Registro Nacional de Efectores Sociales. “Esto se relaciona con la situación de mayor vulnerabilidad en relación al trabajo de las mujeres con respecto a los hombres. La mayoría se inscribieron en la rama socio-comunitaria, la que más inscriptos tiene, y trabajan en comedores y merenderos. O sea, son las mujeres las que, en mayor medida, realizan tareas socio-comunitarias. Esto habla de la feminización de la pobreza: El hecho de que sean mujeres, que hagan trabajo informal, no remunerado o sin derechos”.
En el registro, se anotaron trabajadores y trabajadoras de comercio popular, y trabajadores del espacio público, o sea, vendedores ambulantes, artesanos, artistas callejeros, feriantes. También trabajadores vinculados a la rama de recuperación, reciclado y servicios ambientales como cartoneros o relacionado a la construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental; Industria manufacturera es otro servicio socio comunitario, así como también relaciones de cuidado o promotoras contra la violencia de género socioeducativos, culturales, medios de comunicación comunitaria.
Otro de los datos interesantes que se desprenden de este Registro es que la mayoría de inscripciones está, sin dudas, relacionada con la crisis. “La mayoría que se anotó hace labores vinculadas a la tarea socio-comunitaria. Esto seguramente tiene que ver con la situación de crisis y pandemia, porque, dentro de esa rama, están las trabajadoras de comedores y merenderos, las promotoras de salud con el motor contra la violencia de género. Entonces, eso seguramente está relacionado con la situación de crisis económica, social, sanitaria y alimentaria, donde se están jugando un papel muy importante las trabajadoras comunitarias”, reflexiona Lombardo y agrega: “No nos sorprendió, es lo que esperábamos un poco en este contexto”.
Del total de encuestados, un 47% manifestó que realiza su labor de manera individual, mientras que el 53% lo realiza en forma asociativa, esto es, en una cooperativa.
Ramas de actividades de la economía popular
Un 26% de los inscriptos realizan trabajos “socio-comunitarios”, o sea, tareas en los comedores y merenderos comunitarios, ya sea preparando comida, limpiando, cargando y descargando mercadería, distribuyendo viandas. Un 27% por ciento realiza “servicios personales y otros oficios”, esto es: tareas de limpieza, cocinar para terceros y servicios de peluquería, manicuría o depilación. Un 13% trabaja en “comercio popular y trabajos en espacios públicos”, es decir, trabajos en la vía pública que se ven muy afectados por la pandemia, y un 11% se dedica a la “construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental”. El 9% se dedica al “transporte y almacenamiento” y un 6% a la “agricultura familiar y campesina”. Por último, un 4% se dedica a tareas de “transporte y almacenamiento” y otro 4% a trabajos vinculados a la “recuperación, reciclado y servicios ambientales”.
Según explica Lombardo: “El registro es un primer paso hacia la formalización, hacia la institucionalización de los trabajadores de la economía popular. La idea es que, a partir de este registro, se pueda conformar y ordenar todo este sector y empezar a ordenar algunas políticas que existen y también otras en relación, por ejemplo, a la situación fiscal y el acceso al monotributo social que ya existe. Pero también estamos trabajando en el acceso al monotributo costo cero para que puedan empezar a registrar la actividad económica y empezar a realizar los aportes jubilatorios, y empiecen a tener la capacidad de facturar todos los trabajadores y trabajadoras del sector”.
En ese sentido, hace pocos días, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, firmaron un convenio que convierte en cajas de ahorro de libre administración –similar a una cuenta sueldo– las cuentas bancarias de las y los titulares de Potenciar Trabajo y otros programas sociales. De este modo, dispondrán de una cuenta bancaria mediante la cual podrán recibir transferencias y depósitos por otras actividades particulares que realicen, sin costos adicionales y en el marco de lo establecido por el Banco Central.
Entre el medio millón de personas que se registraron, una mayoría abrumadora reside en la provincia de Buenos Aires, el lugar en donde los movimientos populares tienen su mayor despliegue territorial.
Este registro, que aceleró su mecanismo en medio de la pandemia, nació a raíz de una deuda social y normativa, está contemplado en la Ley de Emergencia Social votada y sancionada en 2016. Fue una ley que es un logro de los movimientos sociales, una lucha de mucho tiempo. Y es, sobre todo, la propuesta para lograr institucionalización de la economía popular y estos trabajadores como tales. Se dejó de hablar de “titulares de beneficios sociales” para hablar de “trabajadores”.
“El espíritu del registro sigue siendo el mismo: la inclusión económica y productiva de las y los trabajadoras de la Economía popular”, concluye Sonia Lombardo.
*Por Tali Goldman para Nuestras voces / Imagen de portada: Florencia Salto.
