“No hay posibilidad de una sociedad con justicia social si no hay justicia ambiental”
Por Huerquen
El 5 de junio pasado, en el Día Mundial del Ambiente, el Diputado Nacional Leonardo Grosso (Movimiento Evita – Frente de Todxs) presentó el Proyecto de Ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Aplicación de Productos Agroquímicos”; en sintonía con el reclamo que los Pueblos Fumigados de todo el país vienen sosteniendo desde hace muchísimos años y que sintetizaron en la consigna “Paren de Fumigar”.
Pocos días después, Bayer-Monsanto anuncia el desembolso de casi 11.000 millones de dólares para “resolver” extrajudicialmente la mayoría de las acciones legales por la relación entre sus formulados a base de glifosato y terribles daños a la salud. Miles de damnificados rechazaron el ofrecimiento y continúan adelante con sus demandas. El modelo tóxico en el agro se cae a pedazos en todo el mundo y hasta la FAO y la ONU plantean que debemos cambiar de rumbo.
En nuestro país, la crisis pandémica puso en el centro de las discusiones la producción y abastecimiento de alimentos, así como la forma en que el capital fue ordenando el territorio. Esta disputa se agudiza alrededor de la expropiación de Vicentin, el rechazo a los agrotóxicos en campo y ciudad, y con la enorme visibilidad y desarrollo de alternativas agroecológicas que construyen hoy mismo miles de productorxs y organizaciones en todo el país. El debate sobre la Soberanía Alimentaria y el modelo agropecuario en Argentina están al rojo vivo.
En este diálogo con Leonardo, conversamos centralmente sobre el proyecto presentado hace muy poco, pero también sobre Vicentin, sobre alimentos, ciudades y agroecología; sobre la relación del peronismo con las reivindicaciones socioambientales, sobre la tierra y la posibilidad de diálogos; sobre las oportunidades que abre la pandemia y la disputa por la nueva normalidad.
—¿Cómo surgió y en qué consiste el proyecto que presentaste en el Día Mundial del Ambiente?
—En primera instancia, el proyecto surgió de la convicción de que hay que pensar una nueva forma de producción en nuestro campo, en nuestro mundo rural; porque es muy extendida, es muy grande y también muy contaminante, y, por eso, pensamos que el Día Mundial del Ambiente era un momento bueno para presentarla.
Básicamente, el proyecto consiste en prohibir la aplicación terrestre manual o mecánica de agroquímicos a menos de 1.500 metros de zona urbanas, de viviendas, de escuelas, de asentamientos humanos, de plantas apícolas o de producción o industrialización de productos animales, de ríos, de arroyos, de lagunas, de cursos de agua, de espejos, bueno, de todo lo que implique riesgo para la salud humana y el medio ambiente en tanto y en cuanto a la aplicación de estos agroquímicos.
El proyecto propone prohibir en todo el país la aplicación aérea de agroquímicos para siempre con un plazo de 2 años desde que se presente la ley, de adaptación de los productores y las productoras. Está bueno aclarar que lo que prohíbe la ley es la aplicación de agroquímicos a 1.500 m de estas zonas, no la producción. Si los productores quieren producir más cerca de escuelas, de zonas urbanas y demás de forma agroecológica, podrían hacerlo tranquilamente.
—¿Qué acompañamiento tiene entre las distintas fuerzas políticas y organizaciones sociales?
—Nosotros presentamos el proyecto y queremos abrir el debate. Ha habido un fuerte acompañamiento de organizaciones de pueblos fumigados, de asambleas ambientalistas, de productores de la agricultura campesina indígena, y vamos recolectando muchísimas adhesiones de comisiones de salud ambiental, del Colegio de Médicos de la Provincia Buenos Aires y vamos sumando adhesiones.
—¿Cómo sigue su tratamiento?
—El proyecto está presentado y lo que pretendemos primero es abrir un debate en el país para llevarlo a la Cámara de Diputados y darle tratamiento en la Comisión.
—¿Qué posibilidades tiene de llegar al recinto y como lo ves en el “poroteo” para una eventual aprobación?
—En cuanto a las posibilidades para llegar, bueno, es un proyecto difícil porque los poderes económicos que enfrenta este proyecto que pretende regular la aplicación de agroquímicos en Argentina son muy poderosos. Me parece que hoy hay condiciones de discutir estas cosas porque hay una conciencia social mayor con respecto a que los agroquímicos utilizados, cómo se utilizan y en las cantidades que se utilizan, son veneno; y en las ciudades, crece cada día más la conciencia de poder consumir alimentos libres de veneno. Me parece que estas condiciones que trajo la pandemia, que trajo la crisis mundial derivada de ella misma, generan una oportunidad de discutir nuestro modo de producción en el campo.
—Los considerandos del proyecto son contundentes. Es lo que los Pueblos Fumigados y la Ciencia Digna vienen denunciando desde hace 20 años. De hecho, son citados Andrés Carrasco, la Red de Médicos, etc… Según tu visión, ¿cuál es la importancia de que el peronismo se empape de las demandas de asambleas socioambientales e investigaciones comprometidas en evidenciar las consecuencias del agronegocio? ¿Por qué considerás que se han demorado en acudir a estas demandas?
—Creo fundamental que el peronismo se involucre en este tema. Nosotros hacemos política para cambiar la sociedad porque entendemos que la sociedad es injusta y el peronismo vino a la Argentina a construir niveles de justicia que el capitalismo y el mercado no garantizaban.
La acción política de nuestra fuerza se ha destacado a lo largo de la historia Argentina por construir derechos de los sectores que menos tienen. Hace algunos meses, cuando se podían hacer charlas, lo conversábamos con distintos activistas del ambientalismo y la ecología, y yo les decía que, si nosotros somos peronistas, entonces, somos ecologistas, porque no hay posibilidad de pensar una sociedad con justicia social si no hay justicia ambiental. Porque los desajustes que viene generando el modo de producción y apropiación de la naturaleza que lleva el capitalismo en la Argentina y en el mundo, generan y profundizan las desigualdades sociales que nosotros combatimos. Por eso, para el peronismo, es importante.
¿Por qué se ha retrasado? Yo no sé si se ha retrasado. Se retrasó una parte importante del peronismo, que tiene más poder que la otra parte que sí ha incorporado estos temas. Pero me parece que, globalmente, el nivel de conciencia, por la crisis general por la pandemia, por el aumento del activismo y la militancia ecologista y ambientalista en la Argentina y el mundo, hacen también que el peronismo, como tantas otras fuerzas políticas, tengan una reacción distinta a esto y es una oportunidad de incorporar el ecologismo y ambientalismo en las agendas de los políticos y de los partidos políticos más importantes de este país.
—Vicentin: ¿Cómo ves la situación?
—Creo, como dice el presidente, que hay que rescatar esa empresa. En ese camino, tratar de que nuestro Estado Nacional tenga mayor incidencia en el mercado de granos que es el que conduce todo este proceso productivo que es bueno y malo a la vez para la Argentina. Es bueno en términos generales por las divisas, por la cantidad de recursos que eso implica a las arcas nacionales y por el peso que tiene en la economía; y es malo por el modo de producción, por todo esto que venimos hablando. Pero, de alguna manera, para poder empezar a modificar eso, también hay que meterse en las grandes ligas de este entramado productivo y la oportunidad de que el Estado interceda en Vicentin me parece que tiene que ver con eso, con meterse en las grandes ligas.
—De concretarse la expropiación sin modificar su estructura, hay un riesgo de que el Estado pase a participar más de un modelo que enferma y envenena. ¿Cómo analizás estos riesgos a la luz del proyecto de ley que presentaste?
—Los riesgos son muchos, pero insisto en que nada es lineal. No es que «como el Estado expropia Vicentin, entonces el Estado…», nada es lineal. Ni siquiera si no logramos estatizar Vicentin, por la reacción desmedida de los sectores económicos concentrados este país apoyando a Vicentin, a sus dueños, a los que estafaron al pueblo argentino, a los que vaciaron la empresa, los que se hacen millonarios con cada crisis como siempre, ni siquiera así el futuro va a ser igual de lo que hubiese sido si ni siquiera discutíamos Vicentin.
Me parece que hay una oportunidad de discutir todo y nosotros tenemos que discutir la ruralidad en Argentina. Hay problemas estructurales en el modo de producción contaminante, la exclusión de las poblaciones campesinas e indígenas de sus tierras, la expansión de la frontera agropecuaria, pero también hay una discusión de fondo y que no es solo resultado de este modo de producción, porque la Argentina arrastra a lo largo de muchísimos años una pequeña población campesina, un alto grado de urbanización y, hoy, tenemos como resultado que el 92% de nuestra población es urbana. Somos el país con menos población campesina de América Latina. Hay que repensar eso también y la crisis genera una oportunidad más allá de Vicentin.
Es parte de una discusión global y una discusión que Argentina se va a tener que dar, de cómo construimos la nueva normalidad. Esa nueva normalidad tiene que tener en cuenta todos los problemas que venimos arrastrando y por lo cual ahora terminamos con un tercio de la población mundial confinada.
—Hay representantes del agronegocio que plantean la necesidad de “diálogos” que permitan la convivencia de modelos (agroecología y agronegocios). Habida cuenta de lo que vivimos en los últimos años, ¿creés que es posible/deseable ese camino?
—Yo nunca estoy en contra de los diálogos. Creo que hay que hablar con todo el mundo todo el tiempo. Lo cierto es que esos diálogos son posibles y cada uno defiende sus intereses y nosotros vamos a defender nuestros intereses, los intereses de la agroecología, de la agricultura familiar, de la población campesina indígena, y, en ese diálogo, nosotros vamos a plantear cómo el agronegocio se aprovechó de su lugar de privilegio y de poder para excluir de la realidad a este sector y me parece que pasa por ahí. Nosotros no tenemos ningún miedo al diálogo, ahora, lo que tiene que quedar claro en ese diálogo es que nosotros vamos a defender nuestros intereses y tenemos argumentos políticos e históricos, y ahora también científicos, y cada uno de esos vale.
—Muchos espacios plantean que ningún proyecto popular puede arraigar en los territorios sin que retroceda el agronegocio desde lo económico, político y simbólico. Vimos, durante el último lockout en marzo y ahora alrededor de Vicentin, a verdaderas usinas de pensamiento reaccionario, insensibles a la realidad agraria más amplia que incluye al cooperativismo y a la agricultura familiar campesina e indígena. ¿Cómo pensás en general este escenario de disputa ante las debilidades estructurales de nuestra forma de vida –hiper concentración poblacional y falta de acceso a alimentos- que ha evidenciado con mayor crudeza la pandemia?
—Vuelvo a esto de la crisis y las oportunidades, y creo también que hay que construir otra relación de fuerzas y me parece que en ese camino estamos. Y tiene que ver también con la aparición y articulación de los movimientos sociales. Hay un factor nuevo ahí.
Hay dos o tres cosas: la crisis global de la que venimos hablando hace que haya más conciencia y que, por eso, por ejemplo, aumenta el consumo de verduras en general y de verduras sin agroquímicos particularmente en las ciudades, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Hay otros datos que hablan de la crisis de vivir aglomerados, de hecho, todos los que vivimos en fase 1 en la pandemia vimos cómo los que viven menos aglomerados pasan a otras fases. Hay una discusión acerca de cómo vamos a repensar la nueva normalidad en términos de garantizar la vuelta al campo de muchísima gente. Hay proyectos concretos que los movimientos sociales, políticos, culturales y sindicales vienen promoviendo con la idea de las chacras agroecológicas, la vuelta al campo y demás. Y hay algo que pasó en los últimos años que es que los movimientos sociales urbanos, que vienen de la historia del movimiento piquetero y que tenían una agenda exclusivamente urbana, construyeron alianzas con organizaciones campesinas indígenas, por ejemplo, nosotros del Movimiento Evita con el Mocase, con la Vía Campesina, pero también apareció la UTT, el MTE armó su rama rural, La Dignidad, y así construimos experiencias para producir alimentos que funcionan excelente, como, por ejemplo, la experiencia en Jáuregui de ocupación de tierras de la UTT, que, pocos años después, abastece de verduras a todo Luján y algunos pueblos de alrededor.
Bueno, apareció la discusión del mundo rural con más fuerza en el mundo urbano y me parece que lo que hay que seguir haciendo es articular y profundizar ese entramado para mejorar nuestra relación de fuerzas y discutir con el agronegocio, que, sin duda, es “un monstruo grande y pisa fuerte” en la Argentina por la centralidad económica que tiene y de lo que hablábamos anteriormente, pero que eso no impide que nosotros podamos profundizar esta discusión.
*Por Huerquen / Imagen de portada: Huerquen.
