Exigen la libertad de Vic, presa por solidarizarse con el pueblo mapuche
Victoria Núñez Fernández lleva 55 días detenida en la provincia de Chubut. Fue apresada el 11 de febrero en la lof mapuche Pillan Mahuiza, durante los doce allanamientos simultáneos a comunidades originarias ordenados por el juez federal de Esquel, Jorge Criado. Mientras 300.000 hectáreas eran arrasadas por los incendios, el gobierno de Chubut decidió montar un violento operativo con un Comando Unificado integrado por cientos de efectivos e incriminar sin evidencias al pueblo mapuche-tehuelche. Este lunes 7 de abril, se llevará a cabo una audiencia pública en el marco de lo que diversas organizaciones denuncian como una causa armada para criminalizar a las comunidades y sus aliadas.
Vic nació en la provincia de Buenos Aires, tiene 37 años y hace cinco que habita la comunidad mapuche-tehuelche Pillan Mahuiza. Es la única persona que resultó detenida en los allanamientos de febrero. Este lunes 7 de abril, a las 11 horas en la ciudad de Esquel, enfrenta una audiencia pública donde se definirá cómo continúa su situación y la causa. Está imputada por tres cargos: coautoría de un ataque incendiario en la Estancia Amancay ―ocurrido el 18 de enero en la localidad de Trevelin, donde se quemaron maquinarias y vehículos―, participación de una asociación ilícita y disturbios en la vía pública. La única prueba que sustentó la acusación fue el testimonio de que un vehículo similar al suyo se encontraba cerca de la Estancia cuando sucedió el incendio. Esto fue refutado por la defensa de Vic, cuando presentó relatos de testigos y datos de geolocalización de su camioneta, que la ubicaba en ese día y horario a más de 80 kilómetros del lugar. Sin embargo, el juez solo resolvió otorgar una prisión domiciliaria a 100 kilómetros de su territorio.
En este marco, organizaciones y comunidades lanzaron la campaña #LaSolidaridadNoEsDelito para exigir la libertad y el desprocesamiento de Victoria. Denuncian que es una presa política, en un marco de persecución y criminalización a las comunidades mapuche-tehuelche y a quienes se acercan a compartir sus luchas, defender y cuidar los territorios.
Desde La tinta, dialogamos con Evis, integrante de la comunidad que aguarda el regreso de Vic: «Mari mari, inche ta Evis Millan Pingen, tañi lofche mapuche-tehuelche Pillan Mahuiza mew. Hola, mi nombre es Evis Millan y pertenezco a la comunidad mapuche-tehuelche Pillan Mahuiza”. Respecto a la audiencia, nos cuenta que esperan que Vic quede en libertad, porque es inocente y quedó demostrado con las pruebas presentadas: “Se la está culpando de algo que es una causa armada”.
#LibertadParaVicYa
La semana pasada, familias de Epuyén afectadas por los incendios de este verano denunciaron que el Estado chubutense no ofrece respuestas ni soluciones suficientes a la situación que atraviesan. En una nota de Tiempo Argentino, detallan que la Provincia subejecutó recursos enviados por Nación, asignó dinero a áreas no afectadas y prioriza la ayuda a quienes son propietarios.
Poco queda de las promesas que realizó el gobernador Ignacio Torres en febrero de este año, cuando aseguraba ayudar a las personas damnificadas. Lo que sí se sostiene, en cambio, es el montaje mediático que desplegó para amenazar a la población y, sobre todo, construir un enemigo interno. Inmediatamente después de la detención, Torres difundió el hecho en una conferencia llena de conjeturas y sin presentar evidencias, donde mostró imágenes de Vic y otras personas de Pillan Mahuiza calificándolas de «terroristas», vinculándolas a organizaciones delictivas y dando a entender que eran responsables de los incendios, sin respetar la presunción de inocencia.
«Las afirmaciones del Gobernador fueron difundidas en todo el país, difamando al pueblo mapuche y alimentando la violencia racista. Tanto el gobernador Torres como la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, intentan vincular a estas mujeres a la RAM (organización que no es reconocida ni avalada su existencia por las comunidades Pu Lof ni por las tres Confederaciones Mapuche que existen en el país)», recuerdan desde la campaña y son contundentes en que no hay pruebas que sustenten el relato del gobierno.
#LaSolidaridadNoEsDelito
La persecución hacia las comunidades originarias no es novedosa ni exclusiva de este gobierno. Como señala Evis, desde la conformación del Estado argentino, el despojo territorial, la violencia y el hostigamiento a los pueblos ancestrales han sido constantes. Sin embargo, en los últimos años, se erigió una campaña mediática de criminalización que utiliza la figura “terrorista” para promover mentiras y difamaciones que instalan el miedo en la sociedad.
Las personas que acompañan a Vic destacan que el discurso “antimapuche” en las grandes empresas de comunicación tuvo su auge en 2016, mientras Patricia Bullrich era ministra de Seguridad de la Nación y dos hechos de extrema violencia Estatal ocurrieron bajo su responsabilidad política: la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en Cushamen, Chubut, y el asesinato de Rafael Nahuel por parte del grupo de tareas Albatros, cerca del lago Mascardi, en Río Negro.
La campaña #LaSolidaridadNoEsDelito denuncia que, tanto en el caso de Santiago Maldonado como en la detención injustificada de Vic, el Estado busca aleccionar a personas que no son mapuche, pero se acercan a acompañar el reclamo. “Creemos que esta causa armada tiene que ver justamente con criminalizar la solidaridad de quiénes deciden adoptar una cosmovisión o acompañar la lucha de los pueblos que queremos habitar en armonía con la naturaleza. Victoria decidió hace 5 años instalarse en Pillan Mahuiza, su solidaridad ha llevado que también acompañe a ancianas, niñeces de otras comunidades. Es claro que esta persecución, este hostigamiento por parte de la Justicia, de los Estados, del gobierno de Chubut, tiene que ver con querer aislar al pueblo mapuche”, expresa Evis.
“Todo por haberme acercado a los territorios, por haberme acercado a quienes están resguardando la vida, a quienes están cuidando esos territorios de no ser avasallados por el extractivismo. Por abrazar al pueblo mapuche. No soy la única, no es la primera causa armada, hay muchas más ocurriendo en este momento y muchas más que han sucedido antes”, dice la misma Vic en un video que forma parte de la acción de visibilización.
¿Quiénes se benefician una vez que el fuego se apaga?
Justificar la represión mediante la narrativa fantasiosa del terrorismo esconde una motivación económica. La campaña señala que los intereses inmobiliarios y extractivistas en la Patagonia necesitan del enemigo interno para deslegitimar la lucha de las comunidades protegidas por derechos internacionales y quedarse con sus tierras.
“Sabemos que hay empresas extractivistas, sobre todo, extranjeras, que quieren comprar tierras en la Patagonia, que vienen por el agua, que vienen con las mineras, con diferentes proyectos que lo único que traen es muerte, porque quieren asesinar los ríos, asesinar los bosques, las montañas. El gobierno necesita, de alguna manera, entregar las tierras a esas empresas con las que ha firmado convenios y, para eso, necesita que estén deshabitadas, sacar y desalojar a la gente que allí vive. Entonces, esta persecución tiene que ver con esos intereses económicos, esa mirada terricida y genocida que responde a sectores de mucho poder”, detalla Evis.
Las empresas que podrían beneficiarse con el saqueo de la Patagonia son numerosas, pero un nombre que resuena en el relato de Evis y en las últimas entrevistas y conferencias de prensa es el de Mekorot, una empresa estatal israelí que se encarga del abastecimiento de agua potable. Mekorot ha sido denunciada por organismos internacionales como uno de los principales brazos ejecutores del genocidio contra Palestina al sostener un plan de manejo de agua que limita el acceso a los habitantes del territorio ocupado. En 2022, la empresa desembarcó en Argentina, mediante un acuerdo de cooperación para asistir técnicamente a las provincias en planes de gestión y desarrollo de infraestructura hídrica, en el marco de la denominada Agenda 2025 del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Como informa una nota de Agencia Tierra Viva, en esa ocasión, una delegación argentina, encabezada por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, viajó a Israel para conocer el “modelo de gestión” y cerrar las condiciones del pacto.
En septiembre de 2024, la provincia de Chubut aprobó por ley su convenio con la empresa y, según la organización Fuera Mekorot, al menos otras 10 provincias argentinas tienen acuerdos similares. El colectivo denuncia que los términos comerciales de los contratos “violan, entre otros derechos, la consulta libre, previa e informada de nuestros pueblos originarios, el libre acceso a la información pública y la soberanía sobre información clave para el manejo de este bien esencial, hoy, en manos del Estado”.
Alianzas por el buen vivir
«Es importante que, este lunes, estemos atentxs a la audiencia», dicen desde la campaña, haciendo énfasis en la instancia judicial que, posiblemente, sea transmitida de manera virtual. Durante las últimas semanas, colectivos y referentas nacionales e internacionales acompañan el reclamo. Si la solidaridad es lo que quieren romper, a ella apuestan las organizaciones y comunidades: «Es necesario juntarnos, es necesario manifestarnos cuando se cometen situaciones como estos montajes, este tipo de causas armadas, es necesario que haya unión», destaca Evis y señala que la construcción de alianzas se vuelve fundamental para defender todos los derechos que están siendo avasallados y no solo los ancestrales.
En la última conferencia de prensa, la weychafe Moira Millán daba forma a los pilares de esa solidaridad: «No quiero una agenda consensuada desde el odio. No quiero unirme con sectores de la argentinidad contra un represor que gobierna. Quiero unirme por un sueño, por amor a la mapu, por una agenda profunda que nos haga trascender en el modelo de país que se busca». La Patagonia es una tierra lejana para la mayoría de la población argentina, pero aunque cueste llegar a una verdad que queda a tantos kilómetros, hay redes y organizaciones que nos acercan a nuestra propia libertad. Como dice Moira, nos merecemos el buen vivir como derecho y es fundamental no ceder ante la maquinaria del odio y la indiferencia, porque ese bienvivir solo es posible sin detenidas políticas y con Vic en su territorio.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
