Cinco mentiras del Gobierno de Chubut para perseguir al pueblo mapuche
El martes 11 de febrero, el Gobierno de Chubut junto a la Policía Federal realizó 12 allanamientos simultáneos a comunidades mapuche-tehuelche, casas particulares y una radio comunitaria en la cordillera patagónica. Durante el operativo, fue detenida una integrante de la lof Pillan Mahuiza, ubicada en las cercanías del pueblo de Corcovado. La orden judicial fue emitida por Jorge Criado, en el marco de la investigación por un incendio de vehículos y maquinarias, ocurrido en la madrugada del 18 de enero en la Estancia Amancay. La misma está ubicada cerca de la localidad de Trevelin y pertenece a Miguel Mirantes, empresario hermano de Laura Mirantes, ministra de Producción de Chubut. El Gobierno provincial inmediatamente denominó el episodio como un «atentado terrorista» y lo vinculó, a través de conjeturas y suposiciones, con las comunidades originarias.
Por Redacción La tinta
El jueves 13 de febrero, después de los doce allanamientos, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, realizó una conferencia de prensa junto al intendente de Esquel, Matias Tacceta, el ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz, el comisario general Andrés García, el procurador general Jorge Luis Miquelarena, y la fiscal del Ministerio Público Fiscal de Esquel, María Bottini. Allí, celebraron el operativo, amenazaron con desalojos y justificaron la violencia contra trabajadorxs, familias, niñxs y ancianxs mediante la construcción de un enemigo interno: el terrorismo. En esta nota, analizamos algunas de las expresiones de un gobierno acusado de criminalizar y fomentar el odio contra las comunidades originarias.
- “En Chubut la ley se cumple y los delincuentes ya fueron identificados”.
En Argentina, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuáles son esas leyes que el gobernador dice cumplir? Los doce allanamientos a comunidades y domicilios en la cordillera secuestraron, entre otras cosas, libros, nafta, celulares y herramientas de trabajo. Ninguno de esos elementos constituye una evidencia que pruebe un ataque incendiario y, si lo fueran, deben ser presentadas durante el debido proceso judicial. El Poder Ejecutivo no puede asegurar que una persona es culpable sin dicho proceso.
¿Se cumplen las leyes que explican cómo debe ser un allanamiento? Durante los operativos del 11 de febrero, integrantes de las comunidades fueron golpeados, tirados al piso y precintados. “Llegó la policía, me cortaron la tranquera, me la tiraron, llegaron hasta el portón, gritaron arriba las manos, adelante de nosotros cargaron el arma y me rodearon la casa. Yo no sabía qué pasaba, les pregunté y no me respondían”, relata Isabél Catriman de la Lof Catriman / Colihueque en una entrevista con Radio Sudaca. En Pillan Mahuiza, el allanamiento duró más de doce horas, durante las cuales las familias estuvieron incomunicadas. Tampoco hubo testigos y quienes intentaron ingresar como veedores fueron rechazados.
En un video publicado por Canal Abierto, Gladys Millane y el longko Virgilio Cañio del lof Cañio de El Maiten, detallan los atropellos de la policía provincial: “Nos sacaron de la cama, sin vestirnos. Llegaron empujando, golpeando los portones, eran como 15 o 20. No nos dejaban ir al baño, yo no me podía tranquilizar”. En los más 50 años que llevan habitando esa tierra, nunca habían pasado por una situación de violencia como esta. Cuando los allanamientos no encuentran pruebas que evidencien delitos, ¿qué asistencia ofrece el Estado a personas inocentes que vivieron una experiencia traumática perpetuada por el mismo gobierno? “Lo que dejaron fue miedo. Ellos vinieron hace dos o tres días, pero hacé de cuenta que fue hoy porque no sentía nada, me había quedado mal. Hoy ya pude andar más, salir a ver mi siembra, regar un poco”, relata Gladys.
Ignacio Torres lleva varias semanas lanzando advertencias públicas al Poder Judicial: “La pelota la tiene la Justicia, y exigimos que haya una medida ejemplificadora para que, de una vez por todas, estos delincuentes estén presos, que es donde tendrían que haber estado hace años”. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Esquel realizó una carta abierta, donde expresa: «Resulta alarmante, Sr. Gobernador, que públicamente en su discurso interpele la acción de otro Poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, toda vez que éste actúa en base a denuncias concretas que habiliten investigaciones y recolección de pruebas. La triste imagen que se comunica es la de injerencia de un Poder en otro, justamente lo que nuestra Carta Magna prevé evitar».
El escrito de la APDH también se refiere a otra maniobra discursiva del Gobierno provincial, las declaraciones son difusas, hablan de “sembrar el caos” e instalan la idea de que los cinco incendios en la región cordillerana que, durante semanas, afectaron más de 20 mil hectáreas en tres provincias patagónicas diferentes, tienen un mismo origen y responsable. Sin embargo, el proceso judicial que involucra los allanamientos y la detención de una lamngen solo está referido al hecho ocurrido en la Estancia Amancay.
- “Los principales responsables se encuentran detenidos”.
Hay solo una persona detenida después de los allanamientos: Victoria Fernández Núñez. Vic es una defensora del territorio que nació en Buenos Aires y habita la lof Pillan Mahuiza desde hace cinco años. La única justificación para su detención es el supuesto testimonio de una persona que vio un vehículo blanco, similar al suyo, en las inmediaciones de la Estancia Amancay la noche del incendio. En la conferencia de prensa, Torres mostró imágenes borrosas de una kangoo blanca a la distancia, sin patente reconocible y sin personas a bordo. Al lado, fotos y datos personales de Vic, de la weichafe Moira Millan y de otras personas de la comunidad Pillan Mahuiza y allegadas a ellas.
La defensa de Victoria, por su parte, presentó ante la Justicia los datos de geolocalización que colocan al vehículo de la imputada en Corcovado, a más de 80 kilómetros de la Estancia, en la noche del incendio. A partir de estas pruebas y de las declaraciones tomadas, el juez Jorge Criado otorgó el arresto domiciliario para cumplir una prisión preventiva de 60 días, mientras se desarrolla la investigación. La detención de una persona no mapuche que habita una comunidad, incluso cuando adopta su forma de vida y relación con el territorio, resulta conveniente para el relato oficial de que existen «pseudomapuches» en la cordillera patagónica.
- “Estos chantas no tienen nada que ver con las comunidades mapuche tehuelche”.
El gobierno de Chubut es sistemático en crear una división entre las comunidades originarias: las hay verdaderas y truchas, gente de bien y terroristas. No es intención de esta nota negar o analizar las diferencias políticas y estratégicas de las comunidades a la hora de dialogar y establecer (o no) acuerdos con los gobiernos y privados involucrados en su lucha por los derechos ancestrales. Hay diversas formas de plantear el reclamo, distintas reivindicaciones, diferentes situaciones judiciales. Sin embargo, el accionar del Estado demuestra una discrecionalidad que, lejos de atender a estas diferencias para alcanzar soluciones a medida de cada necesidad y contexto, promueve la desigualdad e inventa enfrentamientos.
Una persona que habita una de las comunidades allanadas, identificada como A. por motivos de seguridad, comparte su mirada en diálogo con La tinta: “Hay aproximadamente 200 comunidades en Chubut, de las cuales el gobernador debe conocer el 10% y reconoce solo a las que son cercanas y están en su partido político, o comparten mínimamente su pensamiento. La gran mayoría de las comunidades vienen hace décadas en conflictos y sobre todo territoriales. La negación de los gobiernos desde la mirada más clasista quiere dividir entre «indios buenos» e «indios malos», un discurso que se forma a partir de la Campaña del Desierto, donde las comunidades que más luchan, visibilizan los problemas, actúan en consecuencia sobre la indiferencia de los funcionarios, somos los «indios malos o truchos» y el que se somete es el “indio bueno o verdadero”.
- “Comprobamos que este grupo de terroristas tienen vinculación con la RAM y otras organizaciones con base en Chile”.
¿Cuáles son esas pruebas? ¿Cuáles son esas organizaciones? El jueves 13 de febrero, el ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, declaró a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista. El informe oficial la describe como un “movimiento etno-nacionalista violento” que promueve “la lucha insurreccional contra el Estado argentino”. Sin embargo, no existe ninguna certeza sobre su existencia, integrantes, actividades, estructura o territorio definido.
Según lo publicado en el Boletín Oficial, “desde el 2010 hasta el presente, cuando los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM arrasan los milenarios bosques patagónicos, se han producido cientos de hechos con características terroristas, muchos de los cuales se incluyen en un listado adjunto”. El listado de 136 “atentados” surge “de fuentes abiertas”, es decir, noticias publicadas en portales web, diarios o canales de televisión, incluso cuando no fueron probados o sustentados en procesos judiciales.
“La RAM una organización de la cual desconozco totalmente, no sabría decir si existe o no, pero sí es gravísimo querer meter a todo un pueblo como el mapuche, mapuche tehuelche, bajo esta organización, ya que la gran mayoría de las comunidades siempre optamos por parlamentar, solucionar los conflictos existentes desde hace años antiguos de manera pacífica. Cada comunidad tiene sus organizaciones internas, entre lonkos, referentes jurídicos, los werken, los conas, etc., que son encargados de velar por cada miembro de su comunidad y buscar las maneras más adecuadas de llevar adelante la lucha, ya sea individual como colectiva”, explica A.
Moira Millan, muchas veces acusada sin evidencias de ser “líder de la RAM”, se refiere a la existencia de la organización durante una entrevista posterior a los allanamientos: “Hablemos de lo que sí existe, ¿existe un Estado represor? Sí. ¿Existe un Estado que está atentando contra la comunicación pública, secuestrando libros, censurando, persiguiendo políticamente? Sí. Eso es más preocupante que la invención fantasiosa de la supuesta RAM”.
- “Siembran el miedo en la sociedad”.
¿Qué provoca miedo? ¿La noticia de un incendio de máquinas en una estancia privada o una patota parapolicial a caballo que golpea a personas que se manifiestan afuera de una comisaría en El Bolsón? ¿Un corte de ruta para exigir derechos o un ex militar que amenaza a una periodista chubutense por difundir acciones en defensa del territorio? ¿Una comunidad que reclama por el derecho a la tierra o un proyecto extractivista privado transnacional que podría contaminar cuencas de agua, suelos y aire en la Patagonia?
El Gobierno de Chubut elige cuidadosamente sobre qué hechos pronunciarse y cuáles no. Torres no amenaza con investigar a los responsables de las extensas plantaciones de pinos que aceleraron los incendios en la Patagonia, no exige que se cumplan las leyes internacionales que protegen a los pueblos originarios preexistentes al Estado argentino.
“Los dichos del gobernador son muy graves, ya que irresponsablemente sale a dar declaraciones que no tienen argumentos sólidos o pruebas para decir que en Chubut las comunidades causamos caos o miedo. En este año de mandato, los que armaron un comando unificado, votaron en contra de las leyes que reconocen y protegen a nuestra gente, desalojan a familias de manera violenta, difunden odio y racismo, son ellos. Crean escenarios totalmente confusos para las personas que no viven en esta zona y no llegan a palpar la verdadera realidad. ¿Con qué objetivo? Quizás para limpiar el camino y dejar que libremente se lleven adelante los negocios y proyectos extractivistas que son de público conocimiento”, sintetiza A.
Cada minuto del tiempo que el Estado utiliza para construir una falsa idea sobre las comunidades originarias que habitan la Argentina implica menos recursos destinados a contener y prevenir el fuego, a resguardar a las poblaciones y a investigar a los verdaderos responsables de los incendios.
En la ciudad de Esquel, durante la movilización del 13 de febrero, bajo la consigna “Apaguen el fuego ya”, las participantes se dirigieron a la Comisaría 1°, donde estaba detenida la lamngen de Pillan Mahuiza. En una intervención frente a los uniformados que custodiaban la entrada, una persona les gritó: “Mírense al espejo, tienen cara de kultrum, igual que yo”. Quizás en este gesto se encuentra una señal hacia el camino que siempre sirve transitar: reforzar, mostrar y ampliar las alianzas. Así lo explicaba, ese mismo día, una intervención en la plaza central de Esquel: “Nosotros tenemos una sola responsabilidad que es luchar por nuestro territorio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero y principal, no avergonzándonos de quiénes somos. Como descendientes de quienes realmente sufrieron todo el despojo, todo el genocidio, tenemos la responsabilidad de no ocultarnos. Somos mapuche, somos mapuche tehuelche, y vamos a seguir luchando”.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: OPI Santa Cruz.
