Cinco preguntas sobre los archivos clasificados que el Gobierno se comprometió a desclasificar
Por Adriana L. Vercellone para La tinta
El pasado 24 de marzo, el vocero del Gobierno nacional, Manuel Adorni, anunció el compromiso de desclasificar toda la documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período entre 1976 y 1983. Esto significa que numerosos archivos e información de interés público que estaban resguardados en la Secretaría de Inteligencia pasarán al Archivo General de la Nación y serán de libre acceso para la ciudadanía. Dada la inquietud que generó el anuncio, me parece interesante aclarar algunos puntos sobre la cuestión.
¿Qué son los archivos clasificados?
Son documentos e información cuya divulgación puede poner en riesgo la seguridad, el territorio u otros valores colectivos fundamentales. Actualmente, se encuentran regulados en la Ley de Inteligencia Nacional, que establece diferentes categorías de información secreta y algunas cuestiones procedimentales para su reserva.
¿Cuándo fueron clasificados?
Desde que existe organización política, existe información reservada. Sin embargo, los archivos clasificados de la Secretaría de Inteligencia y las Fuerzas Armadas desde la segunda mitad del siglo XX, probablemente, representen los documentos secretos más complejos por dos razones: primero, porque se trata de organismos que despliegan planes cuyo éxito depende del secretismo muchas veces, de manera que la publicidad de sus actividades es la excepción y el secreto, la regla (a diferencia de lo que sucede en cualquier otra área de gobierno); segundo, porque, en el pasado, no han existido herramientas sólidas para el registro, fiscalización y protección de dicha documentación.
¿Qué documentos de la dictadura fueron desclasificados?
Gracias a acuerdos celebrados por el gobierno nacional (por ejemplo, memorándums de entendimiento con otros países) y el enorme trabajo de organizaciones civiles (Espacio Memoria Abierta, CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, entre las principales) en esfuerzo con sectores políticos, se lograron desclasificar leyes secretas, decretos secretos, informes de detenciones y comunicaciones entre funcionarios, personal militar y policial, entre otro documental relevante que, actualmente, resguarda y difunde el Archivo General de la Nación.
¿Por qué algunos archivos de la Secretaría de Inteligencia nunca habían sido desclasificados?
Las razones son varias y la lista que sigue no es exhaustiva. Primero, por la informalidad del procedimiento con la que dicha información fue clasificada. Segundo, porque parte de la documental se sospecha que fue destruida. Tercero, porque hablamos de un organismo cuya agenda política y funcionamiento ha sabido esquivar los reclamos de las leyes sobre acceso a la información y transparencia que se implementaron en nuestro país (de hecho, desde 2010, rige el Decreto 4/2010 que expresamente releva de clasificación a toda la información de seguridad vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas reservada entre 1976 y 1983, medida que nunca fue cumplimentada en su totalidad). Cuarto, por las relaciones de complicidad que ha mantenido el personal de inteligencia con otras áreas de gobierno.
¿Qué grado de confiabilidad tiene el anuncio del gobierno?
En el pasado, los servicios de inteligencia han entregado la información que quieren que sea controlada. Si bien, actualmente, existen algunas herramientas de control específico, como la Comisión Parlamentaria de Fiscalización de Inteligencia, sus documentos no pudieron ser revisados de manera completa por el Congreso o el Poder Judicial; y, como ya se dijo, es un organismo que eludió muchos de los mecanismos de transparencia y control público que conocemos. Tal como sugieren especialistas, se sometió dicho control a disposición del ente controlado. A mi entender, esto significa que podrían desclasificar de manera total o parcial la información que poseen.
Creo que un buen test para decidir cuán completa es la desclasificación que actualmente se busca cumplir consistiría en revisar si, además de divulgar información vinculada a la actuación de las fuerzas y organizaciones civiles armadas de la época, finalmente, se responde a los más importantes reclamos por los que la ciudadanía marcha cada 24 de marzo. Por ejemplo, nos interesa conocer dónde están los 372 bebés nacidos en cautiverio y secuestrados que todavía falta encontrar.
*Por Adriana L. Vercellone para La tinta / Imagen de portada: Eduardo Di Baia.
