Energía solar a cambio de desmonte, mal negocio cordobés
Habitantes de Traslasierra demandan al gobierno provincial y a empresas de Argentina y China por afectar el monte cordobés. Señalan que la transición energética no puede ir en contra de los ecosistemas nativos.
Por Daniela López*
Sin licencia ambiental, sin informar a la población, actuando por la noche y desmontando un monte nativo en una zona de máxima conservación: así se instaló el flamante Parque Solar Cura Brochero, en Córdoba, lo que generó resistencia en los habitantes de la zona y reavivó un debate acerca de cómo se debe llevar a cabo la transición energética.
“Pasábamos todos los días varias veces y nunca vimos nada, solo que entraban camiones y nada más. Recién se empezó a notar lo que estaban haciendo cuando tumbaron la última fila del monte”, dice Ricardo Moller Jensen, vecino de Traslasierra, sobre el desmonte de más de 80 hectáreas que permitió la instalación del parque solar ubicado al oeste de la provincia de Córdoba. Desde julio de 2021, la empresa Parque Solar Cura Brochero Sociedad Anónima Unipersonal afronta una demanda por daño ambiental colectivo, impulsada por habitantes locales. Piden la recomposición y reparación del ecosistema, y denuncian el desmonte del bosque nativo.
“Se trata de una demanda colectiva porque el bien que se busca proteger, el ambiente y sus componentes, es de naturaleza colectiva, es decir, que pertenece a todos los habitantes”, explica María Eugenia Villalba, una de las abogadas que lleva adelante el caso y señala que temas como la protección del ambiente excede cualquier interés particular y, por lo tanto, el deber de defensa y protección puede ser ejercido por cualquier persona.
El parque solar, ubicado en el paraje Las Lomas, a casi tres kilómetros de la plaza de la comunidad, es uno de los siete proyectos de energía renovable a gran escala que fueron habilitados entre abril y julio de 2023 con el acompañamiento del gobierno nacional. Su funcionamiento aporta al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), la red eléctrica que recolecta y transporta esta energía a todo el país.
Para instalar los 86.400 paneles solares, la firma Harz Energy, parte del grupo argentino Neuss, junto a la empresa china Molin Energy Company Limited, eligieron el valle de Traslasierra, una locación que garantiza una radiación solar ideal durante todo el año.
En un documento presentado en septiembre de 2017, la empresa expone a la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba ―hoy Ministerio de Ambiente y Economía Circular― que el proyecto del parque fotovoltaico tiene por objetivo la generación eléctrica a partir del aprovechamiento de la energía solar por medio de tecnología fotovoltaica, proyectando la generación total de 26 megavatios que, desde su implementación, presenta una serie de beneficios como la generación de trabajo para su construcción y operación, entre otros aspectos.
El trabajo está firmado por la arquitecta María Fernanda del Franco y expone los argumentos que dieron lugar a la licencia ambiental para emplazar el mega proyecto en esa zona; sin embargo, la habilitación no fue publicada en el boletín oficial, tal como lo exige laLey 10.208
“La licencia ambiental nunca fue publicada. Recién en 2020, cuando empezamos a exigir información, supimos que había entrado un pedido por parte de la empresa, pero no era pública la decisión del gobierno”, comenta José Alejandro Cuello, uno de los vecinos que inició el grupo Vecines del Monte, integrado por habitantes de las localidades de Cura Brochero y Mina Clavero que, en 2020, comenzaron a exigir información sobre la intervención de este parque en el territorio.
Solicitaron al gobierno provincial el acceso al documento de impacto ambiental presentado por la empresa. Con ese dato, junto a un grupo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Tecnológica Nacional, quedó clara la ausencia de datos rigurosos sobre la zona mencionada. Encontraron que existen errores graves, como la omisión de aspectos centrales que hacen al impacto socioambiental del proyecto y la inadecuación entre el área estudiada y el área de efectivo emplazamiento de las obras.
“En los puntos de flora, fauna y biodiversidad, mencionan información de la región biogeográfica de las salinas (al noroeste de Córdoba). Al referirse al suelo, el informe señala situarse en las proximidades del Macizo San Carlos y al norte de la Pampa de Pocho, cuando efectivamente el parque fotovoltaico se ubicaría al sur de dicha Pampa y muy alejado del citado Macizo”, exponen.
Además, detallan que el informe ambiental no considera el impacto del proyecto sobre el turismo como principal actividad económica de la región ni los efectos sobre el crecimiento urbano de los pueblos, ni las consecuencias sobre los modos de vida locales que involucran una combinación específica entre lo urbano y lo rural.
La demanda también recae sobre el gobierno provincial por ser responsable en la habilitación de una obra en una zona de categoría I (Rojo) que, según la Ley Nacional de Bosques (n.° 26.331), refiere a sectores de muy alto valor de conservación que no debe transformarse. Este dato fue corroborado a partir de la solicitud de información que el grupo vecinal hizo al Ejecutivo provincial.
“El Parque Fotovoltaico Villa Cura Brochero había sido autorizado de manera ilegal, sin acceso a la información y sin participación de la comunidad, ya que no se realizó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la normativa vigente”, señala la abogada.
Organización vecinal por el monte nativo
Hasta 2019, Verónica Contreras tuvo un café en la avenida Belgrano, en la entrada de Cura Brochero. Ahí, escuchó los primeros rumores sobre la instalación de un parque solar cerca del río Los Sauces. “Café del Monte se llamaba y ahí llegaba gente que, de algún modo, estaba relacionada con temas y luchas ambientales en la zona, por eso, nos enteramos del parque. El desmonte fue en 2020, sin aviso y de un día para el otro. Los vecinos de la zona comenzaron a notar movimiento, luces por las noches y el ruido de máquinas trabajando, lo denunciaron en Facebook y, así, comenzamos a funcionar como grupo organizado”, dice Contreras.
Vecines del monte se motorizó durante los primeros meses de pandemia, unidos por el desconocimiento de lo que estaba pasando en la zona de Las Lomas. Las primeras denuncias llegaron a la Policía Ambiental, el ente gubernamental que tiene a su cargo el control y la fiscalización en materia hídrica-ambiental en todo el territorio provincial. “Se realizó un primer operativo el 3 de septiembre de 2020, constatando afectación de la vegetación nativa, informando al personal que debían abstenerse de realizar cualquier actividad que no estuviere comprendida en la Licencia Ambiental”, dice Adrián Rinaudo, director de Policía Ambiental.
Sin embargo, según informa Rinaudo, en octubre de ese año, se constató otro desmonte en el predio y la instalación de la infraestructura para el funcionamiento del parque, por lo que procedió a aplicar una medida de cese preventivo y precautorio, es decir, impedir cualquier intervención con el objetivo de detener el desmonte, así como la aplicación de una multa y la exigencia de un plan de mitigación. La multa de $8.253.740 fue pagada de manera inmediata, pero se desconoce si el plan fue presentado ante las autoridades provinciales.
Aunque el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales está protegido por leyes nacionales y tratados internacionales ―como el Acuerdo de Escazú, el cual también menciona el acceso a la Justicia en asuntos ambientales―, para los vecinos y vecinas de Traslasierra, esto fue cuesta arriba.
“Fue difícil entender cómo solicitar la información, en dónde, con qué formatos. Recién cuando decidimos buscar a las abogadas, pudimos darles un marco a las solicitudes de información y empezamos a tener respuestas más rápido”, señala Cuello.
Ante esto, el grupo decidió crear un manual de procedimiento para que cualquier persona pueda solicitar información en el ámbito administrativo y legal en caso de observar desmontes, loteos, extracción de áridos, perforaciones y otras acciones que puedan dañar el ambiente. Además, comparten recomendaciones para que la población logre movilizarse y, así, obligar al Estado a responder por sus actos.
Ordenamiento territorial: la deuda en Traslasierra
Córdoba ya ha perdido el 95% de su bosque nativo debido al avance de la frontera agrícola, la presencia de especies invasoras, los recurrentes incendios forestales y los acelerados procesos de urbanización. La falta de planificación territorial y la voracidad de la industria inmobiliaria es un fenómeno que, en Traslasierra, ha promovido un drástico cambio de uso de suelo y un avance sobre terrenos ocupados por el monte nativo, así lo señala un estudio publicado en abril de este año.
“Este avance de la frontera urbana a expensas de los bosques nativos podría deberse a la escasa regulación del proceso de urbanización, tanto a nivel municipal como provincial, a la fuerte promoción del turismo en la región y a la migración desde los grandes centros urbanos hacia zonas rurales”, menciona el equipo de investigación conformado por especialistas del CONICET y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), liderado por la bióloga Laura Caballero.
Sobre esto, Pablo Riveros, actual director general de Ordenamiento Territorial de la Provincia, reconoce que “la ausencia del Estado como ordenador territorial ha generado que el negocio inmobiliario, que el mercado, haya ordenado el territorio de acuerdo con sus propios intereses particulares. Esto ha traído consecuencias en el ambiente, pero no solamente en la naturaleza, sino que ha tenido consecuencias en la vida de los vecinos y vecinas que se ven, en muchos casos, imposibilitados de tener servicios básicos satisfechos”.
A ese universo, pertenece Héctor “Poli” Dutto, un conocido empresario inmobiliario de Cura Brochero y Mina Clavero. Uno de sus emprendimientos es Granja Finca el Encanto, un sitio que apuesta al turismo rural educativo. Esas 100 hectáreas de Dutto están pegadas al predio del parque solar. «Si se hubiera consultado, si se hubiera hecho de una manera distinta, con otro tipo de participación de la gente que vive acá, quizás se hubiera puesto más adelante, donde no hay bosque, o lo más probable es que no se hubiera aprobado”, señala.
El empresario menciona que, en la construcción, existen normativas que apelan al cuidado del ambiente, reglas que, en el caso del parque solar, parecen no haber existido. Aunque no formó parte del grupo de vecinos organizados, reconoce que el accionar colectivo fue trascendente y no encuentra una explicación que justifique el emplazamiento del parque en ese lugar. Lo que sí sabe es que no hubo ningún beneficio local que haya dejado o tenga hoy el proyecto. “No hay puestos de trabajo nuevos, no hay nada”, sentencia.
En la espera
El Tribunal Superior de Justicia de Villa Dolores tiene el caso en suspenso desde 2022. En el camino, hubo un juez que se declaró incompetente, una medida cautelar para detener las acciones dentro del predio que fue aprobada y, luego, apelada por la empresa y la Provincia para que pudieran avanzar las instalaciones y el funcionamiento del parque.
El proyecto ―que fue presentado en 2017― finalmente quedó inaugurado en octubre de 2022 con la presencia de autoridades locales y provinciales, y una intervención pacífica de más de 50 habitantes de Traslasierra, presentes en el ingreso del predio.
“Los vecinos y vecinas de la zona esperan que se suspendan los efectos de la Licencia Ambiental otorgada al proyecto Parque Solar Cura Brochero, se exhorte a las autoridades provinciales para que arbitren las medidas para la efectiva vigencia de los derechos constitucionales de acceso a la información y participación ciudadana en materia ambiental, se abstengan los demandados de agravar la lesión ya causada y se proceda a la recomposición del daño ambiental causado en la zona de emplazamiento del proyecto”, menciona Villalba.
El grupo Vecines del monte insiste en manifestar que no están en contra del proyecto, pero tienen algo claro: no se puede pensar en generar energía renovable fotovoltaica en detrimento del bosque nativo y, por eso, están dispuestos a defender la causa.
Al cierre de edición de esta nota, la empresa no respondió a ninguna de las reiteradas solicitudes de entrevistas para la historia.
*Por Daniela López / Imagen de portada: Daniela López.
**Periodista de ciencia independiente.
**Este artículo tuvo el apoyo del proyecto Net Zero en Argentina, realizado en alianza con Earth Journalism Network (EJN), Periodistas por el Planeta, Claves21 y Banco de Bosques.
