Organizaciones reclaman por trabajo y obras para los barrios populares
Este miércoles 15 de mayo, la Mesa Nacional de Barrios Populares convoca a concentraciones en diferentes puntos del país para reclamar por pagos adeudados a trabajadores de cooperativas de construcción y el cumplimiento de la Ley 27.453 para la integración sociourbana de los barrios populares. En Córdoba, la convocatoria es en la ex Plaza Vélez Sarsfield, desde las 10 horas.
Aproximadamente 25.000 trabajadorxs de cooperativas de todo el país se encuentran sin su fuente de ingresos debido a que el Gobierno nacional no cumple con la Ley 27.453, que establece el «Régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana».
Hasta el año 2016, en Argentina, no existía información oficial sobre la cantidad de barrios populares existentes en el territorio. Ese mismo año, 13 mil encuestadores de organizaciones realizaron un acuerdo con el Estado nacional para relevar estos datos por primera vez. El registro se oficializó en 2017 y, seis años más tarde, con su ampliación, quedó confirmado con 6.467 barrios populares, es decir, aquellos que carecen de servicios básicos y esenciales para la vida, como el agua, la electricidad o una red cloacal.
Este fue el impulso para la sanción de la Ley 27.453, motorizada por movimientos sociales y aprobada por unanimidad en el Congreso, en el año 2018. La normativa está destinada a mejorar la infraestructura de los territorios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y garantizar los derechos de sus poblaciones. Además, es una fuente laboral para miles de familias, ya que establece que el 25% de los trabajos a realizar deben ser hechos por las propias vecinas y vecinos, organizadxs en cooperativas.
A través del decreto que reglamentó la ley, se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), con el objetivo de financiar las obras destinadas a la integración de los barrios. Desde el año 2021, se destina al FISU un 9% del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que luego se reforzó con un 15% del Aporte de las Grandes Fortunas.
Sin embargo, desde que asumió el gobierno de Javier Milei en alianza con el PRO, las obras en los barrios se encuentran frenadas: “A seis meses de haber asumido, el gobierno sigue recaudando el impuesto, pero decide no pagar: no ha continuado ni una sola obra y adeuda el pago de las que están en proceso y auditadas”, indica el comunicado de la Mesa Regional de Barrios Populares.
Este espacio de articulación nació a nivel nacional, en el 2018, como un vínculo entre los barrios y el Estado, sistematizando las necesidades transversales y particularidades de cada territorio, promoviendo la organización barrial y la implementación de políticas públicas. Hoy, la Mesa convoca a una actividad que se replica en todo el país para pedir el acompañamiento de los municipios y gobernaciones en el reclamo por el cumplimiento de los convenios, y que el Gobierno nacional y sus funcionarios paguen lo que deben y garanticen la continuidad de las obras.
Desde La tinta, conversamos con Javier Montalvo, vecino del barrio Cura Vasco ―dentro del barrio Angelelli II, en la zona sur de la ciudad― e integrante del MTE Córdoba y de la Mesa Regional de Barrios Populares.
“La verdad es que esto afecta gravemente a la salud y al bienestar, y a pensar que el día de mañana podamos vivir en un barrio digno”, expresa Javier y agrega que, en Córdoba, desde la implementación de la ley, se realizaron cerca de 40 obras y 35 de ellas fueron ejecutadas por cooperativas de la economía popular.
“Hoy en día, estas cooperativas que estuvieron ejecutando obras públicas en los barrios populares, en las villas asentamientos, se han quedado sin continuidad de trabajo porque el Gobierno nacional realizó un recorte del 9% al 0.3% de lo que se depositaba en el FISU. Esto claramente ha afectado a miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que día a día vienen luchando para poder acceder a un plato de comida, para poder bancarse la economía en esta situación tan difícil que estamos atravesando”, señala Montalvo. El integrante del MTE destaca que los trabajos de obras públicas eran auditados por entes externos a la Secretaría de Integración Socio Urbana y también por las mismas organizaciones, que atendían a los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y sociales para que el trabajo pueda hacerse de forma transparente.
“Todo lo que generó esta política de integración permitió también que nosotros y nosotras, villeros y villeras ―como nos conoce un sector de la sociedad―, podamos apropiarnos del laburo en el territorio, generarnos un puesto de trabajo en la construcción de la infraestructura de nuestros barrios, alcanzando a muchas personas que, hoy en día, no pueden acceder a un empleo formal porque no están bien de salud o porque tienen antecedentes penales que no les permitieron integrarse nuevamente a la sociedad con un laburo formal. Las organizaciones sociales y las cooperativas contienen a todo ese sector y han generado un tejido de integración para aquellas personas que han sido excluidas del sistema económico”, expresa Javier.
La invitación a la jornada de este miércoles explica que las obras suspendidas eran para que los vecinos accedan a derechos básicos como el agua potable; una conexión segura de electricidad; desagües pluviales; veredas; centros comunitarios; asfaltos, entre otras. “Me parece importante que seamos protagonistas de construir nuestros propios barrios y también de llevar adelante una política que verdaderamente sirvió muchísimo y ha cambiado la vida a muchas familias que, hoy en día, están a un paso de ver y de vivir en un barrio digno. En esta jornada, vamos a visibilizar la preocupación de los mismos vecinos que han llevado adelante muchas de esas obras, pero también de las familias que están siendo afectadas por el desfinanciamiento de la Secretaría”, indica Montalvo.
Como señalamos en una nota de febrero de este año, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la Secretaría de Integración Socio Urbana recibió cuestionamientos y operaciones de prensa que pusieron en cuestión el FISU. Sin embargo, las denuncias por manejos irregulares y acusaciones no se corresponden con la información pública y el relato de las organizaciones protagonistas.
Hasta noviembre de 2023, se habían invertido 308.878 millones de pesos en obras, como salones de usos múltiples, playones y polideportivos, veredas, cordón cuneta y arbolados; y casi 80 mil millones en programas de mejora habitacional, con más de 250 mil mujeres beneficiarias. Se realizaron cerca de 180 mil conexiones a servicios básicos y se entregaron certificados de vivienda a vecinos y vecinas de los barrios populares.
“¡Queremos seguir trabajando y vivir dignamente!”, expresa el comunicado de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Desde las 10 de la mañana, en la ex Plaza Vélez Sarsfield, habrá una feria, volanteada, radio abierta y asamblea de trabajadorxs. Además, Javier destaca que el reclamo también alcanza a la gestión de Martín Llaryora: «La idea es entregar un documento con algunas demandas al Gobierno provincial, porque también es nuestra intención que pueda generar estas exigencias a la Nación. Y en todo caso, si no es así, será responsabilidad de la Provincia que podamos encontrarnos en conjunto en una mesa de diálogo, donde podamos elaborar algún proyecto, alguna estrategia para que estos barrios no queden tan expuestos. Hoy, las calles son intransitables; cada vez que llueve, la situación empeora, no pasan los recolectores de basura, no pasan colectivos, muchos de esos barrios van a quedar en una situación bastante crítica y deplorable, y esto claramente no es sano para nadie», concluye Montalvo.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: MTE Córdoba.
