Fue lesbicidio
«No es libertad, es odio y el Estado es responsable», se leía en el pasacalles de la marcha que se realizó anoche rumbo al conventillo en Barracas, donde Justo Barrientos prendió fuego a cuatro lesbianas hace una semana. Tres de ellas, Pamela, Roxana y Andrea, murieron. Sofía sigue luchando por su vida.
Por Alerta Torta para La tinta
El triple lesbicidio de Barracas desafía la escalada deshumanizante que impera en nuestra sociedad y que, con repugnante naturalidad, perpetúa la crueldad y la violencia contra quienes históricamente hemos sido marginadxs y vulneradxs.
El brutal asesinato de Pamela, Roxana y Andrea es un crimen de odio que encapsula todos los aspectos de esta despreciable manifestación de violencia: el prejuicio y el rechazo hacia personas y grupos históricamente discriminados y/o vulnerados en el acceso, el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. El hostigamiento previo y la premeditación del acto, una intencionalidad que excede el daño directo a las corporalidades de las víctimas y que funciona como un dispositivo aleccionador para cualquier persona que se identifique o sea socialmente leída como parte de una grupalidad a la que se busca anular.
En el caso de Barracas, el odio manifiesto no recae de manera inocente y azarosa sobre cuatro integrantes de la comunidad LGBT+, sino que existe una relación intrínseca con la visibilidad de sus conductas, sus demostraciones de afecto, sus formas de ocupar los espacios públicos y/o compartidos, sus corporalidades, sus expresiones de género y demás características que conforman el universo semántico de nuestro colectivo.
El lesbicida no tropieza con una molotov de manera accidental, sino que la construye y, en esa bomba, materializa el odio y la repulsión hacia nuestras existencias. El uso del fuego, arma predilecta del patriarcado para el aleccionamiento social, encierra aspectos simbólicos e históricos muy fáciles de advertir: la búsqueda desmedida por borrar de nuestros cuerpos todas las singularidades que constituyen nuestra identidad, la supresión de todo rasgo de humanidad, la intención de deformar, desfigurar y destruir todo aquello que existía antes de las llamas sin dejar rastro alguno.
“Hablamos de lesbicidio porque es un crimen de odio contra la comunidad LGBT”, le comentó la diputada Dal Plá al vocero presidencial, tras su conferencia de prensa diaria, al expresar: «No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo». El vocero presidencial expresa con claridad los términos oficiales con los que esta gestión practica y amplifica el odio. Anoche, Adorni redobló su respuesta, escribiendo un tuit donde indica que, para la RAE, no está registrada la palabra lesbicidio.
Fue un lesbicidio, señor vocero presidencial. Y se revela también como un crimen político, marcado por la intersección de diversos factores que contribuyeron a esta masacre: la situación de extrema emergencia y precariedad en la que vivían las víctimas, la legitimación de discursos de odio por parte de líderes y voceros políticos, la reproducción sistemática de esos discursos en los medios de comunicación hegemónicos, agazapados bajo la bandera de la libertad de expresión. El desmantelamiento de los organismos encargados de proteger a las personas LGBT+ de las múltiples violencias a las que la heteronorma nos somete y una construcción histórica de la patologización y el miedo a las disidencias, sostenidas con fundamentos falaces por un establishment intelectual tan mediocre como fascista.
Este crimen no es un caso aislado, es parte de una trama tan trágica como feroz que se construye a partir de la aplicación de políticas que, sin más dilaciones ni moderación en los análisis, tienden a enriquecer a lxs ricxs y empobrecer a lxs pobres. La triangulación entre pobreza, disidencias y salud mental es una realidad sustantiva que se lleva puesta las vidas de miles de compañerxs que no pueden escapar del laberinto que supone la existencia de un determinismo social cada vez más aceptado. La pobreza estructural y el abandono del Estado arrincona a las disidencias contra las cuerdas de discursos de raigambre aporofóbica, xenofóbica, homo-lesbo y trans odiantes que tienen consecuencias materiales sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, y que encuentran asidero y validación como resultado de la masividad que alcanzan, responsabilidad (¿o irresponsabilidad?) absoluta de los medios masivos de comunicación.
Si a este contexto de fragilidad extrema se le suma la institucionalización de políticas que redundan en una pedagogía del odio, no parece existir un horizonte donde los consensos democráticos más básicos queden a salvo. El cierre del Ministerio de la Mujer, los Géneros y la Diversidad, el vaciamiento del INADI, la “prohibición” del lenguaje inclusivo, los cuestionamientos a la efectividad de la ESI, el despido de trabajadorxs que accedieron a su primer empleo formal gracias al cupo trans, el cuestionamiento de la ley de paridad de género y la construcción de los feminismos y las disidencias como enemigos internos a los que se debe combatir y exterminar son apenas el inicio de la política de depredación que este gobierno está llevando a cabo contra las comunidades más desvalidas del arco social.
Desde esta Asamblea Torta, nos preguntamos: ¿cuántas violencias más caben en nuestros cuerpos y nuestras existencias? ¿Qué hacemos como activistas frente a la desolación de ser quienes ponemos lxs muertxs? ¿Cómo se construye, desde nuestros lugares cotidianos, formas que rompan de cuajo con la ética del exterminio y la tradición de la indiferencia?
Las respuestas aparecen más como una lluvia de ideas donde asoman palabras como organización, resistencia y visibilidad que a soluciones concretas. Al preguntarnos sobre la eterna deuda de justicia para con nosotres, nos topamos con otra discusión no menos política que encierra la respuesta en sí misma: la ausencia total de identidades lésbicas en los círculos de poder, de toma de decisiones y de producción de discursos como un reflejo vivo de la desigualdad.
Escribimos esto con la rabia y la desesperación de ver nuestras vidas arrojadas a una mesa de timba carnicera, dispuesta por un gobierno que engorda con el sufrimiento de las personas. Sin embargo, a pesar de Pamela, a pesar de Roxana y a pesar de Andrea, aún creemos en el poder transformador de la palabra y sabemos que el silencio no es una opción. Por eso, hacemos un pedido, una exigencia para que se quiebre el cerco mediático, que se pronuncien todxs lxs funcionarixs que ejercen cargos públicos y que se incorpore la perspectiva de género en todo el proceso judicial, y el cambio de carátula a “crimen de odio”.
*Por Alerta Torta para La tinta / Imagen de portada: Jose Nicolini.
