Atender las filas del hambre, la única necesidad y urgencia
El jueves pasado, trabajadores de comedores e integrantes de distintas organizaciones se movilizaron hacia supermercados y hacia el Ministerio de Capital Humano para reclamar a la ministra Sandra Pettovello que declare la emergencia alimentaria y restituya recursos a las copas de leche y merenderos. La licenciada en Periodismo y en Ciencias de la Familia se negó a recibir a las organizaciones y dijo que recibiría «uno por uno a la gente que tiene hambre», mientras las fuerzas de seguridad desalojaban la entrada al Ministerio con gases y palos.
Ayer y como respuesta, organizaciones sociales llamaron a la «Fila contra el Hambre»: más de 25 cuadras de cola se formaron frente a la sede de Capital Humano en Buenos Aires, reclamando una respuesta ante la «emergencia alimentaria».
En nuestro país, hay 41.000 comedores comunitarios registrados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) que, según la estimación del Observatorio Villero de la organización La Poderosa, elaboran 10 millones de platos de comida por día. Desde que asumió Milei, las organizaciones dejaron de recibir insumos del Gobierno nacional y el economista Hernán Letcher ―del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)― indicó que, en enero, la Secretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de Capital Humano ejecutó 0% del presupuesto disponible para alimentos. El 0% de un presupuesto que no tuvo actualizaciones y es el mismo que 2023.
«Vemos la situación de los comedores en Córdoba con gran preocupación, nos encontramos con niños que antes no iban a un comedor comunitario en el almuerzo porque, en ese horario, tenían el comedor escolar, pero obviamente que, en enero y en febrero, no tienen clase y la caja de alimentos que se dio desde el Gobierno provincial no cubre los 60 días que los niños están sin comer. Es una emergencia que hoy se ve plasmada por las decisiones que son noticia, pero nosotros venimos padeciendo la escasez de alimentos y de recursos desde octubre del 2023», detallan desde el Encuentro de Organizaciones, que nuclea a 33 comedores.
Desde la Federación de Organizaciones de Base (FOB), que coordina 25 comedores, dijeron: «La situación en Córdoba no es diferente a la del resto del país: hay una falta absoluta de entrega de alimentos por parte de Nación y lo que es más grave, no hay diálogo con el gobierno por falta de voluntad de ellxs. En este marco, organizaciones como la nuestra, que coordinan tantos comedores en la provincia y a los cuales se suman más chicxs y adultxs cada día, estamos en una situación bastante dramática. Todas las organizaciones que componemos la UTEP llevamos a cabo trabajos en comedores y merenderos, y la situación es la misma».
«Estamos siendo desfinanciados, estigmatizados», expresaron responsables de la Coordinadora Provincial Barrios de Pie y la Red de Comedores Solidarios en diálogo con La tinta, y agregaron: «En un contexto donde se intenta deslegitimar a las organizaciones de la sociedad civil (que, de alguna manera, dejaron más que claro que en la pandemia cumplieron un rol clave), donde se genera falta de oportunidades, falta de trabajo, es necesario fortalecer en materia educativa, en materia de salud, en materia de trabajo y es imprescindible tomar medidas que apunten hacia ese lado cuando uno tiene una decisión de poder igualar las oportunidades de las personas. Los que hemos tenido algo de experiencia o hemos vivido las crisis de este sabemos que no han generado buenos horizontes ni buenos futuros».
Mientras «las filas del hambre» iban creciendo y la Conferencia Episcopal emitía un duro comunicado ―titulado «El pedido del pan de cada día es un clamor de justicia»―, Pettovello, lejos de cumplir con el ridículo compromiso de recibir personalmente a cada argentino con necesidades, se encontraba firmando un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) en la Fundación «Promesa Eterna», ubicada en la localidad de José C. Paz.
El acuerdo con los evangelistas (con un primer desembolso de 177 millones) sólo pone en evidencia que lo que, desde el oficialismo, se presenta como una la decisión de transparentar la distribución de los recursos y «eliminar la intermediación» es parte de la avanzada libertaria contra las organizaciones sociales.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Télam.
