Crisis hídrica: «Los diques son un pantano y están afectando la salud pública»
En el dique de Villa Carlos Paz, la contaminación de origen fecal aumentó un 250% desde 2017 al día de hoy. Sin embargo, el deterioro hídrico ya no es un problema exclusivo del San Roque, sino que afecta a todas las cuencas de Córdoba. Las causas son similares y la ausencia de medidas pertinentes, también. Los impactos sobre la salud pública alcanzan a las comunidades que habitan en torno a los diques y a millones de personas que se abastecen de ellos mediante el agua de red.
“Los diques son un pantano, una cloaca a cielo abierto. Están afectando la salud pública”, sintetiza Exequiel Di Tofino, químico, docente e investigador científico independiente que estudia las cuencas de agua cordobesas desde hace más de quince años. El especialista advierte que la situación hídrica en Córdoba es crítica y ya no afecta solo al lago San Roque, sino a la mayoría de los diques provinciales.
Desde 2007, Di Tofino realiza muestreos y análisis del estado del agua, y detalla en informes la progresiva degradación de los espejos de agua, causas, consecuencias en la salud pública y estrategias para revertir la situación. Junto a la legisladora Luciana Echevarría, el médico sanitarista Emilio Iosa, la organización Fundeps y otros actores, han presentado petitorios, recursos de amparo, denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y hasta un proyecto de ley para que la provincia y los municipios traten el tema y brinden soluciones a las comunidades afectadas.
Según explica, a pesar de la insistencia y la evidencia, no ha habido una respuesta integral por parte de los organismos del Estado y las acciones que se implementan son escasas, inadecuadas o llegan demasiado tarde. “Se hace difícil que el ecosistema se pueda regular cuando se lo está dañando con una velocidad mucho mayor de la que le lleva alcanzar el equilibrio. Más aún, sin obras pertinentes, sistemáticas y sostenidas en el tiempo”.
La contaminación en los espejos de agua es preocupante y crece de manera acelerada, afectando la salud pública de las comunidades aledañas a las cuencas y de las que, a mayor distancia, se abastecen de ellas. El agua de red de casi cuatro millones de personas que habitan la ciudad de Córdoba proviene de los diques San Roque y Los Molinos. “Lo dice la experiencia fáctica, porque vas y lo ves, y también lo demuestran los números, la parte microbiológica, la parte analítica. Hay un negacionismo del cambio climático que es total. El cambio climático existe y los valores que se están manifestando hoy son extremos para la calidad de vida de los habitantes. Sin medidas adecuadas, no se llega a alcanzar un equilibrio orgánico e impacta directamente en la salud pública”.
Los diques, verdes (y las respuestas también)
La situación de contaminación que popularizó al dique San Roque a nivel nacional ya no es exclusiva. Di Tofino explica que casi todas las cuencas de la provincia presentan las problemáticas que llevaron al lago de Villa Carlos Paz a su estado actual e incluso algunos, como el dique Los Molinos, muestran un deterioro más acelerado aún. Exequiel explica que hay cinco factores clave, comunes en casi todos los diques, que conducen a la crisis hídrica y sanitaria: déficit hídrico, colmatación, proliferación de algas, falta de tratamiento cloacal y crecimiento poblacional descontrolado.
“Para empezar, el problema del déficit hídrico, que tiene que ver con las pocas precipitaciones, la escasez de agua y la falta de forestación -en general y nativa en particular- que agrava la situación.
Por otro lado, la falta de dragado de los diques: cuando baja el nivel del agua, se puede ver el fondo ahí nomás, no tienen profundidad. Los espejos de agua están colmatados y no se realizan obras de dragado. Hay que quitar sedimentos para aumentar la capacidad de agua de los diques, especialmente ahora con la sequía, pero son obras que no se hacen en cuencas como San Roque, Los Molinos, La Quebrada.
También, la proliferación de algas que generan toxinas perjudiciales a la salud, estrechamente vinculada a que casi toda la zona serrana carece de infraestructuras de cloacas. No hay tratamiento local de aguas negras ni aguas grises. Los efluentes cloacales que aportan las localidades son significativos y favorecen notoriamente el desarrollo de algas, bacterias y, consecuentemente, una gran variedad de toxinas que están presentes casi de manera permanente en el agua. Desde hace décadas, más de veinte localidades vierten sus efluentes cloacales sin tratamiento alguno a los ríos y afluentes que alimentan al dique San Roque. La contaminación de origen fecal aumentó un 250% desde 2017 al día de hoy. En la época estival, cuando hay aumento de la temperatura y de las precipitaciones, prolifera con mayor abundancia e incluso toda la ceniza de los incendios, sedimento arrastrado por las precipitaciones a los diques, sirve de nutriente para el desarrollo de las algas y organismos.
Por último, el crecimiento poblacional descontrolado, sin planificación, control ni infraestructura adecuada, que hace que se requiera una cantidad de agua que no alcanza, aún haciendo un uso racional de agua”, advierte el especialista.
Las toxinas, del dique a tu vaso de agua
Los impactos en la salud pública son diversos y afectan a quienes toman contacto directo con el agua contaminada, a quienes habitan en torno a los diques y a quienes se abastecen de agua extraída de estas cuencas a kilómetros de distancia. El último informe presentado detalla que el agua de red de hogares de la ciudad de Córdoba contiene el doble de concentración de microcistinas y 17 veces más toxinas que lo que establece la Organización Mundial de la Salud como aceptable para el agua de beber. Si bien se solicitó al Estado un estudio sistemático y exhaustivo del agua de canilla de la capital, no se realizó.
“A nivel local, muchas de las toxinas que generan las algas de los diques son volátiles: están presentes en el aire, en los vapores, en el agua que se salpica, en las gotas presentes en el aire. Los habitantes que están en la periferia de los espejos de agua están expuestos a todo esto. Y exponerse de manera directa genera intoxicaciones desde leves a agudas, a corto y hasta mediano y largo plazo. Sin embargo, no es solamente la exposición local, sino la exposición indirecta: hay presencia de estas toxinas en el agua de red. Tengamos en cuenta que el 70% de la población de la ciudad de Córdoba está provista por el dique San Roque y el 30% restante por el dique Los Molinos, que está en un proceso de deterioro muchísimo más veloz y significativo de lo que le llevó deteriorarse al San Roque. Solo en la ciudad de Córdoba, estamos hablando de casi cuatro millones de habitantes expuestos a esto”, destaca el químico.
Mientras tanto, el agua contaminada del dique San Roque es parte del curso del río Suquía que pasa por Córdoba. Todo va a parar a la laguna Mar Chiquita, declarada recientemente como Parque Nacional.
La mayoría de las investigaciones se realizan de manera independiente por grupos de especialistas preocupados por la situación, costeando reactivos y equipamiento con fondos propios y sin lograr que los organismos dispuestos a tal fin se ocupen de la problemática, aún presentando evidencia. Por la misma razón, tampoco hay una sistematicidad de información en los diagnósticos médicos, que permitiría hacer un seguimiento del impacto que el agua contaminada genera en la salud de las personas.
La legisladora Luciana Echevarría presentó un proyecto de ley en la Legislatura para poner en funcionamiento un Comité de Cuencas “que ya existe, pero que nunca funcionó”, precisa Di Tofino y agrega: “El tema no es que la fuerza de ley designe un Comité de Cuencas, sino que funcione, que tenga una real participación, que esté conformado por funcionarios y profesionales destinados a tal fin, que cuente con un plan de metas, que los especialistas hagan los relevamientos y análisis pertinentes. No hay mejor cosa que saber con precisión qué es lo que pasa para dar soluciones correctas, pertinentes, dirigidas y oportunas en relación a este diagnóstico”.
El investigador advierte que no solo brindan al Estado informes del estado de las cuencas, las causas de su deterioro y las críticas consecuencias que tiene la inacción, sino que también acercan soluciones. Menciona un proyecto elaborado por Ángel Cabrera, diseñador industrial egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, quien diseñó un dispositivo para extraer y retener las algas y las toxinas de los diques. “Funciona como las boyas de cloro de las piletas, pero con un sistema de filtración y bombeo y a una dimensión tal que vos podés tirarla al dique y tratar el problema. Incluso es un dispositivo pensado con triple impacto, los materiales que necesitás los encontrás en la ferretería. Pero no lo podemos llevar a la existencia material porque ni el sector privado ni el sector público financian su realización”.
Entre el problema y la solución, verdes negocios
Como ya había adelantado Emilio Iosa en una nota sobre crisis hídrica publicada en este medio el año pasado, se está realizando en Córdoba una obra multimillonaria para intentar paliar la crisis hídrica: “El acueducto del Paraná es una obra muy grande y con una inversión altísima, pero que no va a recuperar más que en un 12% el déficit hídrico de Córdoba y que conlleva graves consecuencias ecosistémicas. Implica el desmonte de bosque nativo y el montaje de 160 kilómetros de acueducto por un sistema de bombeo para poder subir el agua a Córdoba -porque estamos por encima del nivel del del Paraná-, para hacer extracción de agua de un río que no tiene agua, porque el Paraná tiene un problema hídrico histórico también. Además, traer agua de un lugar a otro que no es autóctono implica un entrecruzamiento de ecosistemas que puede acarrear problemas ambientales por el cruzamiento de especies, algas, organismos, flora y fauna”. Para el especialista, los riesgos y costos de una obra de tal magnitud son demasiado altos para el grado de solución que representa frente al problema.
Exequiel Di Tofino asegura que ejemplos como este sobran y que existe “un aparato montado y muy bien aceitado, donde las personas que gestionan no han cambiado y siguen aprovechando esa estructura para continuar con una línea de gestión que viene de hace veinte años en Córdoba. Por eso, es un costo político altísimo asumir que hay un problema grave y que nada se ha hecho durante años”.
A su vez, muchos de los factores que contribuyen a la crisis hídrica y sanitaria actual se relacionan a negocios millonarios, como el desarrollo inmobiliario desmedido, realizado sin infraestructura adecuada y arrasando los ecosistemas. ¿Cuáles son los criterios de habilitación? ¿Existen mecanismos de regulación y control? ¿Qué pasa con los estudios de impacto ambiental?
“El crecimiento poblacional descontrolado que se ha dado en la zona de la Sierra Chicas, Punilla, Calamuchita, Paravachasca, que contribuye a la crisis hídrica de los espejos de agua aledaños, nos hace pensar quién está a cargo de la infraestructura y de la urbanización en esas zonas. Los emprendimientos inmobiliarios de orden privado con connivencia desde el ámbito público son el primer factor de la problemática. Hay planes de urbanización en zonas de riesgo, barrios enteros en zonas que se incendian y no pueden llegar ni los carros de bomberos porque no hay infraestructura. En Villa Carlos Paz, hay cientos de emprendimientos gastronómicos en la costanera cuyos desagües pluviales, sanitarios, detergentes, van a parar al dique. También se hacen edificios enormes de veinte pisos donde antes había una casa serrana: viven 20 familias en una zona que tiene infraestructura para una. Y no se trata de aplicar multas o penalizaciones que son fácilmente costeadas por las empresas constructoras, sino ajustar la infraestructura para el tipo de construcción”, describe el especialista.
En relación a los estudios de impacto ambiental, Di Tofino es tajante: “Los estudios de impacto ambiental se hacen cuando las obras ya están en marcha. Después, diga lo que diga el estudio, la obra sigue adelante. Lo vimos con el Camino del Cuadrado: hasta la Universidad Nacional de Córdoba determinó mediante relevamientos y peritajes que la obra no era viable, que no había que hacerla. Siguieron adelante, dinamitaron la sierra donde no podían y es un camino que se la pasa cerrado porque se derrumba cada dos por tres. Es una obra que casi ni se puede usar y que seguiremos pagando, por lo que costó ponerla en marcha y por el enorme mantenimiento que requiere”.
Además, asegura que a veces se le pide estudios de impacto ambiental a instituciones cuyos responsables son ministros de gobierno, “o sea, son parte del gobierno que deberían regular. No estoy poniendo en tela de juicio a las personas que las conforman, sino a la transparencia de los procesos. En el caso del agua, no se sabe si la muestra salió del dique o de una botella de agua mineral, se entregan números sin los informes que arrojan los aparatos con los que uno se asegura la trazabilidad de las muestras”.
*Por Julieta Pollo para La tinta / Imagen de portada: Exequiel Di Tofino.
