Los derrames de Barrick Gold llegaron a Comodoro Py
Saul Zeballos, integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca, expresó optimismo sobre la realización del juicio: “El juzgado va a dejar de recibir presiones políticas y empresariales de quienes están actualmente en el Gobierno de San Juan”.
Por Coco Porcel para La Mecha
El pasado lunes 31 de julio, integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca se presentaron ante los tribunales federales de Comodoro Py en la Ciudad de Buenos Aires, para exigir el inicio del juicio que determinaría a los responsables por los derrames de la Mina de Veladero en el 2015.
Para recordar un poco la historia, casi 8 años atrás, en septiembre de 2015, la empresa Barrick Gold presentó un informe al juez jachallero, Pablo Oritja, en el cual admitía un derrame de más de un millón de litros de solución cianurada sobre el Río Jáchal. A partir de ese momento comenzó una trama que muchos denominan como el mayor accidente ambiental de la historia de la minería argentina. Existieron versiones sobre ocultamiento por parte de la empresa, respecto a que nunca se admitió la magnitud total del derrame e incluso se acusó de complicidad al Gobierno de José Luis Gioja que estaba transitando sus últimos meses de mandato para darle lugar a la gestión Sergio Uñac en diciembre de dicho año.
Actualmente, Jáchal No Se Toca insiste con la realización del juicio porque considera que no hay justicia ni luz sobre el derrame. Según Infobae, el Gobierno de San Juan le impuso a Barrick Gold en 2015, la multa más alta que contempla la legislación argentina: 145.696.000 pesos. Comunicada en esos términos, el número parece justo, sin embargo, según el medio nacional, basta con menos de una semana de explotación de Veladero para alcanzar esa cifra.
Volviendo al presente, la Asamblea Jáchal No Se Toca, organización histórica en la provincia por su visibilización del derrame, sigue exigiendo justicia. En este sentido, viajaron a Buenos Aires y en el Juzgado n.º 1 de Comodoro Py presentaron más de 70.000 firmas exigiendo el juicio a Barrick.
En este sentido, Saul Zeballos manifestó a La Mecha su optimismo: “Estamos optimistas sobre la realización del juicio, porque el juzgado va a dejar de recibir presiones políticas y empresariales de quienes están actualmente”. Además, hizo referencia al gobierno que asumirá en diciembre de 2023: “No estamos esperanzados con el gobierno entrante, pero sí sabemos que los que se van, van a dejar de ejercer presión”.
Respecto a las 70.000 firmas, únicamente la firmaron 4 mil personas de Argentina, el resto pertenecen a EE UU, Francia, Canadá y otros países. Fueron recaudadas a través de una plataforma norteamericana llamada Ekō.
Por otro lado, la Asamblea tenía planificado reunirse con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié, sin embargo no lograron concretar un encuentro. Sobre esto, Saul expresó: “Había un montón de policías en la puerta del Ministerio de Ambiente y no nos dejaron entrar ni a la mesa de entradas. Nos recibieron las 70 mil firmas en la vereda y nos dieron ahí el número de expediente”. Además, comentó que “recibimos mucho maltrato del gobierno provincial, pero no esperábamos este maltrato de Nación”.
Cabe destacar que en el último tiempo, la Asamblea ha tenido una activa resistencia en cuanto al modelo extractivista y la megaminería en San Juan. En junio del año 2022, denunciaron un nuevo derrame sobre el Río Jáchal y advirtieron que los niveles de metales en el agua eran mayores que en 2015. En contraposición, voceros de Barrick Gold negaron la acusación.
La pelea judicial de Barrick por el reintegro de la multa
Si bien, la multa de casi $ 146 millones que aplicó el Gobierno de Sergio Uñac a Barrick fue pagada, la empresa canadiense inició en ese momento una demanda contra el Estado en la cual exigía el reintegro del dinero. En el año 2022, dicho planteo fue rechazado por el Poder Judicial sanjuanino, específicamente el juzgado Contencioso Administrativo a cargo de Adriana Tettamanti. De esta manera, la única vía judicial disponible para Barrick es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y según Diario de Cuyo, la empresa va a tomar acción.
La defensa de Barrick se basó en que el derrame fue «imprevisto e imprevisible, derivado de las condiciones climáticas que provocaron el congelamiento de las tuberías». Sobre este punto, la jueza Tettamanti determinó la negligencia de la empresa, ya que la norma establece el control de las válvulas y tuberías cada media hora.
Además de la multa, que pareciera ser un «vuelto» para la empresa, 8 empleados (actualmente exempleados) fueron procesados, pero evitaron el juicio a cambio de una suma simbólica de dinero y trabajos comunitarios.
*Por Coco Porcel para La Mecha / Imagen de portada: La Mecha
