Programa de adquisición de alimentos: una apuesta del gobierno brasileño para combatir el hambre en el país
El gobierno de Lula alcanzó una victoria importante en el Congreso al transformar en ley la medida provisoria que retoma el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) iniciado en marzo, una política que busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población brasileña.
Por Ana Dagorret para La tinta
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado 20 de julio, sancionó la ley aprobada por el Congreso que organiza el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y crea el Programa Cocinas Solidarias. El retorno de la iniciativa se formalizó en el mes de marzo a través de una medida provisoria y con la aprobación en el Congreso se transformó en ley, lo cual significa que cada año el gobierno deberá disponer de un presupuesto para su funcionamiento. Una victoria de la actual gestión, la iniciativa vuelve a estar vigente tras seis años de la desarticulación sufrida durante los mandatos de Michel Temer y Jair Bolsonaro.
“El gobierno está invirtiendo en la calidad de los alimentos para el pueblo brasileño. Este programa ha tenido éxito desde 2003. Está la ley, está el programa, está el dinero, ahora se trata de hacer que las cosas realmente sucedan”, declaró Lula durante el acto en el cual sancionó la iniciativa, quien ya ha manifestado en diversas ocasiones que el país debería considerar los fondos aplicados en políticas sociales como “inversiones” y no como gastos.
Lula ha llegado a comparar la lucha contra el hambre con el gasto militar mundial del último año, que superó la marca de los 2 billones de dólares y a lo cual calificó como “gasto”. “El ‘beneficio’ que trae es la muerte”, expresó en su discurso.
El PAA fue lanzado en 2003, durante el primer mandato de Lula como presidente, para ayudar a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población brasileña. A su vez, el programa tenía como objetivo fortalecer la producción de alimentos por parte de los agricultores familiares, así como facilitar las compras públicas a pequeños productores. A su vez, determina que, siempre que sea posible, un mínimo del 30% de las compras públicas de alimentos se destinen a la adquisición de productos de agricultores familiares y sus organizaciones.
A través de una convocatoria pública, los organismos públicos pueden comprar a los agricultores familiares registrados oficialmente. Las compras se realizan a precios compatibles con los del mercado, lo que permite una mayor planificación por parte de los productores. Además, establece una serie de prioridades en la selección de los productores: familias inscritas en el Registro Único, seguidas por indígenas, quilombolas, asentados de la reforma agraria, pescadores, negros, mujeres, jóvenes rurales, ancianos, personas con discapacidad y familias con personas con discapacidad a cargo.
Dentro de la misma ley, el Programa Cocinas Solidarias busca ofrecer asistencia y estímulo del gobierno federal a experiencias locales de este tipo, que involucran modalidades como cocinas solidarias, bancos de alimentos y restaurantes comunitarios. En la etapa actual, el Ejecutivo ha mapeado estas experiencias en todo el territorio nacional.
El presupuesto previsto para el PAA en 2023 es de 500 millones de reales, un volumen muy superior a los dos millones de los cuales disponía el Ejecutivo el año pasado para impulsar el programa. En términos de cantidad, se prevé que este año habrán sido compradas 248.000 toneladas de alimentos a través del programa en beneficio de las poblaciones más vulnerables y de los pequeños productores.
El desmonte durante el neoliberalismo feroz
A partir del año 2016, con el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, muchos de los programas y beneficios sociales creados durante los años del Partido de los Trabajadores en el gobierno entraron en una fase de drástica reducción presupuestaria. Dicha situación se profundizó con la llegada de Bolsonaro al poder.
En 2021, durante la continuidad de la pandemia de COVID-19 y ante un aumento significativo de la inseguridad alimentaria en Brasil y en el mundo, el entonces presidente del país autorizó una previsión presupuestaria de alrededor de 100 millones de reales para el Programa de Adquisición de Alimentos, el 10% de lo que se aplicaba en el programa en 2012.
Con la derrota de Bolsonaro en las urnas en octubre de 2022 y la vuelta de Lula a la presidencia, el gobierno electo decidió retomar varias de las políticas públicas abandonadas por Temer y su sucesor con el fin de dar batalla a la situación de hambre presente en el país.
«Hoy hay más de 33 millones de personas pasando hambre y el PAA viene, parece, en una política fundamental, para que podamos superar este escenario de hambre a partir del fortalecimiento de la agricultura campesina. Para que combatamos el hambre, necesitamos fortalecer la agricultura campesina y el PAA va en esa dirección», afirmó en un reportaje a Brasil de Fato Felipe Caetano, miembro del Movimiento Campesino Popular (MCP).
¿A quiénes beneficia esta medida?
Los alimentos se destinan directamente a personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, así como a entidades de la red de asistencia social, comedores comunitarios, guarderías y redes públicas y filantrópicas de salud, educación y justicia. El PAA presenta diferentes modalidades. A través de lo que se denomina “donaciones simultáneas”, el gobierno impulsa la compra de diversos alimentos procedentes de la agricultura familiar. También existe esta modalidad para la donación y la compra de leche, dirigidas ambas para ayudar a quienes están en situación de inseguridad alimentaria, entre las cuales se calcula que existen unas 33 millones de personas en el país.
A su vez, el programa diferencia entre las compras directas y las institucionales. Las primeras implican la administración de precios, formación de reservas reguladoras o actuación en situaciones de emergencia o calamidad pública. Las compras institucionales, en cambio, se hacen a través de organismos públicos.
Por último, la modalidad de apoyo para la formación de stock garantiza el apoyo financiero a la constitución de reservas alimentarias para su posterior comercialización y devolución de los recursos a la autoridad pública o el pago mediante la entrega de productos para el desarrollo de acciones de seguridad alimentaria y nutricional.
Con la sanción de esta ley, el gobierno de Lula da Silva busca avanzar en la concreción de la máxima promesa de campaña del ex líder metalúrgico: el combate al hambre en el país. Si bien es preciso acompañar el desarrollo y la aplicación de estas políticas, este primer paso puede ser considerado como una victoria del actual gobierno a menos de un año de iniciada la gestión.
*Por Ana Dagorret para La tinta / Imagen de portada: A/D.
