“Aquí estoy, aquí me quedo”
La búsqueda incesante de justicia de una madre frente a las violaciones cometidas por militares estadounidenses en el marco del Plan Colombia.
Por Jessica García, desde Colombia, para La tinta
Algunxs dirán que el Plan Colombia es cosa del pasado, pero no es así; no lo es para las víctimas de agresiones sexuales cometidas por militares estadounidenses contra mujeres y niñas colombianas. Porque la impunidad nunca puede ser cosa del pasado.
15 años de resistencia frente a la impunidad
“Aquí estoy y aquí me quedo”, dice Olga Lucía Castillo Campo frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Allí, al lado de varias pancartas exigiendo justicia para su hija y su familia, lleva más de un mes acampando. Pero su lucha no comenzó hace un mes. Olga lleva 15 años reclamando que se juzgue a los responsables de la violación de su hija -que, en 2007, tenía solamente 12 años- en la base militar de Melgar, en la región colombiana de Tolima.
Los responsables son dos ciudadanos estadounidenses, Michael J. Coen y César Ruiz, ambos al servicio del Plan Colombia en dicha base militar. El primero, para ese momento, sargento activo del ejército de Estados Unidos y el segundo, un militar retirado de ese país que, en 2007, era contratista del Plan Colombia.
Los derechos humanos de esta niña y su familia fueron violentados no solo por los miembros de las fuerzas militares estadounidenses, sino también por el Estado, tanto el colombiano como el de EE. UU., porque en 15 años no han tenido acceso a la justicia, sino que sufrieron la persecución y una falta absoluta de protección y acompañamiento.
Cuando le preguntamos a Olga sobre cuáles eran las consecuencias para ella y su familia, lo primero que mencionó fueron las afectaciones psicológicas para su hija, su nieta, su hermana, su madre y para ella misma. Su familia ha sido totalmente destruida desde el momento en que su hija fue violada y ella decidió salir a exigir justicia. “Yo no tengo vida, no tengo calma. Yo pienso quién me va a ayudar jurídicamente, pero nadie me ayuda. Solamente he tenido rechazo”.
Sin embargo, las afectaciones no fueron solamente sobre la salud mental de toda su familia. Olga sufrió cuatro atentados contra su vida y siete desplazamientos forzados. A pesar de los numerosos intentos de silenciarla, se encuentra frente a la sede diplomática de Estados Unidos exigiendo lo mismo que ha demandado por 15 años: justicia.
El Plan Colombia y la impunidad como regla
Lamentablemente, la situación de Jessica no es un caso aislado, ni en Colombia ni en el mundo. Estados Unidos lleva años firmando acuerdos de inmunidad para que sus tropas puedan cometer cualquier tipo de crímenes alrededor del globo y queden impunes.
En 1962, Estados Unidos y Colombia firmaron el Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, en el cual se establece, entre otras cuestiones, que “el Gobierno de Colombia recibirá una misión especial y su personal para desempeñar los deberes del Gobierno de los Estados Unidos de América conforme al presente Convenio y considerará a dicha misión especial y a su personal como parte de la Misión Diplomática del Gobierno de los Estados Unidos de América en Colombia, con el fin de concederles los privilegios e inmunidades que se conceden a esa Misión y a su personal de igual rango”.
En 1999, Washington y Bogotá firman un nuevo acuerdo, el Plan Colombia, a través del cual la potencia del norte le brinda asistencia económica y bélica a Colombia bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, lo cual implica la llegada de numerosas tropas estadounidenses al país.
Para proteger a su personal de cualquier tipo de sanción por los delitos que pudiesen cometer en este territorio, y en el marco de la campaña de presión realizada por Estados Unidos a fin de evitar que la Corte Penal Internacional (CPI) pudiese juzgar a nacionales estadounidenses que cometiesen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio en territorio de otro país, en 2003, se firmó otro tratado de impunidad entre las dos naciones. En dicho acuerdo, se establece que “una persona de los Estados Unidos de América, el Estado que envía, no será, salvo con el consentimiento expreso de los Estados Unidos de América: a) entregada ni trasladada de ninguna manera a la Corte Penal Internacional para ningún propósito ni b) entregada ni trasladada de ninguna manera a ninguna entidad o tercer país, ni expulsada a un tercer país con el propósito de entregarla o trasladarla a la Corte Penal Internacional”.
Este es el marco legal que permite que funcionarios o contratistas estadounidenses puedan cometer cualquier tipo de crímenes en Colombia y quedar completamente en la impunidad. Si bien dicha impunidad -que ha caracterizado a la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometida por militares y mercenarios estadounidenses alrededor del mundo- no sorprende, no deja de indignarnos.
La búsqueda incansable de justicia
Ya han pasado 15 años desde que la vida de una niña de 12 años y su familia cambiaron para siempre, como consecuencia de la militarización del territorio y la violencia que ella acarrea.
En 2009, el entonces senador y actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, intentó visibilizar el caso en el Congreso de la Nación, cuando se discutía la instalación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano, a fin de mostrar los riesgos que implicaba la permanencia de más militares extranjeros con completa impunidad.
En 2015, en el marco de la instalación de la mesa de diálogos con las entonces FARC – EP, en Cuba, se presentó un informe elaborado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que tenía como objetivo ser un “insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad”. Allí, se incluye un capítulo sobre la injerencia de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, en el que se hace referencia a 53 abusos sexuales cometidos por militares estadounidenses contra niñas colombianas que aún se encuentran sin ser juzgados, entre ellos, el caso mencionado en este artículo.
Sin embargo, 15 años después y a pesar de la visibilización que adquirió en este período, el caso de Jessica continúa impune, los responsables libres y las víctimas en una situación constante de vulnerabilidad y persecución por el solo hecho de exigir justicia.
Justicia, solo justicia
¿Qué exige Olga? Solamente justicia y reparación para su hija que ya tiene 27 años, pero sigue padeciendo las afectaciones de la violencia sexual sufrida hace 15 años.
Actualmente, Olga sufre un cáncer de seno que la deja con mucho dolor, pero no por eso con menos resistencia, porque, como bien dice, “estoy luchando por mi vida y por la vida de ella”. “Quiero justicia, que ella tenga paz con ella misma. Por mí, yo ya viví lo que tenía que vivir, pero ella… Ella a mí me duele, ella es joven”.
Olga seguirá luchando aunque el cuerpo y el alma duelan, seguirá clamando por justicia aunque le cueste la vida.
*Por Jessica García para La tinta / Foto de portada: Marcela Cárdenas.
