“Se ahorcó un profesor de la UNRC”
Por Esteban Viú para Otro Punto (Concurso de crónicas Alejandra Elstein)
“Se ahorcó un profesor de la UNRC” fue uno de los titulares del diario La Calle, en la página n.° 2 del viernes 13 de agosto de 1976. El título de tapa para la misma noticia era menos preciso y más sensacionalista: “Se quitó la vida un detenido por actividades subversivas”, aparecía en primera página. La noticia continuaba así: “Autoridades militares y de las fuerzas de seguridad informaron, el pasado día 9, que fue detenido en nuestra ciudad el profesor Ernesto Silver (sic) y su señora esposa, Juana Chassa (sic), a quien se le imputaba presuntas vinculaciones con actividades subversivas. Desde ese día, el nombrado quedó alojado en una celda de la repartición, habiéndole provisto sus allegados de una bolsa de dormir. Este elemento, que hacía de colchón, tenía un cordón que se usa para ceñir en parte la abertura. Ayer, aproximadamente a las 20:30, personal policial se acercó a la celda que Silver ocupaba para entregarle la comida y pudo advertir que este, utilizando el cordón de la bolsa de dormir, se había ahorcado. Para ello, había atado uno de los extremos en la parte superior de los barrotes y prácticamente se había arrodillado para asfixiarse”.
El otro diario de la época, El Pueblo, arriesgaba algo más y hablaba de un “detenido político” que puso fin a su vida. Ambos periódicos aclaraban tajantemente que no había más detenidos pertenecientes a la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
El profesor Silber fue detenido el lunes 9 de agosto de 1976 en la puerta del campus universitario, alrededor de las 18:00, por la policía de la provincia de Córdoba. Las ediciones del martes 10 de agosto de La Calle y El Pueblo no informaron sobre la detención, pero repasaron, por ejemplo, los anuncios de Jorge Rafael Videla en la provincia de Chaco. También difundieron, ese día, una noticia que nunca llegó a concretarse: “Alberto Luchini será el nuevo rector de la UNRC, anunció Bruera”. El Ingeniero Alberto Lucchini había sido designado para presidir la universidad por el ministro de Educación y Cultura de la dictadura cívico-militar, Ricardo Pedro Bruera.
El nombramiento generaba consenso en Río Cuarto porque Lucchini presidía la Comisión Ejecutiva Central que impulsó la creación de una universidad en la ciudad. Sin embargo, el nombramiento no prosperó. A los pocos días, el Vice Comodoro Eduardo Herreros, interventor de la institución universitaria, le comunicó a Lucchini vía telefónica que había sido reemplazado por otra persona. Uno de los detalles que sembró dudas, como reflejó el diario El Pueblo, fue que la designación salió por resolución ministerial y no por un decreto del Poder Ejecutivo, como era habitual hasta ese momento.
Más allá de las pujas de poder para nombrar una autoridad en la UNRC (en 1976 tuvo 3 rectores/interventores), lo concreto es que el martes 10 de agosto de ese año los diarios principales de la ciudad le dedicaron mucha tinta y espacio a una designación que no fue, mientras dos profesores de la misma institución eran detenidos por la policía de Córdoba en jurisdicción de la Nación, sin ninguna causa que lo justificara. Uno de ellos aparecería ahorcado a los pocos días.
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Según Yuval Noah Harari, historiador, uno de los factores que facilitaron la evolución del ser humano por sobre el resto de las especies fue la capacidad de contar historias que, a través de la repetición y la profundización, se vuelven un espacio habitable del resto de la cotidianidad. Prácticamente desde los inicios de la humanidad, una buena parte de cada disputa de poder es narrativa y ahí radica la importancia de la propagación de las historias personales y colectivas.
Esta es la historia, o al menos una parte, de la vida de Ernesto Silber. Esta es la historia, o al menos un fragmento, de su muerte. La figura de Silber reconstruida por la memoria de sus afectos y amigos es la de un detenido político que quisieron camuflar como suicida, pero que la propia pulsión humana de contar historias se encargó de desmentir 46 años después, cuando apareció una testigo clave y declaró: “A Silber lo asesinaron durante la tortura, me lo contó mi jefe que era un militar retirado”.
Ernesto Silber nació el 15 de septiembre de 1940 en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Se graduó de farmacéutico a los 24 años, en la Universidad Nacional de La Plata, y de licenciado en Bioquímica a los 27. Se doctoró en Estados Unidos y, en 1972, llegó a la Universidad Nacional de Río Cuarto. En ese momento, estudiaba las resonancias magnéticas, que apenas eran fórmulas matemáticas para desarrollar algún artefacto que pudiera obtener imágenes médicas utilizando un campo magnético y ondas de radio. Un símbolo de su inteligencia y del dominio del área en la que se especializaba.
En la UNRC, fue profesor de Química Orgánica, Secretario Económico durante la gestión del rector Augusto Klappenbach e interventor del Departamento de Química y Física. También fue uno de los primeros impulsores de la fundación de la Asociación Gremial Docente de la misma institución.
“A Ernesto lo conocí en un asado que se organizó para recibirlo en Río Cuarto, en la casa de Silvia Braslavsky, en octubre de 1972. Estaba casi todo el departamento de Química de la universidad. Tengo esa imagen grabada en la memoria, ahí empezamos a cosechar una buena amistad”, recuerda Silvia Nicoletti, ex docente universitaria y psicóloga. Junto a su esposo, Alejandro Arévalo, construyeron un vínculo muy cercano y especial con Silber y su esposa.
El grupo de personas más cercanas a Ernesto Silber estaba conformado, fundamentalmente, por profesionales que tuvieron que dejar el país después de la Noche de los Bastones Largos (29/07/1966) y regresaron a partir de 1971 con la fundación de la UNRC y un contexto político menos agresivo, pero todavía en dictadura. La llegada de la casa de altos estudios a la región trajo, además de la posibilidad de formarse profesionalmente sin emigrar, disputas y dinámicas nuevas para la vida política. Asambleas, votaciones y disensos eran la efervescencia cotidiana de la universidad que nacía en el centro del país. Silber, Arévalo, Nicoletti y muchos otros eran parte activa de las discusiones que delineaban su rumbo. Además de la correspondencia ideológica que los acercaba, o quizás en gran parte por ella, construyeron un lazo humano fuerte y duradero.
Ese grupo de amigos comprometidos, con el correr de los meses y a fuerza de asados y tertulias en el bar “La Taba”, se convirtió en algo más parecido a una familia en la que Silber ocupaba un lugar de referencia: “Cuando me cesantearon de la Universidad en 1974, a mí y a otras 88 personas, lo primero que hice fue ir a buscar a Ernesto para saber qué se podía hacer en ese momento. Nos habían denunciado como subversivos”, cuenta Silvia Nicoletti.
La persecución que sufrió ese grupo de trabajadores y otros expulsados de la institución era solo una muestra de las expresiones de violencia estatal de la época. El cesanteo estuvo directamente relacionado con la «Misión Ivanissevich», dirigida por Oscar Ivanissevich, ministro de Educación de María Estela Martínez de Perón. El objetivo central de la misión era «terminar con la infiltración marxista» en el sistema educativo y, especialmente, en el sistema universitario. En ese contexto, en septiembre del 74, se paralizaron las actividades en la UNRC, se intervino la institución y al poco tiempo llegaron las listas con los expulsados. De las 89 personas dadas de baja junto a Silvia Nicoletti, solo reincorporaron a 10 aproximadamente, incluyéndola. El resto salió del país por seguridad personal o amenazados por la Triple A. En ese contexto convulso y violento, en el país comenzó a pensarse en una forma de organización gremial para que los docentes universitarios no se vean vulnerados en sus derechos laborales. Silber, junto a otras personas, plantearon las primeras discusiones sobre un modelo sindical para docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. De esta manera, comenzó a pensarse y diagramarse lo que, en el futuro, sería la Asociación Gremial Docente de la UNRC.
La muerte de Juan Domingo Perón en julio de 1974 fue un punto de inflexión para el país y produjo, entre otras cosas, el fortalecimiento de los sectores más reaccionarios dentro del peronismo, con José Lopez Rega como superministro de Bienestar Social. Desde ese ministerio, planificó y consolidó la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), un grupo paramilitar de ultraderecha que cometió atentados, secuestros y asesinatos en casi todo el país, incluido Río Cuarto.
El 28 de diciembre de 1974, el departamento de Química despedía el año con un asado en la casa de Silber. La serenidad de Banda Norte parecía inalterable, la noche cálida dejaba respirar un aire floral y el ambiente era festivo en el hogar ubicado en Marcelo T. de Alvear antes de Ecuador.
“En un momento de la noche, Ernesto sintió olor a quemado. Salimos a la calle y descubrimos que habían rociado todos nuestros autos con nafta. Debajo de las ruedas de toda la hilera de autos que estaban en su casa, tiraron nafta y prendieron fuego. Al otro día, llegó un telegrama a su casa con el mensaje “Que la inocencia les valga”, rememora la psicóloga, con algo de angustia en el tono de voz.
Arévalo y Nicoletti no dudan que el hecho estuvo vinculado con el accionar de la Triple A en Río Cuarto. “La secretaria del departamento de Química en ese momento era la esposa de Garcilaso de la Vega, vinculado a la Triple A. Creemos que el hecho estuvo relacionado con el accionar de ese grupo y que, además, fue una advertencia”, dice la docente jubilada.
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El lunes 9 de agosto de 1976, Ernesto Silber terminó su jornada laboral en el Departamento de Química cerca de las 18:00 y decidió ir a jugar un partido de ping pong al Club Central Argentino, junto a tres amigos, incluido Alejandro Arévalo. El automóvil del profesor estaba estacionado exactamente detrás de la garita de seguridad de lo que hoy es la guardia de entrada vieja de la universidad. Mientras se acercaba a su vehículo, Silber identificó un móvil policial estacionado del lado de afuera del campus universitario.
En ese lugar, lo esperaba la Policía de Córdoba para trasladarlo a la Unidad Regional Sud, hoy Unidad Regional n.°,9, ubicada en Belgrano 53. Algunos relatos indican que se lo llevaron junto a su esposa, Juana Chessa, y otros argumentan que a ella la detuvieron algunas horas después, una vez que llegó a la casa y encontró todo revuelto por la policía. Chessa guardó un silencio público absoluto desde 1976 hasta hace pocas semanas, que decidió declarar ante la justicia para sumar su testimonio a la causa Silber.
“Nosotros le llevamos comida y café a los dos, porque casi no les daban de comer y Juana era muy tomadora de café. Teníamos que dar muchas vueltas viendo en qué llevar las cosas porque en ese momento era casi todo de vidrio y no te dejaban pasar ese material”, cuenta Nicoletti. A Silber le acercaron, también, una bolsa de dormir. La explicación oficial fue que se había ahorcado con el cordón de la bolsa, casi arrodillándose para poder concretarlo. Aún si los hechos ocurrieron de esta manera, dejar un elemento de esas características a una persona encerrada y torturada es plena responsabilidad de quienes lo trasladaron y retuvieron allí.
La noticia de la muerte de Ernesto Silber circuló de inmediato en su grupo más cercano y posteriormente en el país. Su cuerpo descansaba en el Hospital Cabrera, hoy Centro de Salud Municipal, y esperaba ser reconocido. “Yo no me animé a verlo. Bajó a reconocerlo un amigo nuestro y nos dijo que se lo veía dentro de todo bien, pero con algunos golpes. Y una marca en el cuello como si se hubiese ahorcado”, dice Alejandro Arévalo.
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“El nombre de Ernesto Silber me llegó por los ex presos políticos de Río Cuarto. Me dijeron que había un profesor de la universidad que se había suicidado, aunque parecía que no era así, sino que se había quedado en la tortura o algo similar. Y también me dijeron que a la gente de la universidad le costaba mucho hablar del tema”. Las palabras son de Daniel Olartecoechea, ex preso político y abogado querellante en la causa Gutierrez, que nuclea todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura en el sur de Córdoba. A esa megacausa, Olartecoechea logró incluir la de Ernesto Silber. También consiguió el testimonio de Estela Pereyra, ex trabajadora de la UNRC, que aportó un nombre clave en la investigación. Para no entorpecer los procesos judiciales que se desarrollan, solo mencionaremos su apellido: Ponce.
“Era un personaje oscuro, no se sabía mucho sobre él. Tenía su oficina en Rectorado y se reunía ahí mismo con el Jefe de la Policía de la Provincia, el Jefe de la Seccional Río Cuarto de la Policía Federal y el Jefe del Área Material Río Cuarto de la Fuerza Aérea. Nos dimos cuenta de que era un infiltrado que apuntaba personas en la universidad”, afirma el abogado querellante.
Estela Pereyra comenzó a trabajar en el Rectorado de la UNRC en 1975, como secretaria. Su jefe era Ponce, militar retirado que trabajaba como Jefe de Despacho del área desde 1973, año en el que Argentina regresó a la democracia y con ella, velados bajo el manto del gobierno de las mayorías, llegaron los infiltrados de turno a las instituciones públicas que se dedicaban a señalar y desaparecer trabajadores, estudiantes o militantes que etiquetaban como subversivos o extremistas. Pese a estar retirado, Ponce fue ascendido a Mayor dentro del Ejército en el momento que la dictadura tomó por asalto el poder.
Su modalidad de trabajo era solicitar legajos de estudiantes, docentes o no docentes y ponerlo en común con los jefes de las fuerzas de seguridad. Al cabo de unos días llegaba la decisión: las personas a las que pertenecían los legajos eran desde cesanteadas hasta desaparecidas, pasando por operaciones de prensa donde se los mencionaba como “subversivos” o “extremistas”.
El ambiente de trabajo con Ponce era tenso, incómodo, buscaba constantemente exponer a las secretarias que trabajaban con él. “Nos contaba todos los días, porque era así de perverso, las torturas o atrocidades que le hacían a los detenidos. Nos semblanteaba porque, en el fondo quería saber si estábamos de acuerdo o no con ciertas cosas que él decía”, relata Estela Pereyra.
Una mañana de trabajo que debía ser como cualquier otra, se transformó en un quiebre en la vida de Pereyra cuando escuchó de la boca de Ponce que “con Silber se les había ido la mano en el submarino seco y lo asesinaron”. Además, indica que el militar retirado asumió que se habían equivocado de pareja al arrestar a Silber y Chessa. “Nunca supimos quienes eran los apuntados en realidad, pero esto lo dijo Ponce. Cuando se dan cuenta del error, a su esposa (Juana Chessa) le permiten volver al trabajo”. Chessa fue liberada el 17 de agosto de 1976.
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Ponce siguió trabajando durante la democracia y se jubiló en la UNRC. Vive en Río Cuarto, es de edad avanzada y está imputado en la causa de Silber. Podrá ser interrogado, lo que es un paso importante considerando que lo conocían muy pocas personas y no había demasiada información sobre él.
La Causa Gutierrez tiene más de 100 imputados y la mitad de ellos ya fallecieron, llevándose así la historia y el destino de muchas vidas y nombres que aún esperan justicia. Las visiones más optimistas estiman que el juicio oral puede comenzar en el primer semestre del 2023, pero está sujeto a las dinámicas y tiempos del Poder Judicial, concretamente del Tribunal Federal n.° 1 de Córdoba.
Al momento de cerrar la entrevista con Estela Pereyra, buceando entre recuerdos ingratos e imagenes difusas, dijo: “Mi vida cambió cuando Ponce nos dijo que se le fue la mano en la tortura con el profesor Silber. Fue como si algo se terminara de romper del todo. Supe que ese era el momento en el que me tenía que ir. Era muy humilde entonces, me costaba conseguir dinero. Pero ese era un lugar de peligro”.
*Por Esteban Viú para Otro Punto (Concurso de crónicas Alejandra Elstein) / Imagen de portada: A/D.
