Por qué Villa Mascardi se volvió la nueva tierra caliente en la Patagonia

Así como, en 2017, parecía que el departamento de Cushamen en Chubut era el epicentro de la supuesta insurgencia mapuche, ahora se habría trasladado a las tierras de Parques Nacionales en Villa Mascardi, en Río Negro. Tal como sucedió en la Pu Lof en Resistencia, donde desapareció y apareció muerto Santiago Maldonado, aquel mismo año y el día que estaban velando al tatuador anarquista en su pueblo, la Prefectura arremetió contra un grupo de jóvenes mapuche que resistían en la montaña el desalojo del 23 de noviembre en Mascardi.

Tanto los protagonistas de la resistencia en Cushamen como en la Lof Lafken Winkul Mapu de Mascardi quedaron apresados en una maraña de juicios que criminalizan su protesta, según denuncian sus abogados, todos armados y en base a atentados de “falsa bandera” (es decir, montados por quienes enseguida los denuncian).

Con idéntico telón de fondo, a la embestida judicial, se suma la campaña racista de la activa derecha patagónica que cuenta con el respaldo de los gobernadores de esa región y, ocasionalmente, de los gobiernos nacionales que les mandan tropas para reprimir.

La imagen de una mujer mapuche dando a luz custodiada hace demasiado ruido para una administración que presume del respeto a los derechos humanos, pero sintoniza con el episodio de la Prefectura obligando a comer tierra a la machi Betiana Colhuan durante la gestión anterior y con la interminable cadena de violaciones a los derechos humanos de indígenas desde el genocidio originario.

La causa del desalojo en Villa Mascardi

“La jueza y la fiscal federal de Bariloche fueron parte del armado de la causa contra la Lof Lafken Winkul Mapu, actuaron en consonancia con lo que venían reclamando desde los gobiernos nacional y provincial, y también con lo que venían pidiendo sectores energúmenos de las derechas y lo peor del racismo”. La frase pertenece a Eduardo “Negro” Soares, abogado de La Gremial, la entidad que asiste a las mujeres mapuche procesadas luego del violento allanamiento de hace un mes en la comunidad de ese pueblo originario en Villa Mascardi.

Soares alude a la megacausa que armó la jueza federal Silvina Domínguez en consonancia con la campaña mediática y política antimapuche, cuyo principal vocero es la agrupación Consenso Bariloche, que integran empresarios de la Patagonia junto a políticos del PRO como Miguel Ángel Picchetto.

Luego de vulnerar la integridad de las mujeres detenidas —con incomunicación, traslados sin sentido, obligándolas a parir solas y bajo custodia, y alejándolas de sus hijos—, la jueza procesó a cuatro de ellas con prisión preventiva y ordenó la detención de cuatro hombres de la comunidad. Ahora, la Gremial apeló ante la Cámara de General Roca, con un escrito al que accedió Perycia en el cual resume el capítulo actual de la continuación de la Campaña al Desierto.

Atentado de falsa bandera

El expediente en el que, hace un mes, se ordenó el desalojo en Villa Mascardi comenzó por un presunto atentado, el incendio de una casilla de guardia de Gendarmería donde se ubicaba la custodia de la cabaña Los Radales. Fueron descriptos como autores “encapuchados con armas de fuego” de las que jamás se encontraron ni vestigios, ni menos informes periciales. La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro sostiene que ese ataque fue realizado por las mismas personas que luego presentan la denuncia contra ellos, le llaman atentado de falsa bandera y son muy similares a los montajes que arman los Carabineros en Chile con el mismo objetivo.

En el procesamiento, la jueza y la fiscal, luego de describir el “ataque” a la casilla de Gendarmería, en un despliegue que, de ser verdadero, estaríamos ante un acto de insurgencia, pero que “jamás fue demostrado”, ordenaron la detención de las siete mujeres que estaban en la Lof Lafken Winkul Mapu. Un desalojo encubierto para el cual la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, solicitó y obtuvo la presencia del Comando Unificado de fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA), con la participación de la policía provincial de Río Negro. En horas de la madrugada del 4 de octubre, arrasaron con los bienes, el altar mapuche (rewe) y las personas en esa comunidad de Villa Mascardi, donde el 25 de noviembre de 2017 había sido asesinado Rafael Nahuel.

El resultado fueron mujeres, niños, embarazadas y bebés detenidos en Bariloche. Y, luego, algunas de ellas trasladadas a Buenos Aires como verdaderas cautivas para quebrarlas emocionalmente, desterrarlas y estigmatizarlas, poniéndolas en un estado de sospecha solo por pertenecer a una comunidad mapuche y por vivir en su territorio, lugar donde no solo poseen sus hogares, sino su rewe (altar), donde realizan sus ceremonias religiosas.

Inventar un enemigo para la Nación

En el texto de la apelación de los procesamientos, la defensa expresó que “se inventó, desde los poderes de gran parte de la Administración del Estado nacional con connivencia y acuerdo con sectores políticos de la oposición, la figura del terrorista mapuche, un enemigo a quien combatir de cualquier modo y a cualquier costo, y, de esta manera, logran desviar la mirada de la gente, entre ellos, jueces y funcionarios judiciales que, por comprar esa versión o por ser cómplices abiertos de los grandes poderes, permiten el avasallamiento de nuestra soberanía argentina sobre territorios y sobre bienes comunes”.

A su criterio, este es el marco en el que se inscribe lo que ocurre en Bariloche y la comarca andina, y estos son los elementos de una causa a la que denominaron “trucha”, muy similar a las demás que acumuló la jueza en un mismo expediente.

“Si aparece una máquina de Vialidad quemada en Villa La Angostura, allanan Pachil Antreao, pero como no encuentran nada en Neuquén, arrasan cinco o seis comunidades de Río Negro”, indicaron desde el equipo jurídico para graficar la situación. Este es el contexto de los hechos y sus denominadores comunes, según la apelación:

—Los denunciantes son “vecinos” cuyas acusaciones jamás se acreditan ni identifican a personas concretas, a los cuales se suman políticos como Pichetto y Patricia Bullrich no solo contra los mapuche, sino también contra los abogados de La Gremial.

—La gobernadora de Río Negro presiona abiertamente al gobierno nacional que, en esta oportunidad, tuvo recepción favorable por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

—La fiscal y la jueza reciben “con entusiasmo» las denuncias, el falso montaje y la causa armada contra los mapuche, a la que dan curso con prisa, y arrasan Winkul de un día para otro, sin dejar arbitrariedades por hacer.

—Hacen con La Gremial lo que más saben: atarnos las manos (secreto de sumario e incomunicación de las detenidas).

—La fiscal y la jueza permiten que se pasee por el territorio a Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y autor de varias denuncias contra los mapuche, quien sí puede ingresar y filmarse como un César en un territorio bárbaro.

—Cuando tres de los abogados que firman este escrito quisieron verificar la situación y ver la legalidad del procedimiento, las fuerzas a cargo de la fiscal y la jueza les dispararon gases.

—Después de que los gendarmes huyeron y que aparecieron bomberos y montones de gente, se disponen pericias que, por supuesto, nada encuentran, pero alcanza para ir contra Winkul. Se secuestraron elementos identificados por la PFA como “panfletería mapuche”. Tremendos preventores los policías federales que, en “la otra casilla de más arriba”, encontraron una bandera con el retrato de Rafael Nahuel, un cuadernillo con el título Tayiñ Mapuche Kimun, hachas y otras herramientas, una netbook de Conectar Igualdad, un pasaporte y cien dólares.

Apelan el “compendio de excusas panfletarias”

Luego del violento operativo, Betiana Ayelén Colhuan, Luciana Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumil y Romina Rosas fueron acusadas del delito de usurpación de los predios donde está el ex Hotel Mascardi y la estancia La Escondida, con un embargo de 10 millones de pesos.

En la misma resolución, la jueza Domínguez ordenó el sobreseimiento y liberación de Florencia Melo y Débora Vera que se encontraban detenidas en la Unidad V de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ubicada en el aeropuerto de Bariloche.

En tanto, la docente Andrea Despo fue sobreseída porque probó que fue “ajena a los hechos investigados». Claro, ella había acudido allí a atenderse con la machi (sanadora) Betiana.

La magistrada también ordenó la detención de otros integrantes del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. Revocó la falta de mérito que había dispuesto hacia ellos tiempo atrás y procesó con prisión preventiva a Matías Daniel Santana, Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan, por la usurpación por despojo del ex Hotel Mascardi.

En cuanto a Juan Pablo Colhuan, ordenó su detención “a fin de recibirle declaración indagatoria”. Y dispuso trabar sobre cada uno de ellos un embargo hasta cubrir —individualmente— la suma de 5 millones de pesos.

La jueza dispuso la acumulación “por razones de conexidad” de las causas por usurpaciones del ex Hotel Mascardi y del predio La Escondida, con el expediente del supuesto ataque a la casilla de Gendarmería del 25 de septiembre pasado, cuando un grupo habría atacado con piedras y armas de fuego a cinco efectivos de esa fuerza que custodiaban el predio Los Radales.

“Estamos ante un fallo de características arbitrarias que adolece de graves vicios tanto en la forma como en el fondo y que, si bien pretende erigirse como una resolución fundada, no lo es en absoluto». No anduvieron con rodeos los abogados Soares, Laura Taffetani, Virgilio Sánchez, Rosario Fernández y Gustavo Franquet al rechazar la resolución de la jueza Domínguez ante la Cámara de Apelaciones de General Roca y lo describieron incluso como «un compendio de excusas de carácter propagandístico e incluso panfletario (…) sin ninguna evidencia”.

La jueza y la fiscal a la ofensiva

Entre el violento desalojo y el procesamiento, la jueza Domínguez y la fiscal Etchepare recibieron a una comitiva de referentes de organismos de derechos humanos integrada por Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), Alejandro Vilca (diputado FIT-PTS), Matías Aufieri (CeProDH) y representantes de la CTA, quienes se ofrecieron como canal de diálogo por si el conflicto vuelve a escalar.

Una fuente relató a Perycia que ambas se mostraron a la ofensiva. Argumentaron “que no responden a presiones de nadie, que hicieron todo lo posible durante años, pero que los mapuche son imposibles, demostraron mucho conocimiento de cada una de las mujeres y los hombres de esa Lof y sus proveniencias, indicaron que no se quieren dejar censar y que las reciben a los piedrazos”. Según ellas, en las audiencias grabadas, consta que ellos se niegan al diálogo.

Domínguez y Etchepare afirmaron que “con gobiernos con distintas posiciones, fracasó todo, que a este grupo se les ocurrió que es sagrado ese territorio y fueron ocupando cada vez más lotes”, al tiempo que buscaron despegarse de personajes como Frutos, a quien calificaron como “un impresentable”. El encuentro produjo el compromiso de no volver a tocar el rewe (altar) y que ninguna de las procesadas haya quedado con prisión efectiva, dado que les concedió el arresto domiciliario y las cuatro están en una casa de Bariloche. Sin embargo, no tuvieron reparo en dictar órdenes de arresto para todo el resto de la comunidad.

Prejuzgamiento

El 7 de octubre, Andrea Despo Cañuqueo contaba desde la cárcel que llevaban tres días en huelga de hambre y agradecía a “toda la gente que se preocupa por nuestro estado acá, en Ezeiza, y todo el recorrido que nos hicieron hacer por las distintas alcaidías, cárceles y lo que se les pueda ocurrir”. “Somos presas políticas mapuche”, afirmó la mujer, que luego sería liberada.

“La jueza puso de manera innecesaria en riesgo a las personas y a las cosas, ordenando un desalojo contra las lamien (hermanas) de una comunidad mapuche que se encontraba asentada con sus familias en su hogar y su territorio, en un marco procedimental oscuro, subrepticio, cuyos verdaderos fines desconocemos, pero, a la luz de los resultados, parecieran representar intereses ajenos al objeto de la investigación”, describieron los abogados de La Gremial.

A su criterio, la jueza Domínguez incurrió en prejuzgamiento, adelantó opinión “sobre hechos y circunstancias de las que no tiene evidencia o prueba”, vulneró el derecho de defensa de las personas investigadas y “dispuso medidas coercitivas, innecesarias y desproporcionadas” con “manu militari” para desalojar a una comunidad mapuche “de un lugar donde se encuentra asentada hace más de cinco años”.

Legítima ocupación y una causa de 2017

Según la defensa de las mujeres y los hombres mapuche procesados por Domínguez, “la jueza utilizó el marco procesal de la investigación de un hecho que nada tiene que ver con el delito de usurpación oportunamente investigado en la causa elevada a juicio oral, donde nuestros defendidos tendrán la oportunidad de demostrar no solo su falta de responsabilidad en hechos de la imputación, sino también la legitimidad de la ocupación del territorio del cual fueron desalojados ilegalmente por esta jueza, provocando daños irreparables, separando familias, y despojando de su territorio a una comunidad mapuche legítima poseedora del predio hasta que se demuestre lo contrario, juicio mediante”.

Ese proceso —en el marco del cual fue asesinado Rafael Nahuel— fue iniciado en 2017 por Parques Nacionales, que se había retirado como querellante, pero, hace un año, dio un giro y resolvió acusar, junto con la fiscalía federal de Bariloche, a los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu por la toma de tierras en esa zona.

Ya en ese momento, la defensa de los mapuche alertaba que estaba en marcha una “gran operación para evitar que se prorrogue la Ley 26.160 (que suspende los desalojos de comunidades indígenas) y consideraba que no eran casuales los ataques “supuestamente terroristas” que comenzaban a ocurrir por esos días y se atribuían a la comunidad mapuche. Si bien no se produjo la doble imputación de personas, la jueza les endilga un delito ocurrido en un lugar y tiempo determinados, algo que tramita en una causa separada.

Las conductas por las cuales fueron procesados ahora los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu no guardan relación alguna con el episodio del incendio. Por eso, sus defensores expresaron que ese procesamiento dictado por Domínguez fue “una recreación conjetural e hipotética sobre la base de hechos por los cuales los imputados están siendo juzgados en otras causas, traspolando indebidamente y de manera ilegal juicios, valoraciones e incluso hechos acaecidos en otro contexto y otro marco procesal, para justificar medidas impracticables como lo fue el desalojo compulsivo de la comunidad y la restitución de bienes a los supuestos dueños, vulnerando de manera artera y flagrante garantías constitucionales de nuestros defendidos”.

La “maraña de elefantes”

“Estamos ante un delito excarcelable donde se han ordenado prisiones preventivas, pero el relato de los hechos no logra establecer quién o quiénes, cómo, cuándo y dónde se realizó la supuesta usurpación que se investiga”, reza la apelación a los procesamientos de las cuatro mujeres mapuche.

“La jueza legitima el violento e ilegal desalojo, instaurando en nuestros defendidos sospechas por sus condiciones de ‘vecindad’ al predio supuestamente intrusado”. En este sentido, no son casuales las noticias difundidas por algunos medios sobre la “pesadilla” que sería tener a los mapuche de vecinos. Sin embargo, una mirada a la inversa, a quiénes son los vecinos de la Lof, pone en evidencia una escandalosa diferencia de poderío de miles de hectáreas contra una decena de las comunidades originarias. Y explica la intensidad de la campaña contra ellas.

“Para disimular su irregular proceder, la jueza hace una gran maraña unificando causas que nada tienen que ver con los hechos aquí investigados, ordena desalojos sobre predios cuya ocupación, por ahora, es legítima hasta que la justicia determine lo contrario. ¿Cómo ocultar la nulidad del tamaño de un elefante? Pues creando una manada de elefantes”, escribieron les abogades de La Gremial. En este sentido, hacen responsable a la fiscal federal María Candida Etchepare, que pidió la acumulación de los expedientes. Acaso el paso siguiente sea enmarcar todo en la Ley Antiterrorista, tal los deseos de Patricia Bullrich, plasmados en una denuncia que contamos en Perycia.

El regreso de Lombroso

Sobre los procesamientos con prisión preventiva de las cuatro mujeres, Guenumil, Colhuan, Jaramillo y Rosas que dio a luz en cautiverio, la apelación afirma que la jueza “lleva adelante una teoría del delito perimida en épocas de la inquisición, que se denomina derecho penal de ‘autor’, donde se juzga al sujeto por sus características personales, étnicas o por sus opiniones políticas o su visión del Estado o su cosmovisión del mundo”. Sería algo así como las detenciones arbitrarias por el color de la tez o el olfato policial, en base a las teorías de Cesare Lombroso, criminólogo y médico italiano que, a principios del siglo pasado, fundó la Escuela Positivista que sostiene que la criminalidad está ligada a causas físicas y biológicas.

“El juicio de la jueza es tan aberrante, además, que siendo un delito excarcelable y no poseyendo los imputados antecedentes, ordena su prisión preventiva, sabiendo de antemano que no tienen ninguna posibilidad de entorpecer la investigación y tampoco de fugarse, ya que estuvieron presentes desde el primer momento del arbitrario e ilegal procedimiento que las despojó de sus rucas (casas)”, argumentaron sus abogades, que, además, pidieron no solo el sobreseimiento de todos sus defendidos, sino que también exigieron la restitución de la posesión de su territorio.

Imaginemos por un segundo que a alguien se le ocurriera demoler el cementerio de la Recoleta para construir un shopping. Pues parte de la importancia de estas tierras para los mapuche radica en que allí están enterrados sus ancestros. En este sentido, la apelación explicó que “la tierra tiene para la cosmovisión mapuche una connotación de enorme relevancia, puesto que, sin tierra, no hay cultura; sin cultura, no hay identidad y, sin identidad, la existencia carece de sentido”.

La legislación nacional e internacional reconoce la preexistencia y los derechos de los pueblos indígenas, y varios organismos de derechos humanos vienen planteando que la falta de una intervención asertiva por parte del Estado está propiciando reiteradas violaciones al respecto. Así lo ha expresado tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como Amnistía Internacional. “A pesar de que tienen derecho a la posesión y propiedad de sus territorios ancestrales, no se hace efectivo ni existen tampoco políticas que les garanticen desarrollar su vida en relación con su identidad. Los avances de las últimas décadas fueron insuficientes. Muchas veces, la respuesta estatal se organiza detrás de discursos y estereotipos que los estigmatizan. El crecimiento de sus reclamos está vinculado con esta deuda histórica”, resumió el CELS.

“No es racional que el Estado prohíba lo que fomenta, no hay usurpación porque los imputados no han hecho más que la reivindicación y afirmación de un derecho, donde han llevado delante, de manera pública y notoria, una vida comunitaria en el lugar, haciendo del lugar su lof donde viven con sus familias, donde realizan sus ceremonias y donde son visitados por otros miembros de la comunidad que comparten su cosmovisión y sus creencias”, sintetizaron desde La Gremial en apelación al procesamiento de las mujeres y hombres mapuche de Winkul.

Exordio

“Ni los conquistadores, ni Roca, ni las grandes multinacionales contemporáneas jamás han pedido personería, simplemente arrasaron como hicieron no hace mucho con los genocidios de Rincón Bomba o Pilagá en el noreste argentino”, reza el escrito en sus conclusiones. “La autodeterminación está reconocida para los pueblos indígenas en las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y, sobre esta base normativa, el reconocimiento de las comunidades indígenas no se encuentra dentro del poder de policía del Estado, sino que se trata de un derecho que todos los niveles estatales tienen el deber de respetar, proteger y promover, la personalidad de las comunidades indígenas no depende de la realización de acto administrativo alguno, sino que, debido a la preexistencia de los pueblos indígenas, reconocida por la Constitución Nacional, se trata de una realidad jurídica anterior al Estado y que este debe reconocer”, agrega.

Dirigiéndose a los camaristas, explicaron que “Winkul siempre se prestó al diálogo, jamás rechazó sentarse a una Mesa, baste con citar a declarar a la ex ministra de Seguridad, Sabina Federic, o la anterior presidenta del INAI, Magdalena Odarda, quienes también pusieron esfuerzos sobrehumanos para buscar soluciones que no impliquen sacrificios de sangre o libertades o acciones de conquista como la que hicieron jueza y fiscala en enviar a las mujeres mapuche a Buenos Aires”, en alusión al traslado injustificado y por un par de horas a la cárcel de Ezeiza.

Al mismo tiempo que la criminalización de esta comunidad que recuperó su territorio en 2017 a instancias de la machi Betiana, la Comisión de Pueblos Originarios del VI Encuentro Federal de Derechos Humanos que se realizó en la ex ESMA declaró el 29 de octubre: “Denunciamos la escalada de acciones del Poder Judicial que ponen en riesgo el sistema de libertades individuales y colectivas, haciendo interpretaciones forzadas de las leyes en favor de los poderes corporativos concentrados, creando causas fraguadas, alimentando ideologías racistas y colonialistas”.