Hacia una alimentación inclusiva, un grito soberano

“Todo lo que hacemos o dejamos de hacer alrededor de la alimentación,
y hasta el hecho de alimentarse,
no es un acto fisiológico.
Es un hecho político, social y de ciudadanía”.

Miryam Kita Gorban

Como parte de un proceso de trabajo colectivo e interdisciplinario, la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red CALISAS) presentó su Primer Informe Anual de la Situación de la Soberanía Alimentaria en Argentina, en la facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En el documento, publican los resultados de una encuesta que realizaron a 273 productoras y productores, y 227 referentes de organizaciones de distintas regiones del país. Un alto porcentaje de las personas consultadas destacan las dificultades para contar con recursos fundamentales como la tierra, el agua y las semillas, pero también la falta de financiamiento y asesoramiento legal al que, respectivamente, el 43% y 33% de las organizaciones no accede.

“Es el primer material de estas características que busca fortalecer la red y reencontrarnos para repensar cómo seguimos construyendo soberanía alimentaria, pero también lo proponemos para que los decisores políticos tengan una base sobre la cual apoyarse para la elaboración y reformulación de políticas públicas”, explica Melina Gay en diálogo con Perycia. Gay es médica veterinaria y coordinadora académica de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y participó del proceso de redacción del documento.

La docente señala que “el corazón del documento está en la información aportada por más de quinientas productoras, productores y organizaciones encuestadas”, de las que solo el 44% accede al agua, el 36% a la tierra y el 45% a las semillas sin dificultades. Números que tienen su raigambre en un modelo pensado para producir materias primas de poco valor agregado (los llamados “commodities” como la soja transgénica, cuya casi totalidad se exporta, o cultivos transgénicos como trigo o maíz) que dificulta el acceso a la tierra para los agricultores familiares, campesinos e indígenas, productores de alimentos “sanos, sabrosos y soberanos”.

En el informe, además, la Red publica datos sobre territorio, producción, comercialización, alimento y salud; y a la encuesta, suman información recogida en foros regionales donde se habló de las problemáticas, de los logros o fortalezas alcanzadas y de si existen políticas públicas acordes a los objetivos de la Red, entre otros.

Soberanía alimentaria, ¿de qué hablamos?

La Soberanía Alimentaria implica la autosuficiencia alimentaria de un pueblo, una nación o región en función de sus condiciones políticas, económicas, climáticas. La expresión acuñada por primera vez en 1996 por Vía Campesina, el colectivo global que nuclea a trabajadores del campo, organizaciones campesinas y comunidades indígenas, y alude al derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos, lo que conlleva la discusión acerca de la posibilidad de acceso a la tierra. Una referente local indiscutida en la materia, Miryam Kita Gorban, retomó el concepto entendiendo que cada pueblo debe tener el “derecho a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo que garanticen una alimentación suficiente para toda la población”.

En el informe que presentó CALISAS, la ingeniera agrónoma Andrea Fizzotti propone un recorrido por las leyes socio-ambientales sancionadas hasta el momento frente a una coyuntura de un ambiente degradado, entre otros factores, por el uso de agrotóxicos, la pérdida de biodiversidad, los incendios de territorios, el deterioro de humedales y de recursos hídricos, que constituyen una amenaza para la soberanía alimentaria.

Especialista en Gestión Ambiental por la Universidad de San Martín (UNSAM), Fizzotti se desempeña en la Defensoría del Pueblo de la Nación en el Área Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y elaboró lo que ella llama “una foto inicial, una pincelada que, sin ser exhaustiva, intenta proyectar los lineamientos del marco normativo necesario para que podamos hablar de un proyecto de soberanía alimentaria”.

Entre otras, Fizzotti destaca el incumplimiento de la Ley de Bosques (2007) que establece los presupuestos mínimos de protección a los bosques nativos, pero ha tenido —hasta hoy— una implementación deficiente en un contexto de temperaturas elevadas, falta de precipitaciones y la sucesión de incendios intencionales para la habilitación de tierras destinadas a cultivos transgénicos.

En territorios enfermos, no hay soberanía alimentaria

“Partimos de la base de que no hay soberanía alimentaria en un territorio enfermo, contaminado, hablar de SA implica la exigencia de la sustentabilidad del ambiente, por ende, de la salud de las personas que lo habitan”, agrega Fizzotti.

Habla, además, de la relevancia de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar que, a casi ocho años de su promulgación, en enero de 2015, recién se reglamentó el pasado 3 de noviembre con la creación de un Instituto para su implementación. A pesar de que, señala Fizzotti, no estarían dadas las condiciones de acceso al financiamiento para la preservación de la biodiversidad, el mantenimiento de las semillas nativas y el cuidado de los bienes naturales.

“Al no contar con títulos de propiedad, vastos sectores de los pueblos terminan siendo los más expuestos a los desalojos violentos”, advierte la agrónoma que también destaca la necesidad de crear un banco de tierras, demanda históricamente postergada, para la producción de alimentos seguros, sanos y soberanos.

Con leyes no basta

Marcos Filardi integra la cátedra Calisa Nutrición de la UBA y forma parte del equipo del Museo del Hambre, colectivo afín a la Red. En diálogo con Perycia, señala que, si bien este primer informe no pone el foco específico en la cuestión del acceso a la Justicia, recorre el largo camino de lucha transitado en la búsqueda de la equidad social y la participación comunitaria del sistema alimentario frente a un modelo de agronegocio que expulsa y contamina.

“En el informe, hacemos referencia a las leyes que aún faltan, a una ley marco con derecho a la soberanía alimentaria. Vemos la SA como paradigma antitético al modelo agroindustrial dominante, extractivista”, dice Filardi. Pero también destaca una serie de legislaciones como parte de una conquista colectiva, en particular, las siguientes:

—La Ley de Alimentación Saludable en todo lo que lleva al Etiquetado Frontal.
—La Ley de Góndolas (que contempla, entre otros puntos, que los productos producidos por la agricultura familiar, campesina e indígena deben exhibirse con la leyenda clara «Compre mi PyME”).
—La llamada Ley Yolanda que garantiza la formación en perspectiva ambiental de los funcionarios públicos y lleva ese nombre en homenaje a Yolanda Ortiz, la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del país, durante el tercer mandato de Domingo Perón, en el 73.

Es decir, Filardi considera que hay un recorrido transitado, pero, al tiempo que celebra la sanción de esas normativas, advierte que están encontrando serias dificultades en su implementación o no están financiadas o no se cumplen directamente.

“El desafío no es solo conseguir como conquista colectiva una buena legislación, sino garantizar que sean de cumplimiento efectivo, esto es lo que advertimos respecto de la Ley de Glaciares, de la de Bosques, por ejemplo. Seguiremos este camino y, seguramente, en ediciones de futuros informes, pongamos un foco más profundo en las dificultades a la hora de acceder a la Justicia para hacer valer las distintas dimensiones de la SA, que hace que sigan primando los intereses hegemónicos por encima de los intereses de las grandes mayorías que buscan construir soberanía alimentaria en nuestros territorios”, sostiene el abogado.