Lo evitable y lo inevitable en la crisis del Materno Neonatal
La sociedad cordobesa asiste conmocionada a lo sucedido en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. La sola idea de que una supuesta asesina serial haya transitado impunemente durante meses los pasillos de esa institución, en contacto con madres y bebés recién nacidos, sin que las «alarmas» institucionales hayan sido lo suficientemente contundentes frente a las primeras muertes o «accidentes» inexplicables, llena de estupor a nuestra provincia. Afecta -de una manera difícil de dimensionar- la confianza ciudadana en las instituciones públicas de salud. En esta nota, el magíster en Administración Pública, docente e investigador del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) de la Facultad de Ciencias Sociales (UNC) hace preguntas y pone en foco al modelo de gestión sanitaria cordobés.
Por Iván Ase para La tinta
La aparición de una presunta asesina serial disimulada entre cientos de enfermeros y enfermeras que realizan sus tareas dentro de los parámetros profesionales esperables pone en cuestión los mecanismos de ingreso a la planta de personal de salud provincial. Inmediatamente, surge la pregunta: ¿cómo es posible que una persona con estas características apruebe exitosamente los exámenes psicofísicos diseñados al respecto? Sería aventurado afirmar que exista en la actualidad un mecanismo que pueda evitar con 100% de eficacia la aparición de una caso tan excepcional como el que aquí analizamos. La literatura ha mostrado en páginas memorables de policiales negros cómo es posible que convivan en una misma persona “dos almas”. Ciudadanos y ciudadanas honorables, encomiables madres o padres de familia que pueden desarrollar comportamientos aberrantes y siniestros sobre personas inocentes. Son las complejidades de la condición humana.
Muchos se preguntan por estas horas: ¿se podría haber evitado esta tragedia? O, al menos, ¿se podría haber minimizado en su alcance? Pero así como sería exagerado pedirles a nuestras autoridades gubernamentales que eviten la aparición de casos como este, sí es posible interpelarlas sobre otros aspectos del mismo que, de haberse considerado, posiblemente, hubieran logrado minimizar sus consecuencias luctuosas.
La inauguración de algunas nuevas instituciones sanitarias no puede tapar que el sector público de la salud funciona desde hace años con presupuestos ajustados. El modelo cordobés de “ahorros corrientes” y obra pública se evidencia en salud con todas sus consecuencias. Quienes elogian al mismo deberían explicarle a la ciudadanía que el “ahorro corriente” se obtiene mediante artilugios contables como el atraso de partidas presupuestarias en relación a la inflación o la subejecución presupuestaria, los que deterioran la calidad de los servicios, las condiciones laborales de los trabajadores o generan escasez de insumos y personal. En salud, se inauguran instituciones que luego no pueden ser puestas en marcha plenamente. Ejemplo paradigmático de esto fue el Hospital Florencio Díaz, inaugurado en 2011, pero que recién entró en funcionamiento pleno en 2019.
Pero este modelo de gestión presupuestaria también requiere para su sostenimiento un particular modelo de gestión hospitalaria, que muchos han descubierto recién ahora. Un modelo que, para evitar conflictividad sectorial, reclamos institucionales o denuncias por parte de la comunidad de flagrantes violaciones de derechos, se apoya en el secreto, las amenazas, el autoritarismo, la falta de información o la lisa y llana cooptación de actores sectoriales a partir del intercambio de prebendas por silencio. La “gobernabilidad hospitalaria” se ha logrado construyendo redes de mando y responsabilidad en donde lo que se premia es la lealtad más que los méritos y las competencias. Y aunque toda generalización pueda pecar de injusta, para esto, en el Ministerio de Salud, hace décadas que han desaparecido los concursos abiertos y públicos, tanto para el ingreso al sistema como para el ascenso a cargos de conducción técnica. Ha desaparecido la idea de carrera sanitaria en base a la capacitación y al mérito, la que ha sido reemplazada por un modelo de gestión del recurso humano con un fuerte sesgo clientelar y corporativo. Usando la precarización laboral, también, como estrategia de disciplinamiento institucional.
Un gobierno provincial, que se jacta en otras áreas de gestión de comprometerse con los principios del gobierno abierto, ha construido en salud un modelo de gestión patrimonialista que se apoya en el secreto, el silencio y la arbitrariedad decisional. En lugar de que las instituciones de salud se gestionen de manera abierta, transparente, con mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas, con concursos abiertos donde se premia el mérito y las competencias en el acceso a todos los cargos, y se establecen dispositivos de participación ciudadana en la gestión, se las gestiona priorizando las “seguridades” e intereses del grupo gobernante en detrimento del derecho a la salud de quienes se asisten en las mismas.
El periodismo que ha cronicado diariamente los episodios recientes del Neonatal se pregunta azorado: ¿cómo fue posible que algo así haya pasado en un hospital provincial? ¿Cómo fue posible la demora en la reacción gubernamental? A la luz de lo antes descripto, la pregunta que debería hacerse es: ¿por qué no debería haber sucedido algo así? ¿Por qué esperaríamos que las «alertas» institucionales funcionen al servicio de la protección de los derechos de quienes se atienden en esa institución si se construyeron con otros fines? ¿Por qué las mismas deberían vigilar el interés público si se construyeron al servicio del interés de una facción política?
La tragedia del Neonatal ha hecho estallar un modelo de gestión sanitaria. Una médica, en la soledad de una guardia nocturna, negándose a firmar un certificado de defunción, lo detonó.
*Por Iván Ase para La tinta / Imagen de portada: A/D.
