Economía Popular: algunos proyectos de ley que avanzan en el Congreso
Movimientos sociales reclaman el tratamiento y aprobación de proyectos de ley para ampliar los derechos de les trabajadores: Salario Básico Universal, Ley de Envases y otros en esta nota.
Por Ansol
Desde las organizaciones sociales y sus representantes en el Congreso, se pensaron y propusieron varios proyectos de ley, algunos que aún no están en tratamiento, otros fueron tratados y no llegaron a ser aprobados. En esos casos, los movimientos siguen reclamando. Buscan una ampliación de derechos y mejoras para los trabajadores de la economía popular, personas que viven en barrios populares, a lo que se le suma una gran incidencia de las cuestiones ambientales.
Las iniciativas parten de las bancas de las y los llamados “diputados populares“, que representan a movimientos y organizaciones como Barrios de Pie, Frente Patria Grande, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita y Partido del Trabajo y del Pueblo.
El Salario Básico Universal fue presentado en mayo de 2022 por el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman. Es una “prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional”, con el objetivo de garantizar la protección social por parte del Estado para todos los trabajadores y trabajadoras sin importar su forma de trabajo, además de desarrollar un registro correcto del sector de la economía popular. El mismo alcanza a personas desocupadas, que pertenezcan a la economía informal, monotributistas de categoría A, entre otras. Tiene restricciones en caso de ser beneficiarios de ciertos programas como “Progresar” o “Potenciar Trabajo”.
Iguala el valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Como contraprestación, se deberá acreditar anualmente la realización que determine la autoridad de aplicación, como finalización de estudios, talleres de formación o desarrollo de actividades sociocomunitarias. Actualmente, se encuentra en comisiones en la Cámara de Diputados, sin dictamen.
La puja por el SBU se da en el marco de un cruce entre las organizaciones sociales y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que advirtió sobre manejos polémicos hacia adentro de las mismas; en particular, del Movimiento Evita.
La ley de Protección de Territorios Periurbanos, proyecto presentado por Federico Fagioli, tiene como objetivo principal establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para los territorios periurbanos productivos de todo el país. Así, lograr una gestión sostenible, preservar la diversidad biológica y sistemas ecológicos, como mejorar el desarrollo humano de los trabajadores de la tierra.
Los sectores comprendidos son las áreas dedicadas a la producción de alimentos, flores, materias primas de la agroindustria alimentaria y actividades que proveen servicios agrícolas. Siempre y cuando estén orientados dentro del consumo de las ciudades o mercados nacionales. Aún no tiene dictamen y se encuentra en comisiones de Cámara de Diputados.
Otro proyecto, esta vez presentado por la diputada Natalia Zaracho en febrero del 2022, es la Ley de Emergencia en Adicciones, la cual busca declarar emergencia nacional en materia de consumos problemáticos en todo el país durante 5 años. Tiene el objeto de abordar las adicciones, manteniendo como ejes principales la prevención, tratamiento e inclusión social de los afectados a través de un enfoque integral, comunitario y territorial.
La autoridad a cargo del abordaje es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), a través de la creación de un Consejo Consultivo que también estaría integrado por personas de organizaciones sociales y eclesiásticas que ya han tenido una trayectoria en abordaje de este tipo de problemáticas. Al igual que las anteriores, también está en comisiones de su cámara de origen.
Por otro lado, la Ley de Envases establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases y los envases post consumo. Busca prevenir y minimizar el impacto de este tipo de productos, priorizar el reciclado desde el momento del diseño y producción, y promover el compromiso de productores, consumidores y usuarios con la gestión ambiental. Además, busca integrar e incluir a los actores sociales de la gestión ambiental de los mismos, como los trabajadores recicladores.
La responsabilización por la gestión ambiental y su financiamiento sería un deber de todos los productores del país, excepto aquellos que tengan normas específicas que no lo permitan. Tiene a gran parte del sector empresarial en contra debido a que establece que paguen una tasa, la cual se reduce mientras más “amigable con el medio ambiente” sea el producto. Obtuvo el dictamen, pero aún se encuentra en la cámara de origen.
Otros proyectos de ley a mencionar:
—Monotributo productivo: busca la inclusión social, la formalización laboral y el acceso a la jubilación y cobertura de salud a través de una transición gradual del pago previsional para todas las personas monotributistas. En el caso de las categorías A, B y C, el pago impositivo quedaría eximido. Sigue en comisiones en Diputados, sin dictamen.
—Sistema integral de protección del trabajo de cuidado comunitario: tiene como objetivo reconocer el valor social del trabajo de cuidado comunitario mediante la creación de un sistema integral a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que garantice el reconocimiento, reduzca brechas de acceso a los servicios de cuidado y garantice la distribución justa y equitativa de los mismos. También la creación de un observatorio para monitorear el estado de la situación. Está en las comisiones de su cámara de origen, pero sin dictamen.
—Ley de humedales: busca conservar los humedales nacionales a través de la conservación y uso racional de los mismos para poder asegurar su protección, además de garantizar criterios de sostenibilidad ambiental en las actividades que se desarrollen allí. Se suma la restauración de los humedales y la creación de áreas protegidas dentro de ellos. Fue tratada varias veces, pero nunca llegó a obtener la sanción completa y hoy sigue en comisiones tras haber perdido estado parlamentario el diciembre pasado.
—Marco regulatorio de la pesca artesanal en las aguas pluviales y lacustres interjurisdiccionales: trata la declaración de interés nacional a la protección, promoción, desarrollo, investigación y conservación de la actividad de la “pesca artesanal” con el fin de resguardar y fortalecer a ese sector. Se mantiene sin dictamen en las comisiones de Diputados.
—Régimen de recuperación de unidades productivas: permite que cualquier unidad productiva que se encuentre en situación crítica pueda ser expropiada y cedida a sus trabajadores si están organizados como cooperativa de trabajo y quieren continuar con su actividad. También está en comisiones de la Cámara de Diputados, sin dictamen.
*Por Ansol / Imagen de portada: Ansol.
