Pluma Blanca llevó su lucha al Tribunal de Jesús María: «Esperemos que nos escuchen como a cualquier otro ciudadano»
Desde hace años, las comunidades indígenas que habitan Córdoba denuncian el avasallamiento sobre sus derechos y sobre los territorios que habitan.
El Resaltador para Prensa Comunitaria Córdoba
La familia López, de la comunidad comechingona Pluma Blanca, recibió una orden de desalojo, lo que movilizó a sus hermanos y hermanas para llevar el reclamo ante los Tribunales de Jesús María.
Estas personas habitan las tierras históricamente, por eso, desde las 10 de la mañana, una concentración le exigió al Poder Judicial que frene esa medida que busca despojarlas de su hogar, violando leyes nacionales e internacionales.
En este contexto, Carlos López, miembro de la comunidad afectada, expresó: «Estamos en Tribunales en una medida pasiva para que se escuche nuestro reclamo (…) Hay una orden de desalojo que estamos tratando de frenar porque no se han cumplido las leyes que protegen a la comunidades, no han respetado nuestro derecho de ser notificados a tiempo”.
Y reiteró: «Esperemos que nos escuchen como a cualquier otro ciudadano”.
Un reclamo urgente: audiencia pública con los protagonistas
La abogada Natalia Bilbao Carmona, quien defiende a la familia López de la comunidad comechingona Pluma Blanca, comentó que se presentó un documento en los Tribunales de Jesús María.
Si bien se solicitó ingresar para plantear las inquietudes en torno a la orden desalojo, el juez a cargo de la causa estaba de licencia. Ante esta noticia, fueron recibidas/os por el personal administrativo de la delegación, un magistrado y un secretario que no forman parte de la causa de Pluma Blanca, pero son autoridades jurisdiccionales, y por la secretaria del Tribunal donde sí está la causa, la Dra. Patricia Trabuco.
«Cada parte planteó las inquietudes de este caso, que, como dijimos al inicio y como sostenemos, no solo involucra a una familia y una comunidad, sino también tiene una implicancia social en relación a las comunidades indígenas de nuestra provincia y del país”, dijo Bilbao Carmona.
¿Qué se solicitó mediante un documento al juez que lleva la causa?
—Audiencia pública en virtud de la preocupación por el inminente desalojo del territorio que ancestralmente ocupa la comunidad Pluma Blanca.
—La suspensión inmediata de la ejecución de la orden de desalojo.
En el mismo, se detallan las normativas que se están violando:
—Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina en el 2000, con rango institucional.
—La ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, que suspende por el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras.
—Ley Nacional de Protección al Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico 25.743.
—Ley Provincial 5.543, teniendo en cuenta que se halla en trámite el pedido de restitución de los restos mortales de aborígenes y declaración de sitio sagrado.
«Quedó plasmado el pedido de audiencia para poder convocar a los sectores de trascendencia sociopolítica en el espacio para poder conversar con el juez, que no estaba presente pues está de licencia, y también poder transmitir esta inquietud de que, mientras todo esto se pueda llevar a cabo, se ordene la suspensión del desalojo para garantizar la seguridad de la familia, de la comunidad y la paz social”, concluyó la letrada.
Datos a tener en cuenta: para apoyar el reclamo, se hicieron presentes miembros de otras comunidades indígenas de Córdoba, la Mesa provincial de DD. HH., asambleas ambientales; docentes del ICA, equipos técnicos de las facultades de Filosofía y Humanidades, y Ciencias Sociales de la UNC, y medios de comunicación.
No solo se incumplen leyes, se invisibilizan cosmovisiones
La Facultad de Filosofía viene acompañando desde hace tiempo el reclamo de varias comunidades, entre ellas, la de Pluma Blanca. En relación a los intentos de desalojo del año pasado y la conferencia pública que se hizo en territorio, decidieron anexar al documento que presentó la abogada un informe de doble características: arqueológico y antropológico.
«En el arqueológico, marcamos todos los estudios previos que hay en la zona en relación al patrimonio indígena o lo que se conoce desde la academia como sitios arqueológicos, pero que las comunidades se lo apropian como sitios ceremoniales o de prácticas ancestrales; en el antropológico, lo que adjuntamos es una mirada y una explicación en relación a la continuación histórica de las comunidades indígenas de Córdoba, invisibilizadas por el Estado provincial”, explicó el Dr. José María Bompadre, docente la FFyH de la UNC.
El informe lo que viene hacer es poner en diálogo otros saberes académicos y darle a la Justicia elementos para que no solo frene el desalojo en cumplimiento de la ley, sino que se consideren otras cosmovisiones.
«Es necesario pensar en los sitios arqueológicos no solo como algo del pasado e inerte, que hay que proteger, también se debe contemplar el uso y la apropiación que hacen las comunidades de esos espacios que habitan, donde pueden realizarse plenamente en el plano espiritual”, Dr. José María Bompadre, docente la FFyH de la UNC.
La primera respuesta debe ser suspender el desalojo
La clave es frenar la ejecución de esa orden judicial y que se aplique la emergencia del territorio como fija la normativa argentina. Además, las autoridades deberían convocar a investigadores/as y miembros de la zonas en conflicto para que expliciten esas otras cosmologías de estas comunidades indígenas -preexistentes al Estado- que se encuentran en el territorio de Córdoba.
*El Resaltador para Prensa Comunitaria Córdoba / Imagen de portada: La tinta para Prensa Comunitaria Córdoba.
