La corporación judicial resistiéndose a los juicios de lesa humanidad: la vergonzosa condena al exjuez Caballero Vidal
En San Juan, el exmagistrado Juan Carlos Caballero Vidal, acusado de no motivar las investigaciones para esclarecer el secuestro y las torturas de Héctor Cevinelli y la muerte de Alberto Carvajal en 1977, recibió esta semana una levísima y ridícula condena de solo dos años de inhabilitación estando ya jubilado. Organismos y militantes de derechos humanos expresaron su indignación frente a la condena, en el primer juicio por delito de lesa humanidad a civiles que participaron del terrorismo de Estado de esa provincia.
Por Redacción La tinta
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó, este martes, a dos años de inhabilitación al exjuez provincial, Juan Carlos Caballero Vidal, por no promover acción penal en perjuicio de dos víctimas durante la última dictadura cívico-militar.
Como explicaron desde HIJOS, Héctor Cevinelli fue secuestrado y, cuando apareció con vida, su abogado informó al Juzgado la noticia. “Caballero Vidal le habría manifestado que ‘sabía que Cevinelli no tenía nada que ver con la subversión y que tenía muchas posibilidades de aparecer’. El abogado, testigo en el juicio, contó que el juez le dijo: «Supongo que tendrán poderosas razones para olvidarse de todo lo acontecido», y que, mientras, «sacaba una arma 9 milímetros del cajón y la ponía sobre el escritorio”.
El segundo hecho está vinculado a la muerte de Alberto Carvajal, militante torturado y asesinado en el interior del penal de Chimbas. “De acuerdo a la acusación, el exjuez ordenó realizar la autopsia del cuerpo sin profundizar la investigación en los motivos de muerte, para que el hecho aparentara un suicidio. Según el abogado Bula, Caballero Vidal dijo que había ordenado la autopsia por pedido del jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, pero no siguió con la investigación, a pesar de que en la autopsia aparecían indicios de que el fallecimiento había sido causado por terceros. Esta historia es parte de nuestro Poder Judicial. El que se niega a ser investigado, reformado y transformado. Es parte de lo que no podemos llamar Justicia. Pasaron muchos años para que el mismo Poder Judicial le marque al exjuez Caballero Vidal que debió haber investigado delitos de lesa humanidad. La condena es inferior a la pedida por la fiscalía (dos años de prisión)”, detallaron desde HIJOS.
La tinta dialogó con Diana Tello Roldán, es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.) y declaró en el Megajuicio II que se desarrolló en 2017 y del cual se desprendió el proceso contra el exjuez Caballero Vidal. En el juicio contra el exmagistrado, también fue citada. “Mi esposo Oscar Silverio Castillo fue detenido en 1978 por orden del juez Caballero Vidal, por entonces juez del 6° Juzgado Penal provincial, y luego puesto a disposición del Poder Ejecutivo nacional. Mi esposo fue absuelto, salió en libertad en la noche del 7 de abril de 1978 y, antes de llegar a nuestro hogar, fue secuestrado y permanece desaparecido. Por ello, tuve varias entrevistas, entre tantas tramitaciones que hice, en el despacho de Caballero Vidal. Allí me refirió que tenía un amigo militar que le decía que el Ejército, aunque pasara mucho tiempo, siempre se ocupaba de detener y darle condena a quienes ellos creían que habían atacado objetivos propios. Contó que conocía a otra chica cuyo esposo se lo habían llevado como a Oscar, pero que, pasado un tiempo, apareció en San Juan, lo cual me esperanzó en la búsqueda de Oscar. Y ante mi pedido de asesoramiento para un recurso de habeas corpus, me despidió sin ayudarme. Entonces el fiscal Francisco Maldonado consideró que mi testimonio demostraba que Caballero Vidal sabía lo que pasaba con las violaciones a derechos humanos en San Juan. El mío fue un testimonio de contexto”, cuenta Tello Roldán.
Oscar Silverio Castillo militó en la Juventud Obrera Católica, en el Movimiento de Izquierda Tacuara, la Juventud Peronista y Montoneros. Era fotógrafo, trabajaba en el servicio provincial de salud y era delegado gremial de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). El 12 de febrero de 1978, lo detuvieron ilegalmente y, el 7 de abril del mismo año, lo desaparecieron. Tenía 35 años y un hijo de 1 año y medio, Pablo.
En relación a la importancia de este juicio a nivel nacional y para San Juan especialmente, Diana expresa que: “Para la provincia, es el primer juicio por delito de lesa humanidad a civiles que participaron del terrorismo de Estado. Se está tramitando también, en otra causa, el juzgamiento al exfiscal federal Yannello, ambos pertenecientes al Poder Judicial de San Juan. Terminada la dictadura cívico-militar-eclesiástica, ganó las elecciones Leopoldo Bravo del Partido Bloquista en San Juan, quién había ocupado la gobernación durante parte de la dictadura. Esto perjudicó la posibilidad de develar procedimientos y participaciones de personajes que permanecieron en secreto hasta que se inician los juicios en la primera década del siglo siguiente. Esos jueces y fiscales permanecían en sus puestos y habían ascendido en sus carreras. Por ejemplo, Caballero Vidal ya era juez de la Corte de Justicia de San Juan. Pero siempre tiene subterfugios, como jubilarse de privilegio con sueldazos libres de impuestos. Los sobrevivientes y familiares de víctimas siempre dimos testimonios. En mi caso, tuve que reconstruir, en 2006, los expedientes que curiosamente también habían desaparecido, con fotocopias que atesoré durante décadas. Siempre pusimos el cuerpo con nuestros testimonios, en el proceso de reconstrucción de memoria, verdad y justicia. Revivimos nuestros dolores, angustias y persecuciones para que el Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado por los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y María Carolina Pereira (del Tribunal Oral Federal de San Luis), den esta sentencia vergonzosa e injusta”.
Al inicio de la causa, Caballero Vidal fue acusado por delitos más graves como participación necesaria y asociación ilícita, pero la Cámara Federal de Mendoza le dictó falta de mérito, detalla Tello. “El fiscal Maldonado dice desconocer los fundamentos, porque no se publicaron, y calificó el dictamen de la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza como vacía. Ocurre claramente que el Poder Judicial se resiste avanzar en causas que involucren a civiles y miembros del Poder Judicial que fueron cómplices del terrorismo de Estado. Creo que la corporación judicial se autoprotege como parte del poder real”, concluyó la integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Ina Estevez Fager.
