Flavia Saganías: “Confié en la verdad y en la justicia, y terminé presa”
Flavia Saganías fue condenada a 23 años de prisión en noviembre de 2019, acusada de planificar un ataque contra su ex pareja, Gabriel Fernández, a quien había denunciado por abusar sexualmente de su hija. Las agresiones fueron cometidas por familiares de Flavia y, mientras el acusado de abuso sigue libre e impune, ella carga con una condena infundada y desproporcionada. Una sentencia carente de perspectiva de géneros que es un claro ejercicio aleccionador para las madres que denuncian abusos sexuales en la infancia. Hoy, el caso llega a la Corte Suprema de Justicia, que tiene la posibilidad de revertir esta injusticia.
Por Redacción La tinta
Flavia Saganías está condenada a 23 años de prisión, por la Cámara del Crimen Correccional de Cruz del Eje. El 27 de noviembre de 2019, un jurado popular integrado por 12 personas y tres jueces la encontraron culpable de haber instigado, mediante un posteo en Facebook, un ataque violento contra su ex pareja, Gabriel Fernández. A la agresión la realizaron su hermano y madre -condenados también a 23 años de prisión efectiva-.
Había denunciado, en 2017, a su ex pareja por abuso sexual de su hija de 7 años, en la Fiscalía de Cosquín, a cargo en ese momento de Martín Bertone. Hacemos foco aquí, como una foto que retrata los errores y la insuficiencia en los procesos judiciales que investigan abusos sexuales hacia las infancias.
“Se apartó de los protocolos para la obtención de prueba tanto en Cámara Gesell como en revisación médica forense, se buscó a la niña en un patrullero policial y sin ningún tipo de acompañamiento terapéutico, trasladada dos veces en menos de una semana a la ciudad de Córdoba. Sin informarle a su madre que podía contar con la defensa pública gratuita y con el derecho a proponer perito de control para tan trascendental instancia. Al no haber obtenido ‘pruebas’, se archivó la denuncia de ataque a la integridad sexual de la niña”, detallaron desde la defensa.
“A partir de ese momento, mi vida y la de mis hijxs se transformó en una tragedia. Y es lo que viven la mayoría de las madres protectoras que denuncian abusos; enfrentar a una Justicia que no actúa a la altura de las circunstancias, que somete a sus niñxs a procesos largos, desgastantes y, finalmente, destructivos. Y que nos expone a luchar en un terreno que, en la mayoría de los casos, es desconocido, encontrándonos en inferioridad de condiciones, ya que el acceso a la justicia es limitado para quienes no cuentan con recursos suficientes tanto económicos como de apoyo y contención emocional”, recuerda Flavia en diálogo con La tinta.
Ante la impotencia por la inacción judicial, Flavia utilizó la red social Facebook para denunciar que su ex pareja había abusado sexualmente de su hija. Hizo público el dolor y buscó proteger a la comunidad frente al riesgo que supondría tener a un abusador libre en un pueblo tan pequeño, lo hizo para que a nadie le pase algo así. ¿Acaso no vivimos en un tiempo donde todo el mundo cuenta sus vidas y hace escraches en las redes? En tiempos de cancelación, la Justicia no opera para todxs por igual. El escrache, como herramienta feminista, ha sido utilizado cuando la justicia patriarcal no responde, como mecanismo de autodefensa ante el desamparo de quedar expuestxs a situaciones de violencias.
Flavia acumula en su cuerpo una historia de desprotección y violencias. Cuando el caso salió a la luz, no solo el Poder Judicial, sino también los medios hegemónicos oficiaron de voceros de la criminalización de las madres que denuncian abusos. De los denunciados no se habla, de los procesos judiciales que no llegan o no tienen perspectiva de géneros, tampoco. ¿Y entonces? Un fallo aleccionador, una condena por unanimidad, sin pruebas objetivas que confirmaran que Flavia había sido la autora intelectual del ataque.
“Siempre dijimos que fue condenada por simples indicios que no tuvieron el peso probatorio que se requiere en materia procesal para alcanzar un grado de certeza que permita condenar. Quedó demostrado que Flavia no estuvo en el lugar de los hechos, en su único posteo de tres renglones, se encargó cuidadosamente de desalentar comentarios violentos que proponían ‘ajusticiar al violador’. La prueba que la incrimina -según la sentencia- son dos llamadas telefónicas de su madre la noche anterior a los hechos. Una apenas supera el minuto, la otra dura poco más de 40 segundos. En esas dos llamadas, para los jurados populares, Flavia organizó ‘un verdadero plan criminal’, distribuyó roles, asignó tareas a su madre y a su hermano, y los convenció de que debían venir desde Bs. As. a matar a Fernández”, expresó su abogado defensor, Chuzo González Quintana.
Fue retirada con esposas de la sala de audiencias, subida a un camión del Servicio Penitenciario de Córdoba y trasladada a la Cárcel de Bouwer sin despedirse de su familia y sin poder organizar la crianza de sus cinco hijxs, siendo que ella era y es único sostén económico y emocional. “Confié en la verdad y en la justicia, y terminé presa”, escribió desde el encierro.
“Incorporamos nuevos elementos que dan cuenta de la veracidad de los hechos y la existencia de indicadores de abuso sexual infantil en el cuerpo de la niña, y la denuncia fue desarchivada por la actual fiscal, Paula Kelm, pero cuando se disponía a tomarle declaración testimonial a la madre de la niña, el Tribunal la condenaba y la alojaba en un establecimiento de máxima seguridad. Flavia no pudo declarar y tampoco llevar adelante la querella contra su ex pareja. Al quedar detenida, una persona pierde toda condición ciudadana, no solo por estar privada de libertad, sino también por la pérdida de la capacidad de hecho a la hora de ejercer sus derechos y los de su hija. Actualmente, la causa se encuentra paralizada, con pocos avances y, por supuesto, con el abusador en libertad y sin ninguna imputación ni sospecha siquiera en su contra”, explica González Quintana.
Flavia estuvo 7 meses privada de su libertad, en contra de la ley que establece la prisión domiciliaria si hay menores de 5 años, una grave e injustificada violación de los derechos humanos de ella y sus hijxs. “El art. 23 inc. f de la Ley N° 24.660 de ejecución penitenciaria establece la ‘posibilidad’ de otorgar el beneficio de prisión domiciliaria a una madre con hijos o hijas a cargo siempre que estos sean menores de 5 años. Resalto el encomillado, porque la ley habla de que ‘el juez podrá’, es una decisión facultativa y no obligatoria. En ese sentido y apoyándose en el supuesto ‘riesgo de fuga’ que significa una condena de tamaña cantidad de años, los tres jueces de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje sostuvieron que Flavia, luego de ser condenada a 23 años de prisión, podría fugarse y no volver nunca más. Abandonando a 5 hijxs porque nadie en su sano juicio puede pensar que una mujer va a permanecer prófuga de la justicia acompañada de dos niños casi bebés y 3 adolescentes. Nunca entendieron que es una madre protectora, porque nunca la vieron ni registraron su dolor y su compromiso con el cuidado de sus hijxs, fundamentalmente de la niña a la que Fernández había abusado. ‘Pudieron’ -tal como dice la ley- otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria inmediatamente después de la sentencia, pero eligieron proporcionarle ese plus de dolor: el encierro carcelario durante 7 meses en el primer año de la pandemia”, expresó el abogado defensor.
Con el esfuerzo y apoyo de organizaciones, colectivos e instituciones, se logró que Flavia tenga prisión domiciliaria y vuelva con sus hijxs. Cumpliendo arresto domiciliario en San Marcos Sierras, Flavia nos cuenta que se vio forzada a abandonar su casa e irse de Capilla del Monte, ya que el denunciado nunca dejó de hostigarles, a pesar de contar con una medida de restricción perimetral, que no se cumplía. Está agradecida de la red comunitaria que la ayuda para sobrellevar el día a día.
Apelar: el camino para la absolución
González Quintana, luego de la sentencia, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba que fue rechazado un año después, confirmando la sentencia en todos sus términos. Luego, presentaron un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo, el cual también fue rechazado por el TSJ cordobés, esta vez, por considerar que la sentencia no viola derechos constitucionales, se encuentra bien fundamentada y no desatiende la perspectiva de género con la que se tienen que juzgar estos casos.
“Siempre nos pareció que estábamos en presencia de un fallo disciplinador, aleccionador, una sentencia que está mandando un claro mensaje a la sociedad. Fundamentalmente, en relación a los ‘escraches’, que se vuelven un derecho inalienable cuando la Justicia da la espalda a las víctimas vulnerables, violentadas, acalladas e invisibilizadas por el propio sistema. Y hay un plus de violencia que la sentencia le agrega a Flavia; por haberse atrevido a interpelar al Poder Judicial frente al desamparo en el que se encontró luego del archivo de su denuncia. Ella fue a buscar protección, verdad y justicia a una Fiscalía que, en menos de dos meses y sin investigar profundamente, decide archivar las actuaciones ‘por falta de prueba’, como si estos casos tan dolorosos y complejos fueran a resolverse del mismo modo que un homicidio o un robo calificado”, detalla el abogado defensor.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio formal ingreso al Recurso de Queja por denegatoria de justicia. Serán entonces sus cuatro jueces actuales quienes tengan la última palabra en un caso atravesado por diferentes violencias en esta condena de 23 años como hito y mecanismo de disciplinamiento a las mujeres para que no hablen y no denuncien. Será la CSJN quien tenga la última palabra en la última carta que se juega la defensa de Flavia Saganías, no quedan más recursos ni instancias judiciales para revertir esta condena. La defensa y la Mesa Justicia por Flavia Saganías convocan a la comunidad a visibilizar el caso y apoyar. La absolución ya no depende de un planteo técnico, sino del nivel de empatía y acompañamiento que pueda hacer la sociedad a la hora de un reclamo desesperante. Flavia nos necesita.
El viernes pasado, Flavia cumplió 44 años y le restan 21 años presa. Este caso conmueve, pero, sobre todo, pone la mirada sobre el sistema judicial, en lo estructural y en lo particular de las formas del interior provincial, con semejante desproporcionalidad en los años de prisión. Un nuevo caso de violencia judicial. ¿Se dimensiona lo que sucede? ¿Y la formación de la Ley Micaela para el sistema judicial y para los jurados populares? ¿Podemos seguir admitiendo fallos sin perspectiva de géneros y con estos niveles de violencia, como en el caso de Flavia? ¿Con cuáles mecanismos de control vamos a contar para que la Justicia deje de dilatar las causas de abuso hacia las infancias? ¿Entienden cuando hablamos de que necesitamos una reforma judicial feminista?
“Soy una madre protectora desde el día que pude darme cuenta que mi hija había sido abusada sexualmente por mi ex pareja. Cuando pude transformar todo el miedo y la impotencia en una bandera, se organizó como madres protectoras de Capilla del Monte. Se me acercaban madres y víctimas de todas edades a relatar sus experiencias de abusos padecidos, historias traspasadas por el mismo hilo conductor y donde también se tejieron los vínculos más resistentes con otras madres y mujeres. La lucha sigue siendo y será sostenida hasta que se logre una justicia con real perspectiva de género, que la denuncia y la visibilización de los abusos sexuales en la infancia no sea nunca más motivo para someter a las denunciantes, que la justicia obre por y para el bien superior de los niños y las niñas. Hace poco, me preguntaron qué sueños tenía. ¿Qué más puedo soñar sino que se haga justicia y estar en libertad?”, concluye Flavia desde la vida del encierro.
#AbsolucionparaFlaviaSaganias
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Diana Segado para La tinta.
