Se archiva la Ley 5.272 en Guatemala, un triunfo feminista y de la diversidad sexual

Se archiva la Ley 5.272 en Guatemala, un triunfo feminista y de la diversidad sexual
16 marzo, 2022 por Verónika Ferrucci

Tras una semana de protestas y movilizaciones, los movimientos sociales, feministas y de la diversidad sexual lograron que el Congreso archive la Ley 5.272, Decreto 18-2022, para la Protección de la Vida y la Familia. Sancionada el mismísimo 8 de marzo, a la luz del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries, ponía una vez más en peligro los derechos de las mujeres y de las existencias LGBTTTQIANB+. Conversamos con Sandra Morán, ex diputada feminista, para comprender el actual escenario del país centroamericano.

Por Verónika Ferrucci para La tinta 

El 8 de marzo, el Congreso de Guatemala, con 101 votos a favor -de aliados a la bancada del partido oficialista Vamos-, 8 votos en contra y 43 ausentes, aprobó la Ley 5.272, Decreto 18-2022, para la Protección de la Vida y la Familia. Al día siguiente, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei declaró al país “Capital pro vida de Iberoamérica”, mientras se celebraba el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, presentado en un acto por el mandatario y la presidenta del Congreso, Shirley Rivera. 

En el día de ayer, el Congreso dio marcha atrás y archivó la Ley 5.272, decreto 18-2022, con 119 votos a favor -incluyendo la gran mayoría de los que habían aprobado-. La presencia y fuerza desde colectivas feministas, organizaciones sociales, instituciones y diversos sectores de la sociedad en las calles, manifestando el repudio hacia dicha legislación antijurídica e inconstitucional, tuvo sus efectos. 

Dicha ley no hacía más que expresar la agenda conservadora de las alianzas políticas que gobiernan en el país centroamericano y que pretenden avanzar contra los derechos de las mujeres y hacia la comunidad LGBTTTQIANB+. Y la aprobaron a contramano del avance de la marea feminista en la región y sus conquistas de ampliación de derechos para las personas de la diversidad sexual y en la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, en algunos estados de México y ayer, la aprobación de la Constituyente de Chile para incluir el aborto voluntario en el borrador para la nueva Constitución. 

Entre los retrocesos que planteaba la ley en cuestión, se encontraba el aumento de hasta diez años de las penas de cárcel por abortar, se criminalizaba a las personas que buscaban u ofrecían servicios de aborto seguro y cuidado. Se incluía riesgo de prisión para todas las personas gestantes que tuvieran un aborto espontáneo por la dificultad a comprobar que el mismo no fue provocado. Prohibía y rechazaba cualquier forma de expresión o vivencia distintas a la norma heterosexual cisgénero, tachándolas de «no normales» e «incongruentes con la moral cristiana», impidiendo las uniones y matrimonio igualitario. Legalizaba cualquier forma de agresión y crimen de odio realizado en contra de la diversidad sexual y de género prohibiendo la persecución penal de esos actos. Se prohibía la educación sexual en las escuelas y se restringía el concepto de familia. Un panorama estremecedor de avanzada fundamentalista. 

Conversé con Sandra Morán, feminista, lesbiana y activista, quien fue diputada de Guatemala en el período 2016 a 2019, por parte del partido Convergencia. Estando en funciones públicas, fue defensora e impulsora de leyes vinculadas con los derechos de las mujeres, las niñas, la identidad de género. Se opuso a la iniciativa 5.272 que desde 2017 quieren imponer. Es integrante de la agrupación Mujeres con Poder Constituyente, que trabaja por una nueva constitución nacional. 

¿Cómo logra archivarse dicha Ley por el mismo Congreso que la aprobó? Suena bochornoso y lo es, como era escandaloso el contenido del articulado. La ex diputada nos cuenta que, en 2017, lograron archivar una ley que pretendía modificar dos artículos del código penal sobre reducción y blindaje en delitos de corrupción, lo que sentó un precedente que fue usado ayer para impulsar la nueva votación y la marcha atrás. Para que una ley se haga efectiva, se necesitan 10 días hasta que la sancione el Ejecutivo; en ese marco, las manifestaciones de repudio tanto en el país como por parte de la comunidad internacional se hicieron oír y, en un contexto preelectoral, quienes la habían aprobado no pudieron ante las presiones y lo vergonzoso de la ley.

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(Imagen: Red de comunicadoras indígenas Jun Na’oj)

“La ley era una aberración técnica e inconstitucional por varios motivos. Por ejemplo, en uno de los artículos prohibía a mandatarios participar de eventos internacionales con una opinión distinta a la establecida en la ley. Es improcedente en materia de política internacional que el Congreso mandate sobre la representación política del presidente en ese ámbito. Nuestra constitución tiene en su espíritu y fundamento el respeto a los derechos humanos y con dicha ley transgredían los derechos de las niñas, mujeres y personas de la diversidad sexogenérica, así como la juventud y las infancias aduciendo que estaban protegiendo los derechos del no nacido al prohibir la educación sexual en las escuelas. Era una ley que dejaba abiertamente la posibilidad de discriminaciones y expresiones de trans-lesbo-homofobia bajo la “libertad de expresión”. Fortalecía la heteronormatividad, definiendo a la familia tradicional de hombre y mujer “así nacidos”; prohibiendo la existencia de las personas trans y quedando afuera las 14 formas de familia que existen en nuestro país según el último censo. Prohibía el matrimonio igualitario -aun cuando no lo tenemos aprobado, por si acaso- y el reconocimiento de la unión de hecho”, expresó Morán en diálogo con La tinta. 

Es una ley de las iglesias evangélicas pentecostales, presentada a través del partido Viva, que expresa la agenda fundamentalista. “Hace tiempo quieren obstaculizar la ampliación de derechos e impedir y controlar el avance de los feminismos, porque ven que la potencia del Sur, esa ola viene muy fuerte y está expandiéndose en la región. La ley con la que pretendían proteger la vida y la familia es un ejemplo de una reacción a esos activismos organizados. Por supuesto que pueden presentarla nuevamente, porque es un pensamiento que constituye una agenda, tuvieron la decisión de hacerlo y de generar esas acciones de inconstitucionalidad, que desde el 2017 lo denunciamos. Incluso algunas organizaciones antiderechos también lo expresaron. Aun así, los diputados se atrevieron a aprobarlo. Ahora es necesario que avancemos en una denuncia penal contra los 101 que votaron a favor, por el delito de incumplimiento de deberes y en contra de la constitución que han jurado respetar”, detalla la activista. 

Durante el 2021, en Guatemala se registraron más de 65.000 niñas y jóvenes de menos de 19 años embarazadas por violación, dentro de las cuales 2.041 tenían menos de 14 años y dieron a luz, en muchos casos, falleciendo. El 70 % vive en la pobreza y 1 de cada 2 niñes sufre desnutrición crónica. Para Sandra Morán, “es paradójico que declaren al país Capital Iberoamericano de la vida y la familia, cuando en realidad el pueblo está cansado y tiene hambre, y ahora, en medio de la incertidumbre del escenario mundial con una guerra, la canasta básica se fue por los cielos”.  

Mucha gente no está de acuerdo con estos conservadurismos extremos y por eso salieron a las calles en contra de la ley. La activista me cuenta que las poblaciones más jóvenes ya no quieren crecer en este contexto de represiones, violencias y odio. Celebra que en estas semanas, en las expresiones públicas de repudio también se pronunciaron  hombres, jóvenes, estudiantes, población indígena que muestra una mirada solidaria de lucha. “Me pareció importante porque hemos estado sectorizados y ahora es tiempo de mayor unidad. En estos territorios, las manifestaciones masivas han dejado de serlo, ya que una de las estrategias de la derecha es la persecución y hostigamiento. Estos días hubo espacios de articulación, son avances en función recobrar un movimiento más amplio de cara a las acciones que pretenden aleccionarnos, en un contexto preelectoral, para garantizar el seguimiento a esta propuesta de crear un Estado oligárquico criminal, sostenido entre militares asesinos de la guerra, políticos corruptos, narcotraficantes e iglesias evangélicas. Esta es la alianza que gobierna hace 12 años”, concluye la ex diputada guatemalteca. 

*Por Verónika Ferrucci para La tinta / Imagen de portada: Red de comunicadoras indígenas Jun Na’oj.

Palabras claves: feminismo, Guatemala

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